Editorial
Proteger a los connacionales
El atentado atroz cometido ayer al noreste de Tucson, Arizona, en el que tres indocumentados mexicanos fueron asesinados, dos resultaron heridos y otros siete fueron secuestrados, pone una vez más sobre la mesa la exasperante indefensión que padecen nuestros connacionales en el territorio del país vecino.
Se desconoce hasta ahora la circunstancia precisa de estos crímenes y la identidad de sus autores, que lo mismo podrían ser elementos de alguna mafia de tráfico de personas que integrantes de esas "milicias" formadas por anglosajones racistas que se dedican a la cacería de seres humanos aprovechando el desamparo legal de los trabajadores extranjeros procedentes del sur. Pero puede señalarse de antemano que la condición de indocumentado facilita la conversión de cualquier persona en víctima de toda suerte de delitos y de abusos.
Las condiciones climatológicas y naturales en el tránsito por la frontera son, en efecto, sólo las primeras amenazas mortales que los mexicanos y latinoamericanos sin papeles deben afrontar. Luego vienen la irresponsabilidad y la avaricia de los polleros, quienes no dudan en poner en riesgo la vida de sus víctimas con tal de maximizar sus ganancias infames; la acción de agentes policiales con licencia para matar a discreción; la xenofobia de los granjeros, organizados en las referidas "milicias"; la explotación inmisericorde por empleadores que se aprovechan de la falta de documentos de los recién llegados para obligarlos a trabajar en condiciones deplorables y a cambo de pagas ínfimas; el cerco legal y policial tendido por las autoridades federales, estatales y municipales, que deja a los migrantes fuera de la seguridad social, que margina a sus hijos del sistema educativo y que incluso se traduce en la confiscación, por parte de las autoridades, de sus cuentas bancarias y sus envíos de dinero.
Ante este panorama, los propósitos de reforma migratoria expresados por el presidente George W. Bush y otros integrantes de los grupos políticos de Washington, incluso si no fueran descarados coqueteos electorales hacia los votantes hispanos, serían del todo insuficientes para corregir la injusta e indignante indefensión de que son víctimas los trabajadores migrantes, en especial los mexicanos y latinoamericanos, al norte del Río Bravo.
Un aspecto particularmente descarnado de la inequidad que afecta allá a los migrantes y a los latinoamericanos en general es el trato diferenciado que la justicia estadunidense suele otorgar ante crímenes como el ocurrido ayer en Arizona: cuando los victimarios son de origen hispano, se incrementan las probabilidades de que sean sentenciados a castigos severísimos, incluida la inhumana pena de muerte. En cambio, cuando son las víctimas, aumentan las posibilidades de impunidad para sus verdugos, especialmente si éstos son agentes policiales.
Por ello, resulta necesario, en lo inmediato, exigir que el ataque homicida mencionado sea plenamente esclarecido por las autoridades policiales y judiciales de Arizona y que los culpables, sea cual sea su origen étnico y posición social, se los presente ante los tribunales y procesados conforme a derecho.
En un sentido más amplio, ha de demandarse al gobierno de México que se tome el trabajo de formular una política exterior definida carencia que ha sido suplida, hasta ahora, con gestos erráticos y pendencieros no muy diferentes de los célebres dislates foxistas y que cuente entre sus prioridades la defensa resuelta y enérgica de los trabajadores mexicanos en territorio estadunidense, en el cual, por cierto, enfrentan amenazas no menos acuciantes en materia de seguridad que las que sufren en su país de origen.