Editorial
Pensiones del ISSSTE, regalo a los bancos
La iniciativa de reformas a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados durante la madrugada de ayer, es resultado de una enésima negociación opaca, discrecional y pronunciadamente tecnocrática entre los segmentos que conforman la expresión legislativa de la alianza gobernante -Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista-, de la cual han sido marginados los derechohabientes, pese a que éstos son, supuestamente, la razón de ser de la institución afectada.
Desde la cumbre del poder político, el calderonismo y el elbismo, sin haber presentado cuentas claras y convincentes, afirman que el propósito de los cambios es salvar al ISSSTE y asegurar su viabilidad, pero resulta inevitable sospechar -como lo piensan los organismos laborales involucrados- que la motivación real de la reforma es poner el dinero de las pensiones de los trabajadores del Estado en manos de los bancos privados y de las Afore y ofrecerles, por esa vía, una espléndida oportunidad de negocio. Resulta extraño, por decir lo menos, que los afanes oficiales de rescate del instituto referido no empiecen por la medida más evidente: acciones concretas de combate a la corrupción administrativa que impera en él, acciones que, si hubiera voluntad política para emprenderlas, tal vez serían por sí mismas suficientes para enderezar el rumbo financiero del instituto. Es significativa, asimismo, la prisa con la que el oficialismo pretende operar cambios en una institución controlada, vía Miguel Angel Yunes, por el clan político de Elba Esther Gordillo, el cual prestó favores electorales inestimables al actual titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa.
Con semejantes maneras de preparación de reformas legales, y con el manifiesto acento proempresarial y antilaboral del actual gobierno, no es de extrañar que la modificación mencionada haya generado múltiples expresiones de rechazo en diversos puntos del territorio nacional -Distrito Federal, Acapulco, Morelia, Tlaxcala-, más las que se anuncian para los días próximos.
Desde otro punto de vista, la pretensión de transferir los fondos de pensiones de los trabajadores del Estado a los intereses financieros privados -trasnacionales en su gran mayoría, para colmo- evidencia el contubernio entre rancios corporativismos sindicales -el que encabeza Gordillo y el que dirige Joel Ayala- enemistados entre sí por rebatingas de cuotas de poder pero adosados, en lo esencial, al aparato de dominación de la clase político-empresarial que mantiene vigente, y al costo que sea, el programa económico neoliberal: recorte indiscriminado de las funciones y potestades del sector público y generación de prebendas para el sector privado, particularmente el financiero. Además, el contraste entre la prisa por aprobar la modificación legal y el descontento que la iniciativa genera entre los agremiados habla, por añadidura, de la crisis de representatividad que afecta a las cúpulas sindicales y a los propios organismos legislativos.
En estas circunstancias, y ante la inminente aprobación de las reformas a la Ley del ISSSTE en la Cámara de Diputados, cabe esperar que los integrantes del Senado de la República actúen con menos precipitación, y permitan los espacios y tiempos necesarios para una ponderación más amplia, participativa y transparente de los cambios propuestos. De otra manera, el grupo que detenta el poder económico y político en el país dará un golpe más a las atribuciones del Estado, beneficiará intereses de los acaudalados en detrimento de los derechos de los menos favorecidos y vencerá sin haber convencido, que es lo mismo que ha venido haciendo desde hace varios sexenios.