Ampara la Corte a Luis Pazos en el caso Provida
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó ayer al ex diputado federal panista, Luis Pazos de la Torre, acusado en 2003 por haber asignado de manera irregular 30 millones de pesos a la agrupación Provida, cuando presidía la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.
Los ministros de la segunda sala le dieron la razón al ex legislador con base en un "tecnicismo legal", al considerar que "el artículo 113 constitucional establece que a través de una ley en sentido formal y material se determinarán las autoridades para aplicar las responsabilidades de los servidores públicos", y en cambio, el inicio del procedimiento en su contra se basó en un decreto legislativo que creó la dirección de quejas, denuncias e inconformidades de la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados, la cual, por ende, carecía de competencia.
Ministros consultados sobre la protección a Pazos, aun cuando cuando él actuó ilícitamente para beneficiar a Provida, comentaron que la culpa era de la Cámara que no ha aprobado la ley correspondiente, y añadieron: "hasta los bribones tienen derecho a la estricta aplicación de la ley".
La votación se decidió en favor del ex legislador por tres votos contra dos, con la mayoría que integraron Genaro Góngora Pimentel, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Mariano Azuela; en contra se pronunciaron Fernando Franco y Margarita Beatriz Luna Ramos.
En 2002, la Secretaría de Hacienda notificó a la Cámara de Diputados sobre una asignación extra de recursos por 600 millones de pesos para programas destinados a la salud de la mujer. Pazos dividió los recursos en 13 rubros, uno de ellos para Provida, y de esa manera los recursos quedaron etiquetados para el presupuesto de egresos 2003.
En otra de sus andadas, al ex legislador panista, ya en su calidad de director de Banobras, la Secretaría de la Función Pública (SFP) le impuso una "amonestación pública", por su responsabilidad en la adquisición de 2 mil 50 ejemplares de su libro Los jardines secretos de Dios, con recursos públicos de esa institución del orden de 169 mil 125 pesos.
Los ejemplares, impresos por editorial Diana -de cuyo consejo de administración Pazos forma parte desde el 26 de abril de 2002, según denuncia interpuesta por diputados perredistas ante la Procuraduría General de la República (PGR)-, se entregaron como regalo de fin de año a clientes y empleados de Banobras.
De acuerdo con la SFP, se impuso esa sanción tras valorar la "inexistencia de beneficio o lucro indebido en favor del director general (de Banobras) y/o la casa editorial; ausencia de daño o perjuicio patrimonial, y el hecho de que no se advirtieron circunstancias agravantes en el proceso de selección del libro".
Con la decisión de ayer, los ministros establecieron que el proceso administrativo en contra del ex legislador quedó sin efecto, en razón de que "sólo están legitimadas para interponer dichos procedimiento las autoridades que participaron en su creación, no así aquellas a las que únicamente se reclamó el acto de aplicación". Así, la Corte estableció que el estatuto de organización técnica y administrativa y del servicio de carrera de la Cámara de Diputados es un instrumento para establecer la organización y funcionamiento interior de la Cámara, pero sólo tiene calidad de reglamento.