Desde la Dgira, Juárez Palacios ha avalado irregularmente proyectos: Alberto Székely

Preparan múltiples demandas contra funcionario de Semarnat

La CCAAN también indagará el permiso para construir una regasificadora en BC

ANGELICA ENCISO L.

Organizaciones ecologistas presentarán diversas demandas contra el director general de Impacto y Riesgo Ambiental (Dgira), Ricardo Juárez Palacios, ya que durante su gestión se han presentado múltiples irregularidades al autorizar manifestaciones de impacto ambiental (MIA) para la construcción de obras, cuyos beneficiarios son grandes empresarios turísticos y trasnacionales.

El funcionario, quien desde 2001 ha estado en esa dirección, dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ya ha sido demandado previamente.

"Hay listas por todos lados de proyectos autorizados ilegalmente; hay gente que está documentando los casos y nosotros lo vamos a denunciar", advirtió Alberto Székely, abogado del Consejo para la Defensa del Pacífico. Agregó que a Juárez Palacios "lo apoyan muchos intereses comerciales, los que se han visto beneficiados; no obstante vamos a ir a fondo".

El consejo prepara sendas querellas por los avales que se dieron a los proyectos Marina Careyes y la Tambora, en la Costa Alegre de Jalisco y cerca de la reserva de la biosfera Cuixmala-Chamela, ya que las MIA violan la legislación correspondiente, ignoraron el fin para el que se hacen: no definen los daños ambientales que las obras generarán y en consecuencia no establecen medidas de mitigación.

Además, la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte (CCAAN) anunció hace unos días que elaborará un expediente de hechos por autorizar el proyecto de la construcción de una regasificadora de Chevron Texaco en el océano Pacífico.

Organizaciones mexicanas e internacionales, como Center for Biological Diversity, Greenpeace México y American Bird Conservancy, aseveraron ante la CCAAN que la Semarnat transgrede la aplicación efectiva de su legislación al permitir la construcción de la terminal de gas natural licuado en la costa de Baja California, en un área que constituye el hábitat de una colonia reproductora del ave mérgulo de Xantus, así como de otras especies en peligro de extinción.

La Semarnat argumentó ante la CCAAN que las agrupaciones no tomaron en cuenta las condicionantes impuestas al aprobar el proyecto y no reconocen que el cumplimiento deberá comprobarse mediante un programa de seguimiento de calidad ambiental y estará amparado por una garantía. Sin embargo, el organismo trinacional, formado por Estados Unidos, Canadá y México, determinó investigar el caso.

También, el año pasado, las organizaciones ambientalistas Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y el Grupo Ecologista del Mayab (Gema) denunciaron que Juárez Palacios desacató una orden superior para frenar obras y exigir permisos ambientales al hotel Mayan Palace Cancún. Afirmaron que el funcionario se negó a pedir una MIA al hotel y únicamente solicitó un informe preventivo, por lo cual prepararon denuncias.

Presentaron un recurso de revisión en 2002 contra la edificación del Mayan Palace por diversas irregularidades, como dragar y desecar el manglar, y construir 2 mil 800 cuartos en lugar de los 699 autorizados; el área jurídica de la Semarnat les dio la razón en agosto de 2005.

Hace unos días el Cemda y Cielo, Tierra y Mar (Citymar) anunciaron que pedirán un juicio de nulidad contra la autorización para el proyecto de la marina turística que pretende construir Fonatur en el área de la caleta de Cozumel, debido a que contraviene múltiples normas ambientales; frente a ello afirmaron que consideran presentar una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública contra Juárez Palacios.

Autorizaciones irregulares

Alberto Székely explicó en entrevista que el proyecto Marina Careyes, del empresario Roberto Hernández, amigo del ex presidente Vicente Fox, está rodeado de tres áreas naturales protegidas y existen disposiciones legales que deben respetarse. Puntualizó que están el santuario de las islas de Chamela, en playa Teopa; el santuario de las tortugas y por tierra están los humedales de la reserva de la biosfera Chamela Cuixmala.

"Hay pocos lugares en el país donde hay tres áreas naturales protegidas de la mayor vulnerabilidad y delicadeza. El programa de ordenamiento ecológico impone ciertos criterios obligatorios que deben seguir para cualquier construcción y además la ley establece 13 requisitos, los cuales es una obligación de manifestar", detalló.

Recordó que este proyecto se presentó hace dos años, pero estaba tan mal hecho que la Dgira pidió al empresario que lo retirara. Dijo que la organización, que participó como coadyuvante, porque la legislación ambiental lo permite, advirtió a las autoridades que dicho plan estaba mal.

Cuando en el último trimestre del sexenio pasado el empresario lo volvió a presentar, fue autorizado unas horas antes de que concluyera la administración, pero lo antedataron ocho días antes, el 22 de noviembre. Explicó que el 23 de noviembre el consejo presentó una impugnación porque el documento seguía sin cumplir con los requisitos de ley, y lo mismo pasó con Tambora, un proyecto turístico residencial pegado al polígono de la reserva, el cual también impactará las áreas protegidas.

Recordó que en recorridos del consejo por la zona se encontraron obras sin autorización, como la casa del ex gobernador del estado de México, Arturo Montiel, por lo cual un notario público dio fe de los hechos, pero la denuncia que interpuso ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) fue ignorada.

Agregó que sobre los proyectos Marina Careyes y Tambora, la Dgira pidió su opinión a las comisiones nacionales para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad y de Areas Naturales Protegidas, las cuales fueron en contra de esos planes; además el ayuntamiento de la Huerta -donde se localiza el desarrollo de Roberto Hernández- también se opuso. Señaló que la opinión del consejo, como parte de la coadyuvancia, la Dgira lo desechó.

Precisó que ninguna de las dos MIA indican el impacto ambiental que ocasionarán y por tanto incumplen la norma más importante para autorizar esos proyectos, "son una vacilada, si no se manifiestan los impactos, menos se puede prometer medidas de mitigación de ésos. Juárez de ninguna manera debió permitirlos".

En el análisis de los planes por parte del consejo participan los expertos Luis Bojorquez y Gerardo Ceballos, de la UNAM, quienes concluyeron en el caso de Marina Careyes, entre otros aspectos, que la MIA es "inservible" porque no previene los impactos negativos, contraviene disposiciones legales, y sus resultados y conclusiones están sesgados deliberadamente para subestimar los impactos. Este proyecto se hará en 256 hectáreas donde se construirá un campo de golf, una marina y mil 25 cuartos.

En relación con Tambora, del empresario Ari Nieto, planeado en una superficie de 681 hectáreas, en 174 de las cuales se prevé edificar un hotel de gran turismo con 200 habitaciones, salón de convenciones, clubes de playa y campo de golf, el análisis de los expertos es similar: señalan que tampoco se definen los eventuales daños ambientales.

Székely aseveró: "no hemos visto un proyecto que nos tape la boca, porque cumple con la ley; no es que no se puedan hacer desarrollos, pero la ley establece cómo y qué se requiere. Pero ninguno cumple con los requisitos".