Iniciativa para despenalizarlo en todo el país
En medio de la polémica que provoca el tema en la capital del país, la fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado presentó ayer una iniciativa para despenalizar a nivel federal el aborto voluntario durante las primeras 12 semanas de gestación, con el propósito de proteger la vida y la salud de las mujeres que no cuentan con recursos económicos para pagar el costo de una interrupción voluntaria del embarazo.
El senador perredista por el Distrito Federal, Pablo Gómez, llevó ante el pleno la iniciativa para modificar el Código Penal Federal, para completar, dijo, una reforma que se inició en 1931, cuando se permitió el aborto en tres casos específicos, entre ellos por violación o peligro de muerte para la madre.
Esa legislación, recalcó, ante la molestia evidente de los panistas, ha traído los peores resultados, ya que se calcula que cerca de 2 mil mujeres fallecen cada año por abortos mal practicados.
El legislador argumentó que esa legislación ha dado lugar a la práctica generalizada del aborto durante más de 75 años, pero el hecho de que sea considerado formalmente un delito ha encarecido los precios de su atención médica profesional y creado un mercado informal en lugares inadecuados, insalubres y con personal de escasa capacidad.
"Y más aún: muchas mujeres ni siquiera pueden pagar los precios impuestos por quienes realizan abortos fuera de hospitales y clínicas, lo que provoca muertes y daños irreversibles a la salud, sobre todo para quienes están en situación de pobreza". Gómez Alvarez destacó que el carácter ilegal de los abortos hace que se carezca de cifras confiables. Un reporte de 1995 del Consejo Nacional de Población (Conapo) habla de 110 mil abortos al año, mientras que organismos civiles hablaban entonces de más de medio millón.
En cuanto a las defunciones, tampoco se dispone de reportes confiables, pero la Secretaría de Salud reportó en 2005 que 3.2 por ciento de las muertes de mujeres en México se debió a "ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal", dentro de las que podrían entrar las defunciones provocadas por abortos mal practicados.
La despenalización del aborto, insistió, no llevaría a que se elevara el número de abortos voluntarios, ya que la intención es que bajen los precios en clínicas y hospitales privados, de tal manera que sean accesibles a las mujeres de escasos recursos económicos.
Paralelo a esta reforma a los artículos 330 y 331 del Código Penal Federal, el Congreso podría expedir luego normas generales para la realización de abortos voluntarios e inclusive analizar la pertinencia de que las instituciones nacionales de seguridad social incluyan ese servicio a sus derechohabientes.
El perredista detalló asimismo que las normas en los establecimientos de salud deberán incluir una cláusula de impedimento o de excusa de conciencia, de tal manera que ningún médico o paramédico sea obligado a realizar dentro de sus labores un aborto, si ello va en contra de sus principios morales.
Los senadores del Partido Acción Nacional (PAN) vieron con desagrado la presentación de la iniciativa. Teresa Ortuño, quien de por sí estaba molesta por la agresión en San Lázaro a los panistas y la pintarrajeada que se llevó su carro, explotó furiosa cuando Pablo Gómez dijo que quien quisiera podría sumarse a la iniciativa. Ella alzó las manos, con enfado, para rechazar tal propuesta.