La radicalización
El gobierno de facto de Felipe Calderón, aun con toda su ineptitud y corrupción desbordando todos los días, no oculta en declaraciones disparatadas y actos irracionales su disposición a proseguir la tarea iniciada por sus predecesores de desmantelar a la nación en aras de la globalización neoliberal, y de seguir cancelando derechos a los mexicanos, y a pesar de sus temores a la reacción popular está tomando las primeras medidas en esa dirección.
1. El difícil momento por el que atraviesa el país desde el 1º de diciembre por la imposición del gobierno de facto antinacional y antipopular de Calderón, planteó a los mexicanos la necesidad urgente de actuar de manera más radical en tres ámbitos fundamentales para evitar se siga cancelando a las mayorías derechos fundamentales conquistados a lo largo de la historia y deteriorándose su nivel de vida: en la defensa de los derechos individuales, sociales y colectivos y de la nación.
2. El régimen panista ha estado atentando gravemente contra los derechos individuales de los mexicanos por las ideas retardatarias de sus integrantes y su vocación represiva. Se halla inmerso en la lógica de cancelar los derechos sociales a la salud, la tierra, la seguridad social, la vivienda, el trabajo, la libre sindicalización y la educación laica, libre y gratuita, por su sometimiento a los programas neoliberales del Banco Mundial y del FMI. Y actúa perversamente contra la soberanía nacional al entregar recursos estratégicos al capital trasnacional en virtud del fanatismo neoliberal de sus integrantes, pero también por la corrupción desenfrenada de los panistas que tratan de gobernar, pero no son más que traficantes de influencias vinculados al priísmo salinista y, como ellos, al servicio de multinacionales.
3. La situación es muy grave, pero la respuesta de las fuerzas de oposición, desde la convención nacional democrática hasta el Frente Patriótico Nacional y los sindicatos, y no se diga las fuerzas de la extrema izquierda, a pesar del amplio descontento popular evidenciado en la marcha del 31 de enero, no tienen aún el vigor necesario ni el carácter unitario que se requiere para impedir que la extrema derecha en el poder prosiga la destrucción de México.
4. Los derechos de la persona están seriamente amenazados por la intransigencia ideológica de la derecha en el poder y la necesidad que tiene el gobierno de facto de reprimir el descontento popular ante sus políticas, y por el talante autoritario y oscurantista de quienes se encaramaron en los cargos públicos careciendo de preparación y de visión nacional. El régimen calderonista, impuesto en medio de una campaña de corte fascista en los medios, sigue atentando contra las libertades de expresión y de reunión, interviene en la vida interna sindical y, con pretexto de la "seguridad pública", está creando un Estado policial. Calderón tomó posesión rodeado de decenas de miembros de la policía política, disfrazados de legisladores, y se mueve rodeado de una parafernalia represiva que evidencia nulo consenso.
5. Resulta inadmisible la violación masiva de los derechos humanos que lleva el gobierno ilegítimo no contra la APPO, sino contra el pueblo de Oaxaca, utilizando no nada más a la PFP, a la Marina, al Ejército y a otros cuerpos policiaco-militares, sino a tribunales locales y federales, y que continúe arremetiendo contra los campesinos de San Salvador Atenco, manteniendo a Ignacio del Valle y a varios más como presos políticos y persiguiendo a otros, en particular porque la complicidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con los panistas, dándole largas al asunto al tiempo que varios ministros han justificado la barbarie, crea condiciones para un régimen cada vez más represivo.
6. Las políticas de Calderón para proseguir desmantelando en los hechos el marco jurídico tutelar de los derechos sociales, como hicieron De la Madrid a Fox, obedeciendo el dictado de los organismos financieros internacionales en beneficio del gran capital, está suscitando una viva respuesta social, en particular en el ámbito de la educación pública y de la salud y la seguridad social, así como en el del derecho a la alimentación y a un salario justo, lo que hace ver que la confrontación entre pueblo y gobierno va a ser crítica los próximos años.
7. Un mayor desmantelamiento de la nación por la sumisión de Calderón a Estados Unidos y la entrega de lo que resta de los recursos estratégicos y del petróleo sería muy grave para el futuro de México.
8. La naturaleza del actual grupo gobernante, integrado por traficantes de influencias al servicio de intereses oscuros, no debe soslayarse. El gobierno espurio de Calderón fue impuesto por Fox y los consorcios empresariales integrantes de las mafias de Salinas y del guanajuatense, violentando la voluntad electoral de la mayoría de los mexicanos y transgrediendo el marco constitucional del país en un verdadero golpe de Estado, con el objetivo de continuar usufructuando desde el poder las riquezas estratégicas del país y las concesiones de bienes y servicios en alianza con poderosas corporaciones trasnacionales.
9. El petróleo mexicano ha seguido siendo un objetivo fundamental para muchos intereses, lo mismo para Washington que para empresarios-traficantes de influencias de México, a pesar de que los yacimientos mexicanos no sean ya comparables con los de otras latitudes, y tiene en estos días un carácter simbólico. La privatización de la industria petrolera mexicana, llevada a cabo por la vía de los hechos y en violación a la Constitución, y que el actual titular de Pemex, Jesús Reyes Heroles hijo, pretende proseguir, como cínicamente anunció, tiene que ser detenida radicalizando la acciones jurídicas, legislativas y sociales.
10. Los dirigentes de las fuerzas de oposición al gobierno espurio y de facto deben entender que son la mayoría y que de su lado están la razón y el derecho. Pero nada van a lograr si se siguen moviendo en disonancia con lo que amplios sectores de mexicanos están reclamando y que urge una radicalización de sus acciones en todos los órdenes en este momento crítico.