Admite que existe desinformación sobre el proyecto

Funcionario de la ONU será portavoz de opositores a La Parota

Acapulco, Gro., 7 de febrero. Amerigo Incalcaterra, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, aceptó llevar ante el gobierno federal y estatal los reclamos del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota, aunque dijo que es evidente la desinformación entre los integrantes de esta organización sobre ese proyecto hidroeléctrico.

El funcionario efectuó ayer una gira por la zona de La Parota, en compañía de Abel Barrera y Vidulfo Rosales, miembros del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, ante quienes los opositores a la hidroeléctrica ratificaron su rechazo a la obra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que inundaría 36 comunidades de los bienes comunales de Cacahuatepec.

La comitiva se reunió en el poblado Agua Caliente, de donde partieron hacia la localidad de Garrapatas. Allí fueron recibidos por unos 20 estudiantes de secundaria, quienes portaban pancartas con las leyendas ''No nos quiten nuestro patrimonio'', ''No a la presa La Parota'' y ''La tierra es de quien la trabaja''.

Luego, unas 50 personas pidieron al comisionado de Naciones Unidas que intervenga en el conflicto que inclusive ya ha costado vidas. Los pobladores le mostraron fotografías de los agentes policiacos que el año pasado les prohibieron el paso y los agredieron en asambleas ejidales efectuadas en El Campanario y San Marcos, donde se votó y aprobó la expropiación de tierras para la construcción de la presa, las cuales ­insistieron­ fueron ilegales, porque se realizaron fuera de los núcleos agrarios.

Asimismo, mostraron una gráfica de los poblados que serán inundados y las afectaciones que provocará la desviación del río Papagayo, de donde se abastecen de agua y sustraen peces y otras especies para su consumo.

El representante de la ONU preguntó a los campesinos si aceptarían el proyecto en caso de que obtuvieran beneficios. Los comuneros reflexionaron la respuesta y alzaron la voz ratificando unánimemente su rechazo.

Luego, en el poblado Tasajeras, unas 100 personas le expusieron que entre las firmas presentadas al gobierno estatal autorizando la expropiación había gente que desde hace años vive en el extranjero y lo peor es que incluyeron firmas de personas fallecidas.

Los opositores al proyecto le señalaron que el padrón es de 7 mil 280 personas, cuando existen aproximadamente 30 mil habitantes, y que el documento está en manos de los comisarios que, por depender del gobierno, no lo han actualizado ni depurado.

Le dieron a conocer también la violación que el gobierno del estado y la Comisión Federal de Electricidad hacen a las medidas cautelares emitidas por el tribunal unitario agrario 41, y al amparo otorgado por el juez tercero de distrito, que prohíben cualquier tipo de obra dentro de los bienes comunales.

Los comuneros pidieron al representante de la ONU ser portavoz de sus exigencias e inconformidades ante los organismos internacionales de derechos humanos y los gobiernos federal y estatal, a lo que Incalcaterra se comprometió a hacerlo de manera objetiva.

Finalmente dijo que este asunto no es algo que las autoridades puedan eludir, pues es un proceso que se debe hacer con respeto para todas las posturas, porque es importante ver que ha fallecido gente en este conflicto y la división social que se está generando.