El gobierno chiapaneco actúa según un discurso que no aplica en los hechos: Edgar Cortez

ONG: Herrán Salvatti, irresponsable por no acudir al acto con víctimas de abusos

La Limeddh condena a las autoridades estatal y federal por su tibieza frente a agraviados

EMIR OLIVARES ALONSO

La negativa de los altos funcionarios del gobierno de Chiapas para asistir a la ceremonia en que pedirían perdón a víctimas de violaciones a derechos humanos en que incurrió el gobierno estatal en 1995, demuestra que el estado "sólo actúa con base en un discurso que no aplica en los hechos reales, aun teniendo la obligación a escala internacional de hacer efectivas estas garantías", por lo que el fiscal general del estado (procurador), Mariano Herrán Salvatti, actuó de manera "irresponsable" al no presentarse cuando tenía el compromiso con las víctimas, coincidieron defensores de estos derechos.

Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, aseguró que la actitud del fiscal chiapaneco refleja signos "claros" de que no existe voluntad de las autoridades para reconocer su responsabilidad en casos de tortura y ejecuciones extrajudiciales, como en las que incurrió el gobierno de Chiapas en 1995, encabezado en ese entonces por Julio César Ruiz Ferro.

"El reconocimiento (de la responsabilidad de actos de tortura y una ejecución extrajudicial) se escamoteó. Intentaron hacerlo de una manera ambigua para cubrir sólo el protocolo", dijo Cortez.

El activista manifestó que la reparación acordada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que la autoridad estatal pidiera perdón mediante un acto público tiene por objeto no sólo cumplir con el protocolo, sino que el obierno realmente reconozca plenamente los crímenes en que incurrió; por ello, dijo que lo sucedido el jueves pasado -donde funcionarios de segundo nivel leyeron el documento oficial sin la presencia de los agraviados- no cumple con lo establecido por el órgano internacional.

En tanto Luis Arriaga, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, señaló que las víctimas y sus familiares "hicieron bien en salirse" de la ceremonia a la que acudieron funcionarios de segundo nivel, porque con ello manifestaron su inconformidad ante la falta de compromiso de las autoridades.

Exhortó a los funcionarios estatales a cumplir con el acuerdo al que llegaron a través de la CIDH, pues los compromisos asumidos a escala internacional "son para su cumplimiento, no para fines demagógicos".

Calificó de "irresponsable" la actitud de Mariano Herrán Salvatti, debido a que el perdón que tenía que ofrecer no sólo era un compromiso con las víctimas de esos delitos, sino con la comunidad nacional e internacional. "Mostró falta de voluntad porque los derechos humanos van más allá de un acto protocolario; éstos son para que se cumplan plenamente."

Agregó que así como el caso pudo sentar precedentes para reconocimiento de que el Estado asume su responsabilidad ante delitos cometidos; el que la ceremonia se redujera a un acto protocolario sienta un mal precedente "porque era una obligación jurídica. Estaba obligado (el fiscal) a comprometerse e implantar mecanismos para que ese tipo de violaciones a derechos humanos no se repita".

Por separado, Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), indicó que la ceremonia debió ser una acción de "más relevancia" y no "tan limitada" debido a la importancia de los hechos y de las víctimas. "Máxime que significaba de las primeras acciones que se presentaría de reparación y no repetición".

Ramírez afirmó que el acto protocolario tendrá un impacto negativo tanto para el gobierno estatal como el federal, porque "habla de su tibieza, vacilación y titubeo para atender las reparaciones a víctimas que vieron vulneradas sus garantías".