El PRD presenta punto de acuerdo para que ejerza su facultad constitucional
Diputados piden a la Corte investigue violación de garantías en Oaxaca
La Cámara de Diputados solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que constituya una comisión especial que investigue "las graves violaciones a las garantías individuales" de la población de Oaxaca, entidad donde la represión "prácticamente pulverizó el estado de derecho y cualquiera puede convertirse en una nueva víctima".
En un punto de acuerdo que presentó el Partido de la Revolución Democrática (PRD), se considera que a más de nueve meses del conflicto magisterial y social en Oaxaca persisten las constantes agresiones a la sociedad, por lo que la Suprema Corte debe ejercer su facultad constitucional investigadora.
"Ante la falta de soluciones a este grave conflicto, es necesaria la voluntad y la decisión de los ministros en un asunto que requiere de información veraz, investigación imparcial y autoridad moral para ser resuelto", señala el documento.
El punto de acuerdo se sustenta en el informe de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), el cual "ilustra con total crudeza y precisión lo que ocurrió en esa entidad, las numerosas irregularidades y abusos cometidos contra activistas y la población en general".
Porque, agrega, la comisión documentó que las fuerzas policiacas de Oaxaca y de la Federal Preventiva efectuaron detenciones arbitrarias e ilegales de manera recurrente y en ocasiones masivas contra la población civil, y ratificó que los operativos se efectuaron con violencia física y síquica desproporcionada, a veces mediante secuestro, y se perpetraron agresiones sexuales contra los detenidos, tanto hombres como mujeres.
Refiere que el reporte de la comisión civil concluyó que los abusos no constituyeron hechos aislados, "como han justificado autoridades estatales y federales", sino que en Oaxaca "se estableció una estrategia jurídica, policiaca y militar 'cuyo objetivo último es lograr el control y amedrentamiento de la población civil en zonas donde se desarrollan procesos de organización ciudadana o movimientos de carácter social no partidista'".
Asimismo, considera que en ese contexto de uso indebido de la fuerza se dieron detenciones de menores de edad, así como numerosas agresiones verbales, físicas y sexuales contra mujeres, detectadas por la misma comisión.
Asegura que, como comprobó la CCIODH, los poderes públicos "fallaron en garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión, pensamiento, asociación, reunión, participación política, libre circulación y manifestación", y que, por el contrario, las autoridades "impidieron el ejercicio de esos derechos fundamentales mediante el uso de la fuerza física y la coacción".
Así que, plantea el punto de acuerdo, sería deseable que los integrantes de la Suprema Corte "pusieran de su parte para que se investiguen los hechos que constituyen graves violaciones a las garantías individuales de los habitantes de Oaxaca" y los visitantes, pues "su intervención tendrá gran relevancia para la conformación del estado de derecho y restablecer la seguridad jurídica de la sociedad oaxaqueña".