Se viola su derecho a contar con asistencia legal oportuna, advierte la CNDH

Endurecimiento de facto contra migrantes en estaciones del INM

Maltrato, robos, hacinamiento, inseguridad, castigos e incomunicación, algunas de las prácticas

Recientemente debió ser cerrada una de esas instalaciones en Tabasco

Violencia y abuso en Arriaga, el viernes pasado, señala

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) afirmó ayer que hay un ''endurecimiento de facto'' en el trato que reciben los indocumentados que se encuentran detenidos en las estaciones migratorias, ya que no se está respetando debidamente su derecho a contar con asistencia legal oportuna.

Asimismo, el organismo anunció que ha abierto tres expedientes de quejas, de parte de personas y organizaciones no gubernamentales, a cuyos representantes se les ha impedido entrevistarse con migrantes asegurados, y ''hemos tenido conocimiento de dos quejas más en que se obstaculizó el acceso a abogados particulares''.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó el año pasado graves violaciones a las garantías de los migrantes en las estaciones del Instituto Nacional de Migración (INM); inclusive, las instalaciones de una dependencia en Tabasco tuvieron que ser cerradas luego de que se hizo pública la denuncia por maltrato, insalubridad y castigo a los indocumentados. Cabe recordar que el mayor número de recomendaciones de este órgano fueron para el mencionado instituto, dependiente de la Secretaría de Gobernación.

Persona arrojada del tren

La comisión también ha documentado la violencia y el abuso de las fuerzas de seguridad en contra de los migrantes al ser detenidos. Ha denunciado que el INM permite que policías privadas detengan a los extranjeros, e inclusive documentó el reciente caso donde esos cuerpos de seguridad arrojaron a una persona del tren, y como consecuencia de ello le fue amputada una pierna. Asimismo, ha corroborado hacinamiento, trato cruel y/o degradante, incomunicación y robo de pertenencias en las estaciones migratorias.

La denuncia que hace de nueva cuenta la CNDH sobre el abuso de funcionarios del Instituto Nacional de Migración se da en el contexto de la redada efectuada el viernes pasado en Arriaga, Chiapas, en cuyo operativo participaron agentes federales y del mencionado instituto, quienes agredieron y golpearon a los indocumentados que cruzaban territorio mexicano para dirigirse a buscar empleo en Estados Unidos.

Por medio de un comunicado de prensa, la CNDH alerta sobre la conducta del personal responsable de algunas estaciones migratorias que, contraviniendo normas en la materia, ''impiden y obstaculizan que (indocumentados) retenidos en esos sitios pueden recibir asistencia legal y asesoría diversa a la que tienen derecho".

La comisión destaca que al margen de que las autoridades migratorias no han emitido oficialmente información alguna sobre modificaciones a las normas para el funcionamiento de las estaciones, ''existen casos indicativos de un probable endurecimiento de facto en el trato que reciben migrantes detenidos y enviados'' a esos centros.

Abunda que tales conductas de funcionarios del instituto son contrarias al derecho al libre ejercicio de la profesión de los representantes legales y miembros de organismos de la sociedad civil que asesoran a los migrantes.

Compromiso constitucional del Estado mexicano

En su comunicado, la CNDH reconoce la necesidad de que las autoridades migratorias tengan un control adecuado sobre las personas que ingresan a sus estaciones, a fin de resguardar de la manera más amplia la seguridad de los ahí retenidos, de los servidores públicos que ahí laboran, así como de las instalaciones; sin embargo, ello debe realizarse bajo criterios claros, de conformidad con la ley y los procedimientos establecidos en los reglamentos.

Se precisa más adelante que esos criterios ''no deben quedar sujetos al arbitrio o la voluntad discrecional de algún servidor público''. Asevera que es un compromiso constitucional del Estado mexicano ofrecer garantías de seguridad y certeza jurídica a quienes se encuentran en su territorio; es obligatorio salvaguardar y proteger la integridad y el respeto a los derechos humanos de los migrantes irregulares, sobre todo a los que se alberga en dichas estaciones y que están bajo la autoridad directa de los encargados del Instituto Nacional de Migración.

La comisión demanda la debida atención a estos casos, a fin de que se ejerza una mejor supervisión que impida tales conductas contrarias a derecho.