Buscan abogados que California mantenga jurisdicción sobre el cardenal
Norberto Rivera, "más culpable" que Mahony, afirma Michael Finnegan
"Probaremos con hechos" que el prelado mexicano "envió a Los Angeles a otros curas pederastas, además de Nicolás Aguilar", sostiene el litigante David Drivon
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Joaquín Aguilar, David Drivon y Jeff Anderson, junto a un cartel de la Red de Sobrevivientes de Abusos Sexuales de Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés)
Foto: Sanjuana Martìnez
Hoy pasará su primera prueba de fuego la demanda civil interpuesta por las víctimas del cura pederasta Nicolás Aguilar contra el cardenal Norberto Rivera Carrera. La Corte Superior de California deberá decidir si permite continuar el caso o si, atendiendo la petición del purpurado mexicano, ordena archivarlo sin consecuencias.
Por primera vez se verán las caras ante el juez los abogados del caso contra Rivera Carrera por "conspiración internacional a la pederastia" y otros siete cargos relacionados con el presunto encubrimiento a Nicolás Aguilar, responsable de abusar de 90 niños entre México y Estados Unidos.
La parte acusadora, encabezada por Michael Finnegan, abogado del despacho de Jeff Anderson, y David Drivon, de una firma legal de Stockton, California, presentará hoy dos mociones que sostienen que la corte estadunidense tiene jurisdicción en este caso. Ambos documentos, en poder de La Jornada, ofrecen como argumento principal la presunta protección del purpurado mexicano en los delitos sexuales cometidos por su "empleado", el cura Nicolás Aguilar.
"Demostraremos cómo el cardenal Norberto Rivera estuvo envuelto todo el tiempo en la protección a Nicolás Aguilar" -dice Finnegan en entrevista. "El es más culpable que Mahony en este caso. Ambos están tratando de protegerse a sí mismos y no piensan en proteger a los niños. La Corte Superior de California tiene, por tanto, el poder de enjuiciarlos."
El abogado David Drivon va más allá: "Pretendemos probar con hechos que Norberto Rivera Carrera sistemáticamente envió a otros curas pederastas, además de Nicolás Aguilar, y que por ello es parte directa de la conspiración para obstruir la justicia, una conspiración culminada en California inclusive, aunque el cardenal Rivera actuase desde México".
Investigación jurisdiccional
La parte acusadora ha presentado una solicitud de investigación jurisdiccional y pide la apertura de un periodo para la práctica de "la prueba". En los documentos expone el caso del demandante Joaquín Aguilar Méndez: "Nicolás abusó de muchos niños en México. Está en disputa cuánto y qué sabían los demandados mexicanos (Norberto Rivera y la diócesis de Tehuacán, en Puebla) acerca de los abusos de Nicolás. Este fue enviado a California, donde siguió abusando de niños. Está en discusión el tiempo que Aguilar permaneció en ese estado, la participación de los demandados mexicanos para que se fugara de la policía de California, en la violación de las leyes de esa entidad y en la obstrucción de la justicia. También se discute el tipo y la naturaleza de los contactos y negocios de todos los demandados mexicanos en California", dice el texto de nueve páginas.
Finnegan señala en la moción que "los hechos demostrarán que los demandados mexicanos sabían que el padre Aguilar era un paidófilo en serie que significaba un peligro extremo para los niños". Afirma que tanto el en ese entonces obispo Norberto Rivera como la diócesis de Tehuacán "le mantuvieron empleado todo el tiempo que estuvo en California".
El abogado estadunidense sostiene "que los contactos de Nicolás Aguilar en California eran los de los demandados mexicanos (Norberto Rivera y la diócesis de Tehuacán); que le enviaron a trabajar ahí por el escándalo que representaba que permaneciese en México; que tenían control sobre él; que han hecho negocios relevantes en ese estado; que se comunicaron con los demandados de California mientras Aguilar permanecía trabajando allí; que también estuvieron en contacto para conseguir sacarlo de California antes de que la policía le arrestase; que los demandados mexicanos facilitaron y participaron en la fuga luego de que Aguilar había sido descubierto abusando de niños en California; que conspiraron para violar las leyes del estado, y que California no pudo perseguir al sacerdote a causa de las acciones de los demandados mexicanos".
El documento responde a los alegatos del cardenal Norberto Rivera acerca de la falta de jurisdicción de la Corte Superior de California, y para sostener sus argumentos cita numerosos precedentes. Finnegan afirma en el texto que Nicolás Aguilar siguió siendo empleado de Tehuacán mientras permaneció en Estados Unidos: "El juicio es limpio y la elección del lugar para el juicio no es caprichosa ni abusiva. Los demandados enviaron a un conocido paidófilo a California y le ayudaron a escapar de ahí, y eso llevó a que Joaquín fuera violado por el cura".
Asegura que está permitido "proponer y practicar prueba" para demostrar que existe base jurisdiccional. En caso de que la corte no lo permitiera, entonces ha pedido más tiempo para argumentar porqué esa corte tiene jurisdicción.
En el otro documento, denominado "Notificación y moción para proponer prueba", se hace saber que Joaquín pedirá a la corte que practique prueba y que le extienda el plazo para responder a la moción de los demandados. La demanda indica que el joven mexicano fue ultrajado por Nicolás cuando era niño: "El cura violó analmente por la fuerza a Joaquín. Los demandados conspiraron y violaron múltiples leyes de California. Rivera y la diócesis de Tehuacán hicieron negocios en California y ayudaron a Nicolás a escapar de Estados Unidos".
Finnegan pide una prórroga para oponerse a la moción de desistimiento presentada por el cardenal Rivera Carrera y el obispo de Tehuacán, Rodrigo Aguilar Martínez. Considera que si éstos cooperan, la práctica de pruebas no demorará más de 90 días. Por eso pide que los plazos se extiendan hasta junio y se acepte la audiencia para el 13 de julio.
En caso de que la corte no aceptara estas fechas, la parte acusadora pide más tiempo para contestar.
En la misma audiencia, los abogados de Roger Mahony solicitarán que el caso pase a otro juez. Pretenden que sea el magistrado que hasta ahora ha llevado los casos contra la arquidiócesis de Los Angeles.
El abogado David Drivon, que estará presente en la audiencia de hoy frente a los defensores de Rivera Carrera y de Mahony, dijo que demostrará que existe "contacto mínimo" entre California y el caso: "Hay varias maneras de demostrar eso; una de ellas es que nos encontramos ante una conspiración criminal internacional y que los cardenales Rivera y Mahony son parte de esa conspiración".
Explicó que hoy subrayará ante el juez que Norberto Rivera sabía que Nicolás Aguilar era un "paidófilo" y a pesar de eso se lo envió al cardenal Mahony, que éste lo aceptó a sabiendas de ese hecho, y que el cura Nicolás Aguilar continuó abusando de niños en Los Angeles: "Cuando resultó evidente que los hechos iban a ser descubiertos, lo mandaron de vuelta a México con su obispo".
Agregó: "Cuando los hechos empezaron a ser conocidos en México el cardenal Norberto Rivera era todavía sólo un obispo y el cura estaba a sus órdenes. Es en ese contexto que el sacerdote fue enviado a Los Angeles y sirvió bajo las órdenes del cardenal Mahony, y no hay ninguna prueba de que haya sido apartado de su ministerio en México, inclusive hoy sigue incardinado a la diócesis de Tehuacán. Eso es muy importante, cuando él viene a California todavía pertenece al obispado de Tehuacán; aunque su inmediato superior pasa a ser Mahony, él sigue dependiendo del obispo Rivera Carrera".
Según Drivon, existe un hecho aún más importante: "Algo que debe tenerse en cuenta: cuando Nicolás Aguilar sale de México él depende del todavía obispo Rivera Carrera, pero en el tiempo que dista desde que él deja ese país hasta que empieza a delinquir en California es cuando Rivera Carrera se convierte en cardenal y se traslada a la arquidiócesis de México. Cuando el cura delincuente vuelve a su país no regresa a la sede de la que procedía, es decir, a Tehuacán, sino que se instala en la ciudad de México, donde ya está Rivera Carrera como obispo de la arquidiócesis y la conclusión lógica es que éste lo envió a Estados Unidos para que, de acuerdo con Mahony, ejerciera en la diócesis de Los Angeles y sirviera bajo el cardenal Mahony. Cuando él vuelve a delinquir en Estados Unidos, entonces regresa a México bajo la protección del cardenal Rivera Carrera. Y volvió a delinquir".
Queremos probar que existe contacto
Lo que le estamos pidiendo a la corte es que nos dé oportunidad para probar que existe un nexo entre California y el caso, antes de que el tribunal decida sobre si tiene o no jurisdicción sobre el mismo. Queremos la oportunidad de aportar algunas pruebas para poder demostrar hechos que apoyen que existe ese "mínimo contacto" entre la Corte Superior de California y los demandados.
Drivon aseveró que Norberto Rivera presentó una declaración escrita el pasado 20 de febrero que contiene afirmaciones que no son ciertas: "Una de ellas es que asegura que cuando el pederasta le presentó su renuncia, él entendió que en ese momento terminaba su responsabilidad. Pero eso no es cierto, porque todos sabemos que a menos que haya una decisión para retirarle del ministerio sacerdotal o que sea incardinado oficialmente en otra diócesis, el cura sigue perteneciendo a su diócesis de procedencia. Por tanto, el cardenal Rivera Carrera conservó su potestad supervisora, autoridad y control sobre Nicolás Aguilar, pero eso no es lo que él dice. Sabemos que lo que afirma por escrito no es cierto".
Explicó que otro aspecto importante de la declaración de Norberto Rivera es "que él dice que mandó una carta a Mahony y el cardenal dice que nunca recibió tal carta. No conozco ningún otro caso en el que haya dos cardenales peleándose y, desde luego, ninguno donde estén enfrentados dos cardenales de diferentes países".
Para demostrar la jurisdicción de California en este tipo de casos, señaló que hay bastante jurisprudencia, y recordó un caso de Milwaukee donde estaba involucrado el cardenal Roger Mahony por haber recibido a un cura pederasta de aquel estado: "Los abogados demandaron a la diócesis de Milwaukee junto con la arquidiócesis de Los Angeles, y entonces Milwaukee compareció en Los Angeles y dijo: 'esperen un momento, ustedes no tienen jurisdicción sobre nosotros, porque no hacemos negocios en California y no hay el mínimo contacto'. La corte decidió en favor del demandante diciendo que si Milwaukee mandó un paidófilo a Los Angeles sabiendo que lo era, quedas desprotegido de cualquier privilegio y sometido a las leyes de California".