Denuncian recorte presupuestal y descalificaciones
Boicoteo oficial contra el Consejo Electoral de BC
Se atenta contra la autonomía del organismo: Alarcón
Ampliar la imagen El presidente del Consejo Estatal Electoral de Baja California, Víctor Alarcón Requejo, en entrevista con La Jornada Foto: Carlos Cisneros
Hace poco más de un mes que arrancó formalmente el proceso electoral en Baja California; sin embargo, el presidente del Consejo Estatal Electoral (CEE), Víctor Alarcón, denuncia presiones, hostigamiento y bloqueo del gobierno del estado al organismo. ''Hay un ánimo de descalificar al arbitro sin fundamento jurídico ni real. No hay prueba; sólo es mediático''.
Sin embargo, las acusaciones abiertas del gobernador Eugenio Elorduy contra el CEE comienzan a traducirse en hechos: reducción del presupuesto para el proceso, suspensión de la ministración que la Secretaría de Finanzas debió otorgar en febrero e incumplimiento de convenios de comodato mediante los cuales, en procesos anteriores, el gobierno apoyaba con infraestructura.
Recientemente designado presidente del CEE -paradójicamente, a propuesta del PAN en el Congreso-, Alarcón advierte que hay presiones que obligan al organismo a prever rutas alternas para garantizar el proceso. ''Esperamos que esto no dure hasta la elección, pero el CEE debe tener una carta de navegación que asegure los comicios que tienen una fecha inexorable, el 5 de agosto''.
Entre las acciones previstas destaca solicitar apoyo del Instituto Federal Electoral, acudir a la reunión nacional de institutos estatales electorales, a efectuarse esta semana, para buscar convenios de colaboración e inclusive, en esa reunión, presentar al secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, ''toda la película'' de lo que sucede en la entidad para detener esta situación.
Prácticamente desde la instalación del nuevo consejo estatal -renovado por el Congreso del estado- se inició la obstaculización de sus tareas. De entrada, a instancias del gobierno estatal, el Congreso recortó el presupuesto de 247 millones de pesos a 195 millones, ''por debajo de lo ejercido en el 2004, cuando sólo se renivaron Congreso y ayuntamientos''.
-¿Cuál fue el detonador de la confrontación con el gobierno?
-Fue cuando propusimos cambios de directores generales del Instituto Estatal Electoral y del Registro Estatal de Electores, que tenían entre 12 y 15 años. En los pasados comicios hubo mucha controversia y se hablaba de deficiencias en la capacitación y de infiltración, lo que dio por resultado que las elecciones se resolvieran en los tribunales por diferencias mínimas, como en Mexicali, con 42 votos (sobre un padrón de 700 mil): el tribunal local lo adjudicó al PAN y el federal al PRI.
''A partir de eso, no podíamos hacer otra elección con lo mismo. Teníamos que dar opciones y propusimos el cambio de directores generales del IEE y REE. Creo que había mucha comunicación entre los ex directores y el gobierno del estado''.
-¿Como en los tiempos del PRI?
-No sé si de esa manera. Se sintieron mucho los cambios, pero lo hicimos porque el valor principal de la elección es la certidumbre.
''La efervescencia del gobernador no sólo llega al consejo estatal; también está en el proceso interno del PAN, donde hay dos precandidatos a gobernador. La semana pasada todos los diputados federales y un grupo de legisladores locales le pidieron al gobernador que sacara las manos del proceso interno. Nosotros le estamos diciendo que no obstaculice el proceso''.
-¿Es un comportamiento de la vieja cultura política?
-Si no lo es, así parece -responde.
-¿Alguna otra decisión cuestionada?
-No hemos hecho más que cambiar funcionarios, aunque también cuestionaron la designación de los consejeros distritales, en donde se cuestionaron 5 o 6 nombramientos (de 144 que se hicieron), porque habían trabajado en el gobierno. Es claro que antes de ser designados consejeros la gente trabajaba en algún lado, pero ya los habían dejado (los cargos).
En cualquier caso, dice, las decisiones del Consejo estatal han sido unánimes, con respaldo del resto de los partidos.
''Hay uno muy cuestionador: que si el árbitro es parcial, que si somos priístas; que si andamos con (el candidato del PRI a la gubernatura, Jorge) Hank, en el ánimo de desacreditar al organismo, pero a nadie le sirve un órgano que al término del proceso llegue moribundo. No sé cuál sea el afán del PAN o del gobierno del estado; ellos pueden ganar la elección. Lo han hecho en los últimos tres sexenios''.
Al abundar sobre los hechos en que se ha reflejado la presión gubernamental, el director del IEE, Marco Antonio Torres, menciona que el gobierno del estado debe entregar mensualmente la ministración al organismo, que es de 12 millones de pesos. ''En febrero nos dieron sólo 4 millones a fin de mes y los otros 8 millones a mediados de marzo''.
''La suma de todo esto -concluye Alarcón- es que autonomía e independencia son valores muy lejanos sin recursos, y en la medida en que una autoridad electoral dependa de los vaivenes políticos, la autonomía e independencia se reducen''.
Tiene claro que la situación debe corregirse y que el gobernador debe asumirse como un actor más, con responsabilidades de colaboración con los comicios. Hay esquemas que debieran ser ineludibles, como la instalación de casillas (70 por ciento estarán en escuelas) o la seguridad. En todo caso, el CEE buscará concretarlo, pero buscará opciones con los gobiernos municipales y otros organismos.