La canciller María Araújo, hermana de uno de los acusados, se niega a renunciar

Escándalo en Colombia por los nexos de seis congresistas con grupos paramilitares

AFP, DPA, REUTERS

Santafe de Bogotá, 16 de febrero. La canciller colombiana María Araújo rechazó este viernes la posibilidad de renunciar a su cargo, como reclama la oposición, tras la detención de su hermano, el senador Alvaro Araújo, acusado de nexos con grupos paramilitares, y la vinculación de su padre a un proceso penal por los mismos hechos.

"Es un momento difícil para mí, pero así como lo he hecho en estos seis meses al frente de la cancillería, siempre en mi vida política voy a seguir trabajando con eficacia, con honradez, con resultados y con alegría", declaró la funcionaria en un comunicado entregado a la prensa.

Araújo agregó que "el país necesita que trabajemos y así lo seguiremos haciendo", tras señalar que "como canciller de Colombia respeto y acato las decisiones de la justicia", y dijo contar con el respaldo del presidente Alvaro Uribe.

Ante el reclamo de los opositores Partido Liberal y Polo Democrático Alternativo, de que la canciller no debe ser ratificada sino dimitir ante este escándalo que involucra a sus familiares directos, el presidente Uribe afirmó que la señora ministra representa a su propia persona y no puede salir del cargo sólo por "salvar apariencias".

El senador Alvaro Araújo Castro fue capturado la noche del jueves por orden de la Corte Suprema de Justicia, en desarrollo de un proceso por nexos de políticos con las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia, de extrema derecha.

La corte también ordenó la captura de otros cinco congresistas, cuatro de ellos arrestados de inmediato y otro que podría ser pedido en extradición ya que se encuentra en Ecuador. Estos detenidos se suman a tres legisladores más que están en prisión desde mediados de noviembre, acusados de tener vínculos con paramilitares.

Asimismo, la corte ordenó a la fiscalía investigar al ex senador y ex ministro Alvaro Araújo Noguera, padre de la canciller, por presuntos lazos con grupos de extrema derecha. Al efecto, indicó que se disponía a enviar a la fiscalía las pruebas en su poder.

En este contexto, la corte denunció que el jefe de la sala penal que investiga a los legisladores por sus nexos con los paramilitares, Yasid Ramírez, ha recibido amenazas de muerte indirectas por conducto de amigos. Debido a esta situación, el tribunal pidió a las autoridades policiales seguridades para los magistrados y sus familiares.

Mientras la fiscalía llamaba a rendir indagatoria al gobernador de César, Hernando Molina, por el mismo motivo de presuntos vínculos con los grupos de la ultraderecha, la administración estadunidense expresó su confianza en el sistema judicial de Colombia, cuyo gobierno es su principal aliado en América Latina.