Demanda a Yucatán leyes que protejan a indígenas
Exige relator de la ONU respetar derechos de mayas
Los derechos del pueblo maya en Yucatán han sido constantemente violados, ese sector está sometido a una situación de "discriminación y vulnerabilidad" pese a que más de 50 por ciento de la población de esa entidad es indígena. Por ello, el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre derechos de los pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, pidió a las autoridades yucatecas establecer medidas para combatir esa situación.
En una misiva enviada a las autoridades del estado, el funcionario de la ONU subrayó que es "preocupante" que Yucatán no cuente con una ley para sancionar la discriminación, por lo que consideró "vital" que el Congreso de ese estado tome las medidas para elaborar esa normatividad.
En el documento, Stavenhagen exige al gobierno estatal atender el caso de Ricardo Ucán, maya que fue condenado a 22 años de prisión por matar a un hombre "en legitima defensa", y a quien le fue vulnerado su derecho al debido proceso, pues no contó con un traductor ni tuvo una defensa adecuada.
El 5 de junio de 2000, Ucán -de 55 años dedicado a las labores del campo y quien no habla español- privó de la vida a Bernardino Chan Ek, quien invadió su terreno e intentó agredir con un arma de fuego a la esposa e hijas del inculpado.
A raíz de esos hechos fue puesto a disposición del Ministerio Público del orden común, donde se le siguió proceso en su contra por el homicidio de Chan Ek.
Además, su defensora de oficio, Blanca Isabel Segovia, omitió presentar las pruebas que demostraran que Ucán actuó en defensa de su vida y la de su familia. Amén de que se le negaron diversos amparos y no se analizó su petición de reconocimiento de inocencia.
Tres años después, la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán emitió una recomendación en la que exhorta a las autoridades a documentar la responsabilidad en que incurrió la defensora de oficio "al incumplir con su función pública y dejar en estado de indefensión a Ucán".
El órgano estatal también pide sancionar al entonces titular del MP ante el que compareció el acusado, Vicente Bermejo, al juez que lo condenó, José Teodoro Alonzo; pues estos "no proveyeron de traductor y defensor bilingüe al inculpado, omisión que resulta en una violación grave a los derechos humanos".
También vulneraron los derechos de Ucán los magistrados que le negaron el amparo y el reconocimiento de su inocencia, Fernando Amorós, Mercedes Pérez, Angel Prieto, Ricardo Avila y Mygdalia Rodríguez.
Puesto que se agotaron las instancias nacionales para reparar el daño del indígena, el 31 de marzo de 2004 diversas organizaciones presentaron su situación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que documentaron las violaciones al debido proceso, la discriminación de que fue objeto y la incapacidad de las autoridades locales de proteger los derechos del agraviado reconocidos en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos.
El relator de la ONU conoció del caso desde 2003, por ello, expresa en su misiva que "es preocupante que los tribunales hayan supuesto que el señor Ucán entiende el español, en lugar de asumir la necesidad de contar con juzgados que lleven a cabo proceso en lengua maya", violando así el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Constitución mexicana y diversos tratados internacionales.
Considera que a pesar del interés del gobierno de Patricio Padrón en el caso, "no se ha realizado ninguna medida para resarcir los derechos violados ni a él (Ucán), ni a ningún indígena maya que esté en una situación similar, bajo el argumento de no existir las herramientas legales necesarias".