Inercia
Las proyecciones económicas de mediano plazo contenidas en el presupuesto federal están hechas con una visión inercial. Así se expone de modo explícito en los Criterios generales de política económica de 2007, preparados por la Secretaría de Hacienda (véase: www.shcp.gob.mx). La inercia se define (según el Diccionario de la RAE, 21ª edición) como la propiedad de los cuerpos de no modificar su estado de reposo o movimiento si no es por la acción de una fuerza. De ahí se desprenden otros significados, como los de rutina o desidia, que, por cierto, no están alejados de la manera en que se manifiesta la gestión de las cosas públicas en el país.
Una visión inercial presupone, entonces, por analogía, que el ritmo de crecimiento de la economía mexicana, que es muy bajo -según se advierte de las tendencias del promedio anual de los pasados 25 años- seguirá comportándose de la misma manera. Hacienda proyecta para los próximos años, hasta 2012, una tasa de expansión inercial del PIB fija en 3.6 por ciento, y de ahí hace las estimaciones fiscales que considera pertinentes.
Ello equivale a reconocer que no existen fuerzas capaces de alterar ese comportamiento. Y el argumento de que las reformas pendientes en materia energética, laboral o fiscal, como están planteadas, lograran modificar esa situación, no ha sido sustentado de manera convincente, sino que, más bien, se basa en una preconcepción de cómo debe funcionar la economía y la sociedad que está cada vez más cuestionada, tanto por la experiencia práctica como por la formulación de las políticas públicas.
Debe haber en Hacienda (¿habrá?) un escenario alternativo que rebase la visión inercial y que puede tener dos facetas: una, donde efectivamente se rompa dicha condición y se aliente un desempeño más dinámico del crecimiento y un mayor bienestar de la gente; otra, que por supuesto no puede descartarse, en el que las condiciones, que hoy están hasta cierto punto relegadas (como quien guarda la basura debajo de los muebles y pretende que su casa esté limpia), provoquen una nueva crisis.
En el enfoque de Hacienda, que se reduce a una concepción contable bastante simplista y sin planteamientos estratégicos de relevancia, existen restricciones bastante fuertes para romper la inercia. Entre ellas están, entre otras, dos muy acentuadas. Primero, la enorme dependencia de la producción manufacturera con respecto a la demanda en el mercado de Estados Unidos; segundo, la fragilidad de las finanzas del gobierno central y, con ello, también las de los estados, asociada con los ingresos que se derivan de la exportación de petróleo y que representan alrededor de dos quintas partes del total.
En el primer caso se advierten las condiciones de la política de apertura externa y la contrapartida de una escasa competencia en el mercado local. El crecimiento reciente del consumo no está sustentado en una mayor generación de ingresos de las familias, sino en la bárbara expansión del crédito, que según las cifras del banco central tenía un saldo del orden de 400 mil millones de pesos en septiembre de 2006, frente a 80 mil millones que había en diciembre de ese mismo año. Así que cualquier deterioro, aunque no sea uno mayor, de las condiciones de la estabilidad financiera actual tendrá un efecto expansivo.
Es con respecto al petróleo donde se está incurriendo en altos riesgos en la programación financiera basada en criterios inerciales, pues, a diferencia de lo ocurrido en los pasados cinco años en que aumentó de modo significativo el precio del crudo y se mantuvo prácticamente la misma plataforma de exportación, lo que aumentó notoriamente los ingresos, ahora se prevén menores precios y una menor plataforma de producción y exportación. Así que la trayectoria inercial puede incluso no sostenerse y hay análisis en el mercado petrolero que indican que el precio de la mezcla mexicana puede llegar a 35 dólares por barril al final de este año. Entonces se pondrá de nuevo en evidencia la debilidad estructural de las finanzas públicas y el peligroso mito de seguir proponiendo, como se ha hecho durante varios años, que esas cuentas son sanas.
Otros asunto que siempre se reconoce sólo de manera velada es la inviabilidad actual del sistema de pensiones en el país y no nada más en el caso de los trabajadores del gobierno, sino del conjunto de esos esquemas. La transición demográfica en el país está en pleno curso y para aprovechar el bono que representa la población joven que debería estar trabajando y cotizando para pagar las pensiones de los mayores, se debería crear una cantidad de empleos formales y permanentes mucho mayor. Pero, en cambio, el mercado laboral opera sobre la base de un riesgoso concepto de ocupación que resulta laxo y, sobre todo, con la válvula de escape de la emigración masiva.
La expectativa de vida ha crecido y también su tasa de crecimiento, y si en sociedades capaces de generar más ingresos para las familias y que cuentan con redes de protección social el asunto es ya un tema clave, en México, con una brutal desigualdad social y lento crecimiento del producto, se sigue postergando un arreglo y con ello se deja una bomba de tiempo financiera y social.