El reciente despido de 8 fiscales federales desata tormenta política en Washington

Colaboradores de Bush, citados a comparecer en el Congreso

En franco desafío a la Casa Blanca legisladores interrogarán a Karl Rove, entre otros asesores

Rechazan demócratas propuesta del presidente para que las citaciones sean "informales"

AFP, DPA

Washington, 21 de marzo. En un nuevo revés para el presidente estadunidense, George W. Bush, un subcomité del Congreso desafió abiertamente hoy al mandatario, al citar a comparecer a varios de sus asesores. La víspera, la Casa Blanca había respondido a la iniciativa de citar a declarar a hombres cercanos al presidente, en el caso de fiscales despedidos, proponiendo que los asesores de Bush hablaran en condiciones informales (es decir, sin transcripción) y sin prestar juramento.

El Subcomité de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes consideró insuficiente la propuesta presidencial e insistió en someter a testimonios jurados a asesores de la talla de la "eminencia gris" de Bush, Karl Rove. Las citaciones implican castigos legales si el testigo se rehúsa a declarar, y Bush ya anunció que el gobierno cuestionará cualquier medida de este tipo ante el Poder Judicial.

El enfrentamiento entre la Casa Blanca y la nueva mayoría demócrata se intensificó con la primera medida tomada en el Congreso para obligar a destacados miembros de la administración republicana a declarar en el caso de los ocho fiscales destituidos recientemente por el secretario de Justicia, Alberto Gonzales, quienes estaban a cargo de casos considerados "sensibles" por la prensa estadunidense.

Los adversarios demócratas de Bush sospechan que la Casa Blanca los despidió por razones políticas. La publicación de documentos acusatorios y las débiles explicaciones suministradas reafirmaron sus sospechas.

Ahora, los demócratas no sólo reclaman la renuncia de Gonzales, sino que exigen llegar al fondo de la motivación de las destituciones de jueces. "Mu-chos creemos que esto se debe a que (los fiscales) estaban a cargo de casos de corrupción pública y pagaron un precio por haber hecho su trabajo", declaró a la cadena CNN el legislador demócrata Rahm Emmanuel.

Bush negó cualquier intervención política de su gobierno en las destituciones. El martes propuso que Rove, Harriet Miers, ex encargada de Asuntos Jurídicos de la Casa Blanca, y dos colaboradores, respondieran a las preguntas del Congreso, pero en privado, sin prestar juramento y sin que se transcriban las conversaciones, cosa que para algunos observadores sólo confirma que la Casa Blanca tiene algo que ocultar y se siente por encima de la ley.

La cuestión del juramento es crucial: las consecuencias de mentir bajo juramento son muy diferentes a hacerlo sin jurar y, si las declaraciones no pueden ser transcritas, no es posible cotejar las posibles mentiras con otros testimonios o exponer contradicciones.

Los demócratas rechazaron la propuesta de Bush que, según ellos, está "al borde del insulto".

El presidente demócrata del subcomité de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes, John Conyers, fue autorizado el miércoles a enviar citaciones a Rove, Miers, a los dos asistentes propuestos por Bush y a un funcionario del Ministerio de Justicia obligado a dimitir.

Bush advirtió que se opondría ante los tribunales, si fuera necesario, a cualquier citación que implicara testificar contra la Casa Blanca.

El presidente ha reaccionado de manera airada contra los demócratas desde que éstos ganaron la mayoría en el Congreso en los comicios pasados.

El martes, Bush apoyó a Gonzales y advirtió a los demócratas que no pretendieran buscar "juicios espectáculo" de funcionarios de la Casa Blanca.

Sobre su propuesta de que los testimonios fueran informales y sin juramento señaló: "He propuesto una forma razonable para evitar un impasse. Espero que (los demócratas) no elijan la confrontación".

Pero los demócratas lo hicieron. "Fue un abuso de poder cometido en secreto para lograr ciertos resultados en nuestro sistema de Justicia, para luego intentar borrar las huellas", afirmó hoy el senador demócrata, Patrick Leahy.

El vocero de la Casa Blanca, Tony Snow, volvió a la carga este miércoles al afirmar que Bush se mantendrá en su posición.

El gobierno de Bush ya había dicho que era una concesión inusual el haber permitido la difusión de 3 mil páginas de correos electrónicos sobre el caso de las destituciones y permitir a los legisladores interrogar informalmente a colaboradores de la Casa Blanca.

Algunos republicanos también piden la renuncia de Gonzales

Las investigaciones del Congreso sobre los despidos han desatado una tormenta política, e incluso algunos republicanos se han unido a los demócratas para exigir la renuncia de Gonzales.

Este es sólo el último de varios escándalos que enfrentó al hilo la administración Bush, que debió sacrificar a su ex jefe del Pentágono, Donald Rumsfeld, y enfrentar duras críticas por la deficiente atención médica que reciben soldados heridos en Irak y la admisión de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de haber violado la ley al espiar a estadunidenses en la lucha contra el terrorismo.

Los esfuerzos de los demócratas para legislar sobre un retiro de las tropas estadunidenses de Irak también han complicado la presidencia de Bush, casi dos años antes de que termine su mandato, en enero de 2009.

Asimismo, el vicepresidente Dick Cheney se encuentra debilitado después de que un antiguo máximo colaborador suyo fue condenado el 6 de marzo por mentir a en una investigación sobre la filtración a los medios de la identidad de una agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

La investigación de los despidos es parte de un amplio esfuerzo de los demócratas para poner la administración Bush bajo escrutinio, después de obtener el control en ambas cámaras del Congreso en las elecciones de noviembre pasado.