Política pública
Resulta que según Calderón el debate en América Latina no es entre izquierda y derecha, sino entre pasado y presente; no entre visiones ideológicas, sino entre democracia y autoritarismo. Lo cierto, sin embargo, es que entre los electores se ha ido consolidando la convicción de que las elecciones pueden ser el momento decisivo para cambiar de rumbo, escogiendo un gobierno que propone una política pública diferente de la que ha sido dominante en la región en los pasados 25 años. Se trata de una opción política que ya gobierna y que empieza a rendir frutos que se reparten en diversas áreas: en los impuestos, en la definición de políticas de gasto, en el manejo de la deuda pública y en la evolución de las remuneraciones reales.
La deuda pública en Latinoamérica es central. Lo ha sido desde siempre. Servirla ha provocado etapas recesivas intensas. De modo que controlarla es importante y reducirla lo es más. En años recientes ha habido un desendeudamiento significativo en la región: en términos relativos pasó de un promedio de 38.9 por ciento del PIB en los años 1997-2003, a 29 en 2004-06, siendo en este último año de un poco menos que la cuarta parte del producto. En términos absolutos eso ha significado una reducción de 125 mil millones de dólares en tres años. Argentina explica 58 mil millones de esa reducción, los que sumados a otros 58 mil millones de Brasil dan cuenta del grueso de la disminución de la deuda externa en la región entera.
En el caso de México, según la información que difunde la Secretaría de Hacienda, el saldo de la deuda bruta externa del sector público federal se ha reducido hasta llegar a 53 mil 921 millones de dólares en diciembre pasado, en tanto que la CEPAL reporta en México una deuda externa bruta de 130 mil 946 millones en ese mismo mes, apenas mil 325 millones menos que en 2003. Ello es un indicador del endeudamiento externo del sector privado que toma crédito en dólares, dada las dificultades crediticias internas y el diferencial en los intereses a pagar. Lo importante es que, en efecto, el gobierno ha reducido su deuda externa neta. Como proporción del PIB pasó de 8.4 en 2000 a 4.4 en 2006 y como porcentaje del total se redujo del 44.7 en 2000 al 21.9 en 2006.
La reducción de la deuda no ha sido privativa de gobiernos de algún signo ideológico. Esta reducción se ha podido operar gracias al crecimiento de las exportaciones, el alza en los precios de los principales productos de exportación, el incremento en las remesas de los trabajadores emigrados, lo que ha impactado a la baja los tipos de cambio reales. No obstante, detrás de esta política y esas razones compartidas comunes hay diferencias sustanciales. Una de ellas, que resulta fundamental, es que mientras para un gobierno de izquierda ganar independencia frente a los organismos financieros internacionales permite políticas macroeconómicas heterodoxas, para los gobiernos de derecha el alineamiento con las políticas liberales es natural.
Otra diferencia se ubica en un hecho básico: disminuir la deuda externa implica reducir los pagos por amortizaciones, intereses y comisiones. Ello libera recursos fiscales que generan una demanda que puede servir para dinamizar la economía, invirtiendo en proyectos de desarrollo con efectos multiplicadores, apoyando crediticiamente a empresas generadoras de empleos decentes, etcétera. Esa una razón que justifica usar excedentes en divisas, derivados del incremento de exportaciones y/o de precios favorables para nuestros productos. Los gobiernos de Argentina, Brasil, y recientemente el de Bolivia, han decidido aprovechar la bonanza actual a favor de su desarrollo.
En cambio, el gobierno mexicano, fiel a la ortodoxia económica, ha reducido su deuda externa, pero como piensa que se crearía una demanda que pudiera generar presiones inflacionarias, decidió contratar deuda interna en cantidades equivalentes. De ese modo se neutralizaron los posibles efectos sobre el nivel de precios. Consecuentemente no liberó recursos. Al contrario, resulta que los intereses y comisiones de la deuda interna son mayores que la externa, lo cual ha implicado que el costo financiero de la deuda pública total no se haya reducido, sino que aumentó.
Esta diferencia no es entre pasado y futuro, sino entre una restricción ideológica que privilegia los equilibrios macro, frente a la decisión para plantearse mejorar el nivel de vida de la población. Eso es lo que se discute en el subcontinente no sólo retóricamente, sino implementando una política pública capaz de cumplir con la responsabilidad fundamental de cualquier gobierno.