Presenta ante el Congreso informe del caso Oaxaca
La CNDH protege a Ulises Ruiz, acusan legisladores
En 15 días se girarán las recomendaciones: Soberanes
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Las titulares de las comisiones de Derechos Humanos de las cámaras de Senadores y Diputados, Rosario Ibarra y Omeheira López, respectivamente, con el titular de la CNDH, José Luis Soberanes, en la presentación de informe sobre el caso Oaxaca
Foto: Carlos Cisneros
Diputados del PRD y Convergencia, así como la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Rosario Ibarra de Piedra, consideraron que el informe sobre los hechos ocurridos en Oaxaca, que ayer presentó el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, en la Cámara de Diputados, es una "crónica ya conocida" y revela que esa institución avala la "impunidad" del gobernador Ulises Ruiz.
Ante diputados y senadores de las comisiones de Derechos Humanos de ambas cámaras, el ombudsman nacional leyó un resumen del documento (de 181 páginas), en el que hizo un breve recuento del conflicto magisterial y social, que arrojó un saldo de 20 personas fallecidas, 366 detenidas -de las cuales permanecen recluidas 56- y 381 lesionados.
En los hechos de violencia suscitados en esa entidad quedaron acreditados "los excesos de algunas personas, más allá de su derecho de manifestación y faltas a su deber ciudadano de obedecer la ley, pero también funcionarios encargados de la seguridad pública se excedieron en el uso de la fuerza pública al aprehender a varios de éstos y a personas ajenas a la manifestación; también en su traslado ante la autoridad competente hubo agravios a sus derechos fundamentales".
La CNDH constató que las autoridades federal, estatal y municipal incurrieron en violaciones a los derechos de libertad, integridad personal, a la propiedad y posesión, y a la vida. Además, hubo detenciones arbitrarias e ilegales; tortura por parte de la Policía Federal Preventiva (PFP) y la policía ministerial, y violación a la seguridad jurídica de la población por el cierre de oficinas de la procuraduría estatal, lo que generó dilación de la justicia.
También hubo incomunicación de los detenidos y una persona falleció por lesiones causadas por un proyectil de gas lacrimógeno disparado por la PFP.
"Los seis meses de conflicto evidenciaron la incapacidad de las autoridades estatales y el desinterés de las federales para darle solución, lo que produjo vacíos de poder, ocupados por grupos sociales y recuperados (luego) por la autoridad con el uso de la fuerza pública", aseveró el titular de la CNDH.
Además, refirió que durante el conflicto, defensores civiles de derechos humanos fueron amenazados, perseguidos, agredidos, intimidados y difamados para impedir y limitar su labor. "Hubo violaciones a la libertad de reunión, a la libertad de expresión y de información".
Responsabilidad de la PFP
En el informe, que entregó por escrito a las presidentas de las comisiones de Derechos Humanos de las cámaras de Diputados y Senadores, Omeheira López y Rosario Ibarra de Piedra, respectivamente, la CNDH sostiene que la PFP generó la muerte de Alberto Jorge López Bernal, quien falleció luego de que un proyectil de gas lacrimógeno se impactara en su pecho, lo que la ONU equipara a una "ejecución arbitraria".
De igual forma, asevera que elementos de la PFP y la policía ministerial torturaron a detenidos y detuvieron indiscriminadamente a centenares de personas ajenas al conflicto.
También subraya que las dos corporaciones "hicieron uso excesivo de la fuerza, lo cual es injustificable, tanto en el primer desalojo del plantón magisterial como en las detenciones de meses posteriores y la recuperación del centro de Oaxaca".
El informe da cuenta de que las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del estado entorpecieron la labor de la CNDH al "impedir el acceso a la consulta de las actuaciones y retrasar la entrega de la información solicitada sobre el homicidio del periodista Bradley Roland Will. Cuando se entregaron los datos, se hizo de manera incompleta".
En el caso de los traslados de los hermanos Flavio y Horacio Sosa Villavicencio al Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, antes La Palma, la PFP y la policía ministerial violaron sus derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica, porque fueron detenidos con órdenes de aprehensión dictadas por un juez del orden común, y "sin la debida fundamentación y motivación jurídica" se les recluyó en un penal federal. Soberanes Fernández anunció que en 15 días emitirá la recomendación correspondiente.
"Nada nuevo en el informe"
Al término del acto, el ombudsman nacional salió a toda prisa del salón en el que se presentó el informe, debido a que unos manifestantes entraron al lugar con una gran manta en la que exigían libertad a los presos políticos.
En una conferencia de prensa posterior, diputados de PRD y Convergencia, y Rosario Ibarra de Piedra, expresaron sus opiniones sobre el informe. "Todo lo que escuchamos hoy no nos sorprende; hay toda una visión de cubrir con impunidad las violaciones a los derechos humanos en Oaxaca. Escuchamos un informe muy laxo, una crónica ya conocida. No hubo una sola alusión a la responsabilidad del gobernador Ulises Ruiz".
La CNDH "sabe muy bien quién es el brazo armado en esta represión. Tiene nombre y lo sabe la CNDH. Nos quedamos esperando las recomendaciones. Ojalá demande la liberación de todos los detenidos, es lo menos (que puede hacer). Nos decepcionó el informe. La CNDH protege a Ulises, no hubo ninguna mención sobre su responsabilidad".
Los legisladores dieron a conocer que el miércoles por la noche "fueron informados que no iba a haber sesión de preguntas y respuestas. Además, fue suspendido un viaje previsto desde ayer a Oaxaca para investigar la situación. El PAN y el PRI se pusieron de acuerdo, y el diputado Emilio Gamboa dijo que no había dinero para el viaje".