El paramilitarismo, un proyecto social, económico y político, dice el líder opositor

Las políticas de Bush y Uribe sólo benefician a narcos y paramilitares: Gustavo Petro

El embajador colombiano en México profundizó el sistema de impunidad, acusa

DAVID BROOKS CORRESPONSAL

Nueva York, 8 de marzo. El senador Gustavo Petro, líder del principal partido de oposición de Colombia, denuncia que las dos principales vertientes de la política entre Bogotá y Washington convienen al eje narco-paramilitarismo-Estado de su país.

Petro, quien se encuentra en Washington justo antes de que el presidente George W. Bush viaje a Colombia este fin de semana, afirmó que "el principal poder del narcotráfico es su relación con el poder político del Estado", y que, como siguen revelando los últimos escándalos en su país donde legisladores y altos funcionarios han tenido que renunciar, lo que se sabe es sólo "la punta del iceberg".

A la vez, Petro, líder del Polo Democrático y ex integrante del M-19, declaró en entrevista con La Jornada que las políticas promovidas por Bush y el presidente Alvaro Uribe sólo acaban beneficiando al paramilitarismo en Colombia.

"El paramilitarismo básicamente es una red de relaciones entre narcotraficantes, funcionarios públicos y algunos políticos; por eso la palabra no designa lo que existe precisamente en Colombia. Una relación entre el narcotráfico y amplios sectores del Estado colombiano", definió.

La política bilateral entre Washington y Colombia, añadió Petro, está definida casi exclusivamente por dos elementos: el Plan Colombia y el Tratado de Libre Comercio. En torno al primero, el senador ha argumentado ante sus contrapartes aquí que "si el Plan Colombia se diseñó básicamente como una transferencia de recursos para fumigar cultivos de hoja de coca, para fortalecer algunas actividades del Estado fundamentalmente militares, ha fracasado en la medida en que no ha disminuido el flujo de cocaína a Estados Unidos. Pero ha fracasado fundamentalmente porque no reconoce que el principal poder del narcotráfico es su relación con el Estado colombiano".

Se requieren batallones no de militares, sino de abogados

Lo que se requiere, dijo, es un "Plan Colombia para fortalecer la capacidad de investigación de la justicia sobre estos nexos, para fortalecer el movimiento de víctimas del paramilitarismo, y financiar batallones no de militares sino de abogados que defiendan a estas víctimas". Eso, subrayó, tendría un mayor impacto sobre el problema del narcotráfico que los 6 mil millones de dólares invertidos en gasto militar.

La otra vertiente de la relación, el Tratado de Libre Comercio firmado por Bush y Uribe pero aún no ratificado, "implica para la estructura agraria colombiana las siguientes consecuencias: desaparecen los cultivos transitorios, los que se producen varias veces durante un año, principalmente cereales y productos alimenticios -maíz, trigo, cebada, arroz- precisamente los que cultivan millones de campesinos y decenas de miles de pequeños y medianos empresarios. Esa estructura agraria empieza a ser sustituida por otra que básicamente es la de cultivos de tardío rendimiento... bosques comerciales para madera, palma africana, caucho, cacao, etcétera. La estructura social que está detrás de éstos corresponde a propietarios de grandes extensiones de tierra... y de alta liquidez que permiten resistir los largos ciclos de producción. Esos que en Colombia tienen grandes extensiones de tierra y alta liquidez monetaria, prácticamente son un solo: los narcotraficantes".

"El TLC, tal como se firmó entre Bush y Uribe, es un tratado que beneficia principalmente a los narcotraficantes colombianos", sostuvo, y argumentó que ha provocado "gran inquietud" entre algunos legisladores aquí a tal grado que comenzará una ronda de investigaciones sobre el asunto.

Esos nexos entre el narco y secciones del Estado han producido una "fragmentación" del Estado durante décadas que no corresponde a un solo gobierno, tiene presencia tanto a nivel local como nacional. "En ese contexto, el presidente Uribe ha desempeñado un papel durante varios años. Porque siendo el paramilitarismo una red de relaciones para la concentración ilícita de la riqueza, incluida la cocaína, más que una banda de sicarios al lado de un ejército es un proyecto económico y social. El actual presidente de la república, siendo gobernador y después presidente en su primer periodo, incentivó este tipo de proyecto, visto integralmente como un proyecto social, económico y político, una apropiación, una concentración de la riqueza de una forma salvaje, intensa, usando métodos de terror. Pero no se debe a Uribe. Uribe está en ese proceso".

Para la oposición ahora, existe un "peligro inminente" justo porque se están descubriendo todos estos lazos y con ello se empieza "a destruir la arquitectura de la impunidad".

Señaló que esta arquitectura de impunidad fue construida con una "ayuda muy profunda" del actual embajador de Colombia en México, Luis Camilo Osorio, "que siendo jefe de la fiscalía antes de ser embajador, se le atribuye el desmantelamiento entero de unidades de la fiscalía que estaban detrás de las pistas fundamentales del paramilitarismo y que profundizó como nunca antes el sistema de impunidad".

Ahora, dijo, "hay un principio de justicia que produce un intenso temor entre los miles de funcionarios públicos de alta graduación y dirigentes políticos que durante décadas fueron cómplices activos del genocidio y el narcotráfico. Ese temor provoca algunas reacciones, indudablemente ven el peligro inminente y pueden actuar para desestabilizar el país, para impedir que esa verdad florezca y están actuando", indicó.

"El clima de temor entre los relacionados con régimen mafioso coloca a la oposición colombiana en un peligro inminente que ha crecido", señaló Petro, agudizado por la retórica de Uribe acusándola de "terrorista y guerrillera en un país que tiene como costumbre la eliminación física de los contrincantes políticos. No hace tanto, 6 mil militantes de la Unión Patriótica fueron eliminados en un corto periodo de tiempo en todo el país, extinguiendo físicamente a ese partido de izquierda".

"Hay un grave peligro de desestabilización democrática", advirtió. Por eso, Petro sostuvo una reunión con el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, para solicitarle se activen los mecanismos de la Carta Democrática de la OEA, en particular para enviar una delegación de observadores electorales a las regiones más vulnerables a la violencia.

Es en este contexto que el viaje de Bush a Colombia ofrece un espaldarazo "a un presidente que no ha logrado explicar al mundo cómo ha hecho para ser acompañado de centenares de uribistas comprometidos con el genocidio y el narcotráfico". Esta vista es a la vez "un respaldo a dos políticas: el Plan Colombia que ha fracasado y el TLC que beneficia a los narcotraficantes. Son dos políticas insostenibles".