Se violaron leyes para expulsar a extranjeros
La Corte exhibe abusos del INM en el caso Atenco
En caso de deportación o expulsión de extranjeros del país, ordenada por la Secretaría de Gobernación o el Instituto Nacional de Migración (INM), procede la suspensión, a efecto de detener la salida del territorio nacional del afectado, hasta en tanto la autoridades fundamenten y motiven debidamente la razón de su actuación.
Así lo estableció ayer por unanimidad de votos el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver una contradicción de tesis entre tribunales colegiados, en la que quedó en evidencia la expulsión ilícita del país de ciudadanas extranjeras que estuvieron presentes en San Salvador Atenco, pese a que contaban con una suspensión para permanecer en el país hasta que se definiera su situación legal.
Los ministros precisaron que este criterio tiene que ver con la aplicación de la Ley General de Población, y no con el artículo 33 constitucional, que faculta al Presidente de la República a obligar que abandone el territorio nacional un extranjero considerado "indeseable".
En este sentido, el ministro Genaro Góngora Pimentel explicó que las autoridades administrativas que pretendan expulsar a un extranjero deben atenerse a lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, que prevé la suspensión de oficio para el peticionario, "al margen de las cuestiones de orden público e interés social".
Góngora reconoció que las autoridades migratorias no siempre cumplen con lo que establece la Constitución, y recordó el caso Atenco, en el que Cristina Valls, de nacionalidad chilena, y María Sostres, española, "fueron expulsadas por el simple hecho de estar presentes" en ese municipio el 4 de mayo de 2006. "Estas mujeres fueron expulsadas no obstante que el juez sexto de distrito en materia penal otorgó la suspensión para evitar su expulsión del territorio nacional, cuando llegó el actuario a notificar al INM que no podía expulsarlas hasta que se resolviera el juicio de amparo, los funcionarios migratorios las escondieron y dijeron que ya no se encontraban en el país, para evitar cumplir con la suspensión", según informó Sin Fronteras.