Privilegios impiden un verdadero sentido redistributivo de la riqueza
La debilidad financiera a la que la hacienda pública podría estar expuesta generaría múltiples presiones para ceder al capital privado sectores de la exploración, producción, refinación y transporte de energéticos, entre otros, advierte en su exposición de motivos una iniciativa de ley para una reforma fiscal que "el presidente legítimo", Andrés Manuel López Obrador, envió ayer a los coordinadores parlamentarios de los partidos que integran el Frente Amplio Progresista
La iniciativa menciona que fue dada a conocer por el secretario de hacienda del "gobierno legítimo", Mario Di Costanzo, que no puede olvidarse que la recaudación del ingreso tributario ha sido baja y ha fluctuado en los últimos 20 años entre el 10 y el 11 por ciento del producto interno bruto (PIB), mientras que en otros países, incluso aquellos considerados en vías en desarrollo, la recaudación, en algunos casos, llega hasta 20 por ciento.
Dicha debilidad de recaudación de ingreso tributario -calculada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 5 por ciento del PIB- ha obedecido, entre otros factores, a múltiples beneficios fiscales otorgados a sectores económicos mediante exenciones o autorizaciones para diferir el pago de impuestos.
Acompañado por Andrés Manuel López Obrador, el funcionario sostiene que en la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) se establecen regímenes de privilegio para determinados sectores empresariales que los benefician de manera indebida en detrimento de una mejor recaudación federal y del principio constitucional de justicia fiscal. Esa gama de privilegios, instituidos en diferentes tiempos por el Congreso federal, han impedido que las finanzas públicas tengan un verdadero sentido redistributivo de la riqueza en perjuicio de los sectores de mayor rezago social de México.
En la actualidad, se da la paradoja de que el sistema tributario mexicano, en la vertiente del ISR, está sustentado estructuralmente en las retenciones que de ese impuesto recae sobre la nómina y prestaciones sociales de los trabajadores, y no en los ingresos efectivos de las empresas para las cuales laboran.
Bajo esa óptica, sostiene el texto, es como se han arraigado diferentes prerrogativas impositivas en favor de los contribuyentes con mayor capacidad económica, sin beneficio material alguno para el país ni para los trabajadores. "El abuso empresarial ha sido la nota característica en la aplicación de esos privilegios", apunta.
Por ello propone en lo que hace al régimen del ISR, una supresión en los beneficios de los que tienen un mayor impacto en las finanzas públicas, como la deducción inmediata de bienes nuevos de activo fijo, del régimen de consolidación fiscal, y de la opción para constructores y desarrolladores inmobiliarios de deducir el costo de adquisición de los terrenos en el ejercicio en el que los adquieran. En este mismo curso se ubica la propuesta para modificar la exención sobre las ganancias de personas físicas por enajenación de acciones en bolsas de valores reconocidas.
Por cuanto a las ganancias de personas físicas por enajenación de acciones en bolsas de valores reconocidas, apunta que la propuesta es la acotación de la exención en el ISR.
Una propuesta más es el cambio a la deducción del costo de adquisición de los terrenos, que tuvo como fin el fomentar la inversión y el desarrollo del sector inmobiliario, quienes realmente se han beneficiado del mismo han sido los grandes desarrolladores inmobiliarios, al financiar su crecimiento con cargo al fisco.
Asimismo se sugieren cambios a la deducción inmediata de bienes nuevos de activo fijo, que nació con la finalidad de fomentar la inversión y como consecuencia de esto, la generación de mayores empleos; sin embargo, a la fecha dicho estímulo no ha dado como resultado directo y visible los propósitos por los que fue adoptado.