Responsabilizan a la Unión Regional Campesina Indígena
Denuncian el desalojo de familias en tierra zapatista
La Garrucha, Chis., 21 de marzo. Las familias zapatistas de la comunidad Emiliano Zapata, en el municipio autónomo Ricardo Flores Magón, se encuentran desplazadas desde el pasado 3 de marzo debido a las agresiones de la Unión Regional Campesina Indígena (URCI), que opera abiertamente como grupo paramilitar. Sus miembros poseen armas de alto poder, visten uniformes verdes de tipo militar, establecen retenes y cuentan con equipo de radiocomunicación.
De acuerdo con la junta de buen gobierno (JBG) Hacia el futuro, los de la URCI son paramilitares "que se mueven más 'legales'" que los de otras organizaciones oficialistas, y durante sus acciones violentas "usan pasamontañas". Conforman el grupo personas de Tumbalá y Jo'oxil, así como del ejido Egipto (en Salto de Agua), y están encabezadas por Julio César Pérez y Francisco López Méndez.
Ya en julio de 2006, la URCI había desalojado a nueve familias zapatistas de Emiliano Zapata, destruyendo o robando la totalidad de sus pertenencias. El 20 de febrero pasado, éstas decidieron retornar a sus tierras, pero la unión los rodeó y huyeron nuevamente, con tal precipitación que "dejaron hasta sus mochilas. No aguantaron más las amenazas con armas".
La JBG refiere que los paramilitares lograron cultivar dos hectáreas de maíz en los terrenos que invadieron, y hasta ahora siguen "cuidándolas" hombres armados, si bien tampoco ellos permanecen en la comunidad, que se encuentra abandonada.
La JBG asegura: "nos vamos a defender". También insiste en que ha intentado "un acuerdo pacífico", pero la URCI "no quiere dialogar". La situación es "grave", añaden las autoridades autónomas en sus oficinas del caracol Resistencia hacia un nuevo amanecer.
Los representantes del municipio autónomo San Manuel reportan que en su territorio la principal amenaza proviene de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic), cuyos miembros agreden a las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en comunidades y nuevos poblados establecidos en tierras recuperadas. En el caso de Nuevo Zapata, en la cañada de Las Tazas, los agresores proceden del ejido Delicias Casco.
"Los de Opddic tienen presionados a los compañeros en muchos puntos en la región de este caracol", denuncian. Aunque el Ejército federal "disimula" su relación con los indígenas de la organización priísta, queda claro que éstos se sienten más fuertes en las cercanías de las bases de operaciones del Ejército instaladas a lo largo de San Manuel y Ricardo Flores Magón.
Otro problema acuciante y sin embargo crónico en estas cañadas de la selva Lacandona es la tala clandestina de madera, y su extracción para ser vendida quién sabe dónde y a beneficio de quién. "Da pena que el gobierno no haga nada al respecto", apunta la JBG. Las empresas (no especifica cuáles) sacan grandes cantidades de árboles "sin dejar beneficios a los pueblos". Además, destruyen la naturaleza "sin ningún cuidado".
La autoridad autónoma identifica tres lugares de la región donde el saqueo es particularmente "duro": Tierra Negra, Pamalá y Carmen Pataté, en los municipios zapatistas Francisco Gómez y San Manuel. Responzabiliza de ello a los priístas de Opddic y la ARIC oficial, que nunca han mostrado ningún documento que autorice el tráfico de madera. En todo caso, ellos sacan los recursos boscosos, incluidas maderas preciosas como la caoba, en obvia complicidad con policías, inspectores, traficantes y funcionarios.