Plantean un esquema parecido al colombiano, señala
Advierte Laurell sobre la posible privatización de servicios médicos
El proyecto de reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) plantea para el fondo médico un esquema similar al colombiano que, a menos de 15 años de haberse puesto en marcha, ha llevado a poner a la venta los hospitales públicos de ese país, es decir, a la privatización de los servicios, asegura un análisis de la iniciativa que se discute en la Cámara de Diputados, elaborado por el ''gobierno legítimo'' de Andrés Manuel López Obrador.
La iniciativa presentada el pasado jueves en San Lázaro, y aprobada la madrugada de ayer en las comisiones unidades de Hacienda y Seguridad Social, separa el financiamiento de la prestación de los servicios médicos, con lo que éstos podrán prestarse -de acuerdo con el artículo 31 del proyecto- ''directamente o por medio de convenios con quienes presten'' los servicios de salud.
De acuerdo con el análisis, la parte financiera del fondo médico tiene la responsabilidad de evitar su descapitalización, lo que significa que si el cálculo inicial sobre el costo de consultas y tratamientos médicos llegara a ser rebasado existe el riesgo de que para mantener el equilibrio se empiecen a hacer algunos ''ahorros'' y se dejen de cubrir cierto tipo de procedimientos médicos. O bien, que los pacientes tengan que adquirir un seguro adicional para obtener la totalidad de servicios que requieran, explicó Asa Cristina Laurell, secretaria de salud del ''gobierno legítimo''.
Con la escasa información disponible, explicó la especialista, lo único claro es la intención del gobierno federal de incrementar la subrogación de servicios, aunque tampoco explica la forma como lo hará, lo cual implica el riesgo de que se transfiera al ámbito privado a los trabajadores jóvenes y sanos, y el ISSSTE se quede con los empleados de menores ingresos y quienes padezcan enfermedades, principalmente las crónico degenerativas. Esto supondría una presión brutal sobre los servicios del instituto, señaló.
Recordó que un esquema similar se planteó durante la reforma a la ley del IMSS, en 1995, pero no prosperó y lo único que quedó fue la posibilidad de la reversión de cuotas, con la ventaja de que la empresa que decidiera tomar esta posibilidad tendría que aplicarlo para todos sus trabajadores, sin excepción. La iniciativa para modificar la ley del ISSSTE no especifica nada al respecto.
Con la separación del financiamiento de la prestación de los servicios, el ISSSTE ''comprará'' los servicios a varios prestadores, bajo el supuesto de una mayor calidad por la competencia que habrá entre los oferentes, lo cual, señaló Laurell, ''es una premisa que jamás se ha comprobado en ningún sistema''. Sin embargo, reconoció que en los hechos la subrogación de servicios ya existe en el instituto. De acuerdo con cifras oficiales, en 1999 se pagaron 201 millones de pesos a particulares, mientras en 2005 la cifra se elevó a 801 millones.
Se refirió, entonces, al caso de Colombia y la ley 100, aprobada en 1993. A pesar de que en ese país la afiliación de las personas al seguro es obligatoria, la cobertura es de apenas 75 por ciento. Además, aumentó el gasto del sector en 3 por ciento del producto interno bruto debido, fundamentalmente, a que los servicios son más caros, sin que ello signifique un incremento en la oferta.
Lo cierto es que la competencia entre los prestadores públicos y privados ha sido desfavorable para los primeros, algunos de los cuales han sido puestos a la venta recientemente, indicó Laurell.
La pretensión de privatizar los servicios de salud en México es evidente en el proyecto de reforma legal del ISSSTE, cuando se asegura que el instituto ha llegado a su nivel máximo de afiliados. Significa, comentó la funcionaria lopezobradorista, que no habrá nuevas contrataciones de médicos y maestros, quienes representan a la mayoría de los asegurados del instituto. Si esto es así, el proyectado crecimiento del Seguro Popular en clínicas y hospitales sólo podría entenderse bajo el esquema de contratación de servicios médicos privados.
Sobre los 8 mil millones de pesos que el gobierno propone erogar para financiar los servicios médicos del ISSSTE, resaltó que de 2004 a la fecha, el organismo registró un aumento de 6 mil millones en este rubro, lo que significa que el ''plus'' de la reforma calderonista es de apenas 2 mil millones.