Robo de gasolina y cobro excesivo por telefonía celular, entre los males, denuncia ICDCU
Consumidores mexicanos, los más desprotegidos de América Latina
Profeco y otros organismos tienen un doble discurso; los afectados no son compensados
Los consumidores mexicanos son los más desprotegidos de América Latina porque la Procuraduría Federal de Consumidor (Profeco), otros órganos de defensa y los proveedores tienen un doble discurso, que deriva en que los afectados por un mal servicio no tengan derecho a justicia pronta ni a que se les compense el daño, aseguraron miembros del Instituto Ciudadano de Defensa de Consumidores y Usuarios (ICDCU).
"En México los consumidores sólo pueden aspirar a una conciliación que equivale a que Profeco y otros órganos de defensa denegan la autoridad, niegan la justicia eficaz, no onerosa y pronta, no hay arbitraje porque como los proveedores consideran que la satisfacción del cliente no es algo importante y no consideran que la responsabilidad social de las empresas sea algo prioritario porque de todos modos ganan cantidades fabulosas", advirtió Adriana Labarandi, miembro del instituto.
Si hubiera una verdadera tarea de defensa, dijo, no se hubiera permitido el robo de 20 mil millones de pesos en la venta de gasolinas al año; 8 mil millones de pesos cobrados de más en el servicio de gas y que se redondeen por lo menos 35 por ciento de los segundos de llamadas por celular como si fueran minutos, y una vez cometido el daño, nunca se ha exigido que se resarza.
Y a pesar de esta crítica la Profeco y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) celebraron ayer el Día Internacional de Consumidor -dedicado a las telecomunicaciones-, con la firma de un convenio de colaboración para defender los derechos de los usuarios, porque a decir del procurador Antonio Morales de la Peña, "pronto este servicio tendrá una importancia vital para los mexicanos, parecida a la de la energía eléctrica o el agua potable".
Señaló que la atención al cliente en el sector de las telecomunicaciones no crece al mismo ritmo que sus ventas, por lo que apremió a tener un marco regulatorio claro y transparente, que establezca especificaciones técnicas y comerciales para la prestación del servicio de telefonía, así como una metodología uniforme para la medición, mediación, tasación, facturación del servicio y atención a reclamo de los consumidores.
Mientras que el presidente de la Cofetel, Héctor Osuna, desestimó el informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en el que se señala que México es uno de los más caros en tarifas telefónicas, y señaló que eso depende de la percepción de los usuarios y su poder adquisitivo.
Sin embargo, Adriana Labardini, miembro del Instituto Ciudadano de Defensa de Consumidores y Usuarios, y directora de Alconsumidor AC, precisó que en México 92 por ciento de los usuarios de teléfonos celulares gasta al mes entre 183 y 200 pesos en tarjetas de prepago "porque no tienen para gastar más y por eso las telefónicas deben fijar sus tarifas conforme al poder adquisitivo de la gente y no sobre sus inversiones, que casualmente son iguales en otros países pero con tarifas mucho más bajas".
Detalló que al igual que las telefónicas y las empresas energéticas son monopolios, el monopolio de la defensa del consumidor lo tienen la Profeco, que está facultada no sólo para fijar multas cuyo destino no es transparente, sino para exigir compensaciones por los daños y no lo ha hecho.
El caso más reciente, recordó, fue el 6 de febrero pasado cuando se suspendió el servicio de Telcel por lo menos siete horas, lo que representó un daño económico incalculable para los usuarios que no fue reclamado por la Profeco de ninguna manera en beneficio directo de los consumidores, ya que la aplicación de una multa no tiene ninguna repercusión para el proveedor y mucho menos compensa el daño.
"Para que Telcel hubiera compensado de alguna forma a los consumidores afectados la suspensión del servicio tendría que haber sido de 72 horas continuas porque así lo establecen las disposiciones de la Cofetel, de la concesión a la empresa y porque así está señalado en el contrato de adhesión aceptado por Profeco".