La empresa estadunidense entregó 1.7 mdd a las Autodefensas Unidas de Colombia

Multan a Chiquita Brands por hacer pagos a paramilitares colombianos

La trasnacional tendrá que devengar 25 millones de dólares por violar leyes antiterroristas de EU

Fuerzas armadas y guerrillas, responsables de violaciones a derechos humanos en el país: ONU

DPA, AFP, REUTERS

Washington, 15 de marzo. La trasnacional estadunidense Chiquita Brands International Incorpored pagará una multa de 25 millones de dólares, tras un arreglo judicial, por haber hecho una serie de pagos a las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en violación de las leyes antiterroristas de Estados Unidos.

La violación de leyes antiterroristas tuvo lugar cuando la compañía, con base en Estados Unidos, pagó en secreto un millón 700 mil dólares a las AUC entre 1997 y febrero de 2004 mediante su ex subsidiaria en la nación sudamericana, dijo el fiscal estadunidense Jeffrey Taylor en un informe.

Chiquita aseveró que fueron "obligados" a hacer esos pagos a las AUC, un grupo clasificado por Estados Unidos de "terrorista", para "proteger la vida" de sus empleados en las áreas bananeras de Urabá y Santa Marta, Colombia, de supuestas amenazas de los propios paramilitares y de las guerrillas, según afirmó el director ejecutivo Fernando Aguirre en un comunicado.

Sin embargo, reportes de prensa señalaron hoy que se trataba no sólo de "proteger" a los trabajadores, sino también para que los grupos paramilitares atacaran a líderes sindicales y otros "agitadores" contrarios a los intereses comerciales de la compañía, por lo que según documentos legales la trasnacional pagó casi 2 millones de dólares a los movimientos armados ilegales en Colombia.

Los 25 millones de dólares serán saldados en cinco cuotas anuales iguales, con intereses, informó el servicio de noticias especializado Bloomberg, tras la investigación en marcha en que los fiscales afirman que la empresa también hizo pagos similares a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El gobierno de Estados Unidos calificó en 2001 de grupo terrorista a las AUC, en tanto que la compañía actuaba en el asunto con conocimiento de la sede central de la empresa en Cincinnati, Ohio.

Sin embargo, los libros contables fueron alterados para ocultar esas transacciones a las AUC, que comenzaron en 1997 en una reunión con el entonces líder paramilitar Carlos Castaño.

La ex unidad colombiana de Chiquita, Banadex, supuestamente efectuó más de 100 pagos a las AUC en las dos regiones, Urabá y Santa Marta (norte), donde tenía operaciones de producción bananera, que se hacían directa o indirectamente casi cada mes, y se ignoró el consejo de los abogados externos para poner fin a esta práctica, señalaron fiscales.

Un reporte de la BBC señaló que el acuerdo suscrito por Chiquita Brands logrado un día después de que la empresa se declaró culpable pone fin a este proceso judicial en que se ha visto inmiscuido, que comenzó hace tres años cuando el Departamento de Justicia estadunidense comenzó una investigación sobre este tema.

El mismo informe de prensa apuntó que en 2004, después de haber reconocido la existencia de estos tratos con los grupos irregulares, la empresa vendió todos sus negocios en Colombia a un productor de ese país por más de 50 millones de dólares.

La compañía estadunidense señala en su página de Internet que 100 por ciento de sus fincas en América Latina cubre un área de 15 mil hectáreas y da empleo a cerca de 14 mil trabajadores, y que cumple con las normas internacionales de certificación como empresa "prestigiosa" productora y distribuidora de bananos y otros alimentos en el mundo.

En tanto, el gobierno colombiano celebró la condena impuesta por la justicia estadunidense a la multinacional Chiquita Brands International Incorpored, que se declaró culpable de haber pagado a paramilitares para "proteger" a sus empleados en el país andino.

"Me parece que esa señal de la justicia estadunidense es una magnifica señal, el pago a grupos ilegales es un delito. El pago de la extorsión es un delito y nosotros aplaudimos que eso haya sucedido", dijo el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.

Según el funcionario, si existen otras empresas que pagaron a algún grupo alzado en armas, la justicia local procesará a los directivos de esa firma por haber patrocinado las acciones ilegales de esas agrupaciones.

Suma y sigue

El diario colombiano El Tiempo reveló que hay otros dos casos pendientes. Uno de ellos es el de la multinacional estadunidense Drummond, que también es investigada por un juez de Alabama por sus nexos con los paramilitares, y que se le acusa por la muerte por esos grupos de tres sindicalistas.

El otro caso, citó El Tiempo, es el de Coca Cola en Colombia, acusada de amenazas mediante los paramilitares contra un grupo de sindicalistas, uno de ellos asesinado. En 2006, una corte estadunidense falló en favor de la empresa, pero la decisión fue apelada.

La multa a Chiquita se conoció en medio del creciente escándalo de la narcoparapolítica, mientras el fiscal Mario Iguarán declaró hoy que los políticos colombianos fueron los que reclutaron y pusieron bajo su servicio a los grupos paramilitares de ultraderecha.

"No fueron las AUC las que reclutaron a la clase política, fue la clase política la que reclutó a las AUC. Esto ya está dando una respuesta sobre lo que sabemos de los autores intelectuales" de los crímenes que se le atribuyen a las AUC, señaló Iguarán.

Subrayó así la responsabilidad política que tienen los ex funcionarios y dirigentes investigados con el fenómeno de los grupos paramilitares que durante 20 años se enfrentaron al avance de las guerrillas de izquierda, especialmente en la costa norte del país.

La situación de los derechos humanos en Colombia sigue siendo crítica por causa del conflicto armado, cuyos actores, las guerrillas, los paramilitares de extrema derecha y las fuerzas armadas persisten en su violación, adviertió por su parte Naciones Unidas en un informe.

De acuerdo con el documento divulgado en esta capital, las guerrillas izquierdistas y las fuerzas armadas fueron los principales violadores de esos derechos y del derecho internacional humanitario en Colombia durante 2006.