La patria no se vende
Sobre aviso no hay engaño: el gobierno conservador de Felipe Calderón está decidido a convertir una situación de facto en una formalidad legal. Su objetivo es acelerar la privatización energética; entregar al gran capital nacional y extranjero las industrias petrolera y eléctrica. Y para eso necesita modificar la Constitución. Su mentalidad de colonizado, expuesta sin tapujos en su reciente gira europea, no admite equívocos: durante su campaña electoral asumió el compromiso de que Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, las últimas joyas de la corona, deben servir para fortalecer la seguridad energética de Estados Unidos y Canadá, y está dispuesto a cumplir sin demoras con la ayuda de legisladores del Partido Revolucionario Institucional.
Su política continuista de cuatro sucesivas administraciones neoliberales está encaminada a profundizar la dependencia de México: entreguismo en lo económico, subordinación en el área de seguridad, alineamiento con los dictados de Washington en política exterior. Para tales propósitos, septiembre de 2006 fue un mes clave. Consumada la usurpación, con el veredicto del tribunal electoral que sancionó como bueno el fraude construido durante tres años por el foxismo y los poderes fácticos con aval estadunidense, en sendos encuentros semisecretos se amarró la entrega del complejo petrolero y eléctrico nacional a poderosos grupos del sector energético.
Entre los días 12 y 14 de septiembre del año pasado, en el hotel Fairmont Banff Springs, provincia de Alberta, Canadá, tuvo lugar una reunión secreta para "profundizar la integración" de América del Norte. Ante el entonces jefe del Pentágono, Donald Rumsfeld, almirantes y generales de cinco estrellas, ejecutivos del complejo militar-industrial y de grandes corporaciones como Lockheed Martin, la petrolera Chevron y Suncor Energy, los principales asesores de Calderón se comprometieron a hacer de México una "zona segura" de abasto de petróleo para la economía de Estados Unidos. Es decir, a ceder más soberanía.
Allí estaban, entre otros, el actual jefe de la oficina de la Presidencia, Juan Camilo Mouriño; el embajador designado en Washington, Arturo Sarukhan; el entonces secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora, hoy al frente de la Procuraduría General de la República; Ernesto Cordero; el presidente del Grupo Concord, Manuel Arango, organizador de las cadenas empresariales de apoyo a Felipe Calderón; el subsecretario de Relaciones Exteriores, Jerónimo Gutiérrez y Andrés Rozental. Junto a la participación subordinada de México en el "perímetro de seguridad" diseñado por Washington, los emisarios del calderonismo se comprometieron a buscar formas para "desbloquear" el sector energético nacional.
El 20 de septiembre de 2006, en una exclusiva encerrona convocada en un hotel de la ciudad de México por Forbes Conferences, subsidiaria del consorcio mediático del magnate y político estadunidense Steve Forbes, uno de los financieros del Partido Republicano de Estados Unidos, un grupo de ejecutivos y empresarios locales se comprometió a impulsar "reformas estructurales", con el fin de "modernizar" el sector de la energía, las leyes laborales y el sistema fiscal.
Allí estuvieron, entre otros, el entonces representante en México del corporativo de la energía y las armas Carlyle y actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez Kuenzler; el megamillonario Carlos Slim; el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub y Fernando Chico Pardo, presidente del Grupo Aeroportuario del Sureste.
Por esos días, también, Claude Mandil, director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía (EIA, por sus siglas en inglés), organismo dependiente del Departamento de Energía de Estados Unidos, hacía su "trabajo": recomendaba a México la apertura del sector energético. En concreto, adoptar medidas para fomentar la inversión privada en exploración, producción y comercialización de hidrocarburos, rubros vedados por el artículo 27 constitucional.
Desde que asumió el gobierno en diciembre pasado, junto con la formalización legal de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) nueva herramienta neocolonial de Washington para arrancar más concesiones a México, Calderón viene impulsando la privatización de Pemex, por la vía de convertir a la paraestatal en una sociedad de interés público y poner a la venta certificados petroleros de fomento social. Un nuevo subterfugio, que al igual que los ilegales contratos de servicios múltiples, permitirá la penetración directa o a través de prestanombres de las principales petroleras extranjeras. Después seguirá la privatización total de la Comisión Federal de Electricidad y México se convertirá en el "cuarto de máquinas" de la economía estadunidense. Será una "zona segura" de abasto energético instalada en el patio trasero del imperio.
En la coyuntura, la derecha política, sintetizada en la "alianza estratégica" de cinco ex secretarios de Energía con mentalidad entreguista: Luis Téllez Kuenzler, Francisco Labastida Ochoa, Jesús Reyes Heroles, Fernando Elizondo y Felipe Calderón, apoyados por Juan Bueno Torio, ex director de Pemex Refinación, intentarán rematar el sector energético por cuarta vez en un lustro.
Como dijo en estas páginas John Saxe-Fernández citando a Hans Kohn, de consumarse la intentona México se convertirá en una colonia de Estados Unidos; sin defensa nacional, sin política exterior, sin el control de la hacienda pública el destino de México será el de una república bananera. Impedir que se consume el hecho, defender el patrimonio nacional es una tarea patriótica. El petróleo y la electricidad no son del gobierno, ni siquiera del Estado mexicano; son de la nación. Y la patria no se vende, se defiende.