Representantes del organismo, preocupados tras reunirse con Alessio Robles
Ambigua respuesta de Gobernación a las denuncias, señala Amnistía Internacional
''No estamos convencidos de que los derechos humanos sean prioridad para el gobierno''
Los representantes de Amnistía Internacional (AI) que acudieron ayer a la Secretaría de Gobernación (SG) recibieron, por parte de funcionarios de esta dependencia, ''una respuesta ambigua e insegura'' respecto de los señalamientos de violaciones a derechos humanos ocurridas en México de 2004 a la fecha, particularmente en los casos de Atenco y Oaxaca.
''No estamos convencidos de que los derechos humanos sean prioridad para este gobierno; por el contrario, hay síntomas preocupantes; no hemos recibido mensajes tranquilizadores'', advirtió Esteban Beltrán, director de la sección España de Amnistía.
Dijo que es preocupante que nadie haya sido procesado hasta el momento, pese a la existencia de 26 denuncias de abuso sexual (en San Salvador Atenco, estado de México), así como registros de 19 casos de tortura, en 2004, en Guadalajara, Jalisco.
Precisamente en este último episodio, el actual titular de la SG, Francisco Ramírez Acuña, era el gobernador y quien se negó a contestar a los señalamientos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
''En México hay un problema grave de impunidad; nos vamos preocupados'', dijo Beltrán al término de un encuentro de poco más de una hora con el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Miguel Alessio Robles, así como con la titular de la Unidad de Derechos Humanos, Carmen Díez.
Advirtió que ''los casos como Atenco o Oaxaca son la punta del iceberg de un problema gravísimo'' que tiene que ver con la impunidad, lo cual provoca que casi nadie denuncie ante el Ministerio Público y que sólo 14 por ciento de esas quejas sean recibidas.
Una promesa...
Beltrán y su compañero Rupert Knox, investigador del secretariado internacional de AI, del Programa Regional para América, salieron de Gobernación con la única promesa de que el gobierno del presidente Felipe Calderón enviará al Poder Legislativo una iniciativa de reforma constitucional (en torno al sistema judicial) en la que se incluyen algunos aspectos recomendados por AI como la presunción de inocencia.
Dijo que Amnistía Internacional esperará a que el gobierno calderonista defina sus prioridades en los primeros cien días de gestión, y si el tema de los derechos humanos está en esa lista.
Confió, por ello, en que el gobierno mexicano cumpla en materia de derechos humanos por voluntad propia; no obstante, de manera paralela, Amnistía enviará cartas a todas las representaciones consulares en torno a la situación que priva en México.
''Amnistía Internacional y los miembros de esta organización en todo el mundo, que son dos millones de personas, irán a las embajadas de México a transmitir esta preocupación; a su vez, el gobierno y el Congreso de este país recibirán miles de cartas para que avance esa reforma'', agregó.
Por lo pronto comentó Esteban Beltrán, ''lo que vemos son síntomas preocupantes, como la supresión de la fiscalía para asuntos del pasado o la falta de reconocimiento de que la tortura es un problema grave en este país''.
Los enviados de Amnistía Internacional entregaron al subsecretario de Gobernación el informe difundido horas antes, en conferencia de prensa, el cual incluye 35 casos que evidencian, en conclusión de este organismo internacional, el fracaso del sistema de procuración de justicia, debido fundamentalmente a la impunidad.
De acuerdo con Rupert Knox, los funcionarios gubernamentales se comprometieron a emitir una respuesta tras estudiar el informe de AI.
Respecto de las denuncias de violaciones a derechos humanos en San Salvador Atenco y Oaxaca, destacó que la autoridad no ha cumplido en la investigación de los casos y, por el contrario, las víctimas tienen que señalar, investigar y dar pruebas del delito.
''La obligación del Estado mexicano es investigar y recabar las pruebas, eso es fundamental''.
La perspectiva del subsecretario agregó Knox es que la respuesta gubernamental se dará en la iniciativa de reforma antes citada.
''Dicen que están comprometidos (con los derechos humanos), pero nosotros queremos pruebas, indicadores reales de cumplimiento'', concluyó.