Ejidatarios piden en San Lázaro un pago justo por la explotación de 970 hectáreas

Diputados ofrecen aclarar la concesión de tierras de Carrizalillo a minera canadiense

EMIR OLIVARES ALONSO

Diputados federales de Guerrero se comprometieron a apoyar a los ejidatarios de la comunidad Carrizalillo en su lucha porque la minera canadiense Luismin les pague "lo justo" por la renta para la explotación de sus tierras (970 hectáreas), donde se extrae oro y otros minerales.

Desde hace tres años, la empresa canadiense -parte de Goldcorp Inc. uno de los corporativos mineros más grades del mundo- extrae el mineral de esta región guerrerense y paga anualmente a los ejidatarios mil 475 pesos por hectárea; los campesinos exigen que ese pago anual sea de 90 mil pesos. Así lo explicaron Crisóforo Guzmán, Valerino Celso Solís, Julio César Peña Celso y Onofre Peña Celso, representantes de esa comunidad del municipio de Eduardo Neri.

Las ganancias que la minera prevé obtener en los próximos dos años son cuantiosas. Goldcorp asegura en su informe de presentación de enero de 2007 -mismo que se puede consular en su página de Internet-, que para este año extraerá 200 mil onzas de oro, y para 2008 la empresa prevé que serán 350 mil, sólo de la explotación de una de las dos minas.

Lo anterior le significaría un ingreso estimado de 129 millones 300 mil dólares para 2007, y de 226 millones 275 mil dólares para el siguiente año, pues hasta ayer, en el mercado mundial, la onza troy de oro (equivalente a 31.10 gramos) se cotizaba en 646.50 dólares la pieza.

En rueda de prensa, tras reunirse con los legisladores, los ejidatarios subrayaron que desde el pasado 8 de enero decidieron instalar un plantón en los accesos a las minas Los Filos y El Bermejal (ambas propiedad de Luismin) en protesta por la renta que les pagan por la explotación de sus tierras. Sin embargo, denunciaron que el 25 del mismo mes el gobierno estatal atentó contra sus derechos e intentó desalojarlos de manera violenta. Dicha acción dejó un saldo de 70 ejidatarios detenidos y decenas de mujeres y niños lesionados.

En compañía de su asesor jurídico, Mario Patrón, del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, afirmaron que no obstante que la minera se comprometió a emprender un proyecto de desarrollo para la región, en el que se construiría una red de agua potable, escuelas, una clínica regional y la pavimentación del camino que conduce a Carrizalillo, a la fecha nada se ha cumplido.

Los representantes de la comunidad guerrerense explicaron a los diputados federales por Guerrero, Víctor Aguirre Alcalde, Modesto Brito, Daniel Torres y Carlos Sánchez, su problemática. Ante esto, Brito aseguró que los legisladores exigirán que la Secretaría de Economía haga público cómo se otorgó la concesión de esas tierras a la minera, pues ésta se dio hace más de 10 años sólo para exploración a la empresa Peñoles, la cual al parecer cedió sus derechos a los canadienses, quienes actualmente no sólo exploran, sino que explotan los terrenos.

"Hay muchas irregularidades. No existen documentos (de explotación), no está claro que Luismin tenga los derechos de esa concesión", dijo el diputado.

Víctor Aguirre, coordinador de los legisladores del PRD por Guerrero, advirtió que se prevé que para los próximos 20 años la minera extraiga de la región aproximadamente 60 millones de toneladas de oro. Afirmó que el próximo lunes una comisión de diputados -presidida por él mismo- estará presente en una reunión que sostendrán directivos de la empresa canadiense y ejidatarios.

Ambas partes advirtieron que pese a la insistencia, el gobernador del estado, Zeferino Torreblanca, ha dado preferencia a los empresarios.

El asesor de los ejidatarios reveló que la compañía ha pagado muy poco por la renta y explotación de las 970 hectáreas pues, dijeron, en 2004 pagaron un millón 290 mil pesos por ese concepto; un año más tarde desembolsaron un millón 760 pesos, y el año pasado el pago de renta fue de un millón 812 mil pesos.

Horas después de su visita a San Lázaro, los campesinos se entrevistaron con los senadores Heladio Ramírez, Antonio Mejía Haro, Lázaro Mazón y Carlos Navarrete, quienes se comprometieron a servir de puente para una interlocución directa con el secretario de Economía, Eduardo Sojo.

Los campesinos informaron que hoy sostendrán una reunión con representantes de la embajada de Canadá en México, a quienes solicitarán su intervención al respecto.