Exige al consejero presidente del CEE bajacaliforniano regresar a la legalidad
Interpone el PAN recurso de inconformidad contra la destitución de 2 directores electorales
"Cínica y vergonzante", la designación de Moisés Cervantes, dice Carlos Alberto Astorga
Mexicali, BC, 7 de febrero. El representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo Estatal Electoral (CEE), Carlos Alberto Astorga, interpuso un recurso de inconformidad contra la destitución de los directores del Instituto Estatal Electoral (IEE) y del Registro Estatal de Electores, Javier Lázaro Solís y José Pablo Angulo, respectivamente, y contra la designación de "encargados del despacho" en dichos órganos.
En entrevista, Astorga consideró además que la designación de Moisés Cervantes como director de Administración del CEE fue "cínica y vergonzante" para el organismo, ya que el nuevo funcionario es integrante de un órgano técnico del Partido Revolucionario Institucional.
Destacó que Cervantes fue secretario de Finanzas del Comité Directivo Estatal del PRI en 2005, cuando Enrique Acosta Fregoso, candidato plurinominal al Congreso local con miras a las elecciones del próximo 5 de agosto, encabezó ese partido.
El también coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Congreso de Baja California exigió al consejero presidente del CEE, Víctor Alarcón Requejo, que "regrese a la senda de la imparcialidad, la legalidad y transparencia", características que según el legislador fueron factores claves para que se le otorgara el cargo que detenta.
El 30 de enero, el CEE destituyó por mayoría al director general del IEE, Javier Lázaro Solís, y al titular del Registro Estatal de Electores, José Pablo Angulo. En sus lugares quedaron Giovanni Adame y Arturo Camacho; este último pertenece al grupo político del senador priísta Fernando Castro Trenti, coordinador de la campaña de Jorge Hank al gobierno de Baja California.
La impugnación jurídica contiene como actos reclamados la propuesta que hizo Alarcón Requejo, ya que la figura de "encargados de despacho" no existe en la Ley de Instituciones y Procesos Electorales, a diferencia de los nombramientos definitivos por mayoría calificada de cinco de siete consejeros ciudadanos, debido al "gran significado y trascendencia para el desarrollo del proceso electoral".
Otro acto reclamado, afirmó Astorga, son los que eventualmente realicen Adame y Camacho durante su desempeño, atendiendo a la ilegalidad de sus nombramientos. "Es de interés de los partidos políticos, porque se pueden vulnerar sus derechos y los principios que rigen el desarrollo del proceso electoral estatal", agregó.
En conclusión, señaló, no existe disposición constitucional ni legal en la que se contemple la figura del "encargado del despacho", por lo que la propuesta del consejero presidente para designar nuevos directores carece de fundamento y motivación jurídica.