Editorial
Aborto: las reacciones de la reacción
Ante la iniciativa de reformas al Código Penal del Distrito Federal para despenalizar el aborto cuando éste se realice en las primeras 12 semanas de embarazo, se ha suscitado un reagrupamiento de la reacción histórica, que permite, a su vez, aquilatar los hábitos de acción y pensamiento típicos de la intolerancia, el fanatismo, la ignorancia, la mala fe y la disposición al linchamiento.
La cara más visible de esta reacción de la reacción es, por supuesto, la jerarquía eclesiástica. Ahora aliada a denominaciones religiosas menores, la arquidiócesis de la capital realiza ya, a contrapelo de la legalidad, política partidista activa, participa en la convocatoria a marchas públicas y busca intoxicar a quien se deje mediante alegatos tan falaces como el que expresó en días recientes su vocero, Hugo Valdemar, en el sentido de que la propuesta de despenalización es "una venganza" del Partido de la Revolución Democrática (PRD) contra la Iglesia católica por el apoyo que la cúpula de esta organización religiosa brindó el año pasado al entonces candidato panista a la Presidencia, Felipe Calderón Hinojosa. A lo que puede verse, el portavoz de Norberto Rivera aún no se ha enterado que la propuesta legislativa surgió de la bancada priísta en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), y no de la perredista, y que cuenta además con el respaldo de todos los partidos representados en ese organismo, a excepción de Acción Nacional. Por lo demás, en un razonamiento reduccionista característico de otras épocas históricas -en las que muchos avances civilizatorios fueron descritos como obras del diablo-, la arquidiócesis metropolitana atribuye a los afanes vengativos de un partido lo que es, en realidad, una demanda enarbolada desde hace muchos años -desde antes de que se fundara el partido del sol azteca, por cierto- por amplios sectores sociales, hoy mayoritarios en la capital de la República.
La alianza antiabortista no se fundamenta sólo en discursos poco escrupulosos como el referido, sino también en la expresión de embustes seudocientíficos tan deplorables como los sostenidos por algunos integrantes del blanquiazul en la ALDF, encabezados por Mariana Gómez del Campo, quienes aseguraron que la interrupción del embarazo es causa de drogadicción y alcoholismo, bulimia y anorexia, tendencias suicidas y cáncer de mama. Tales construcciones recuerdan de manera inevitable las no muy lejanas disquisiciones del cardenal toluqueño Javier Lozano Barragán, quien como responsable del consejo vaticano para la Salud, desaconsejaba el uso del condón porque, según él, el virus del sida era tan pequeño que traspasaba sin problemas el látex del dispositivo protector.
Si estos alegatos son inadmisibles para el sentido común, hay acciones del bando antiabortista que resultan jurídicamente inaceptables y legalmente punibles, como la mencionada pretensión de sectores clericales de hacer política activa o, peor aún, las amenazas anónimas y el acoso de que han empezado a ser víctimas algunos legisladores locales perredistas o los ataques cibernéticos contra la página electrónica de la ALDF. Esas acciones reflejan de forma clara el nivel cívico de los enemigos de la despenalización y obligan a recordar, con preocupación, las cosas mucho peores de que ha sido capaz el bando de la reacción en la historia nacional.
El que el responsable máximo del Ejecutivo federal se haya colocado de manera inequívoca entre las filas de los antiabortistas es particularmente deplorable por varias razones. La primera de ellas es que, en abdicación de su responsabilidad arbitral de los asuntos nacionales, la Presidencia de la República fue colocada como parte activa de una causa estridente y mal fundamentada y que, en vez de situarse por encima de un asunto que según sus propias palabras divide a la sociedad, optó por ser parte de la división. Adicionalmente, unas horas antes de homenajear a Benito Juárez, Calderón Hinojosa se condujo de una manera irrespetuosa y poco republicana hacia la ALDF, instancia legislativa ajena a sus atribuciones y a la que pretendió, sin embargo, dictar línea. Por si no fuera suficiente, Calderón Hinojosa retomó una de las trampas discursivas más representativas del activismo antiabortista: esgrimió, en defensa de sus posturas personales, la "defensa de la vida", como si quienes se manifiestan por despenalizar el aborto estuvieran en favor de la muerte. Con ello, el titular del Ejecutivo federal se adhirió a una tergiversación que agravia a la verdad y a millones de personas. Parece mentira que haya que repetirlo a estas alturas: la legalización del aborto no es una postura en favor del asesinato sino una medida necesaria para enfrentar un grave problema social y de salud pública -las muertes de mujeres provocadas por las condiciones insalubres en que se realizan los abortos clandestinos-, y un espacio de libertad para el ejercicio de la responsabilidad individual y las creencias personales.