México SA
Llévele, llévele
Rebasar por la ultraderecha
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Humo de las chimeneas de una fábrica durante el atardecer en la ciudad siberiana de Achnisk, a 180 kilómetros de Krasnoyarsk, Rusia
Foto: Reuters
Con los mismos pretextos, justificaciones y evasivas, los legisladores panistas con el crucifijo calderonista en la mano, como antes el foxista y algunos priístas una vez más van en pos de la "modernización" (léase privatización) del sector energético mexicano.
Una alianza de ex secretarios de Energía (Francisco Labastida, priísta, en tiempos de Miguel de la Madrid, y Jesús Reyes Heroles hoy director de Petróleos Mexicanos, en los de Ernesto Zedillo; Fernando Elizondo y Felipe Calderón, más Juan Bueno Torio, el cuestionadísimo ex director de Pemex Refinación, en los de Vicente Fox, y el mole de todas las fiestas (Santiago Creel) aparecen como el grupo visible de esta nueva intentona (la cuarta en cinco lustros) por rematar el sector energético, constitucionalmente reservado al Estado (no es gratuito que todos ellos hayan sido, son, agentes de la venta de garage inaugurada 25 años atrás).
Cuatro ex secretarios de Energía (originalmente la institución llamóse Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal; cinco lustros después sólo queda la energía, y con sus bemoles) que a lo largo del periodo citado lograron entregar una tercera parte de la generación de energía eléctrica al capital privado; los principales yacimientos de gas natural a las trasnacionales; minimizar la participación del Estado en petroquímica; endeudar a Petróleos Mexicanos a grado sumo; cancelar inversiones en infraestructura, ordeñar las finanzas de Pemex hasta la ignominia, y demás obras maravillosas, con el único fin de justificar la privatización del sector, especialmente el petrolero.
Pues bien, aquí vienen de nuevo, tras que el inquilino de Los Pinos ordenara seguir (rapidito y de buen modo) el camino fallidamente andado por Fox y sus antecesores. A lo largo de los años, PRI y PAN (la concertacesión al poder) se han aliado en un sinnúmero de ocasiones, la mayoría de ellas para "legalizar" actos abiertamente ilegales (las elecciones de 1988 y el Fobaproa, por ejemplo), aunque en otras el PRD también ha hecho su mejor esfuerzo (ley Televisa, verbigracia).
Y en las prisas ni siquiera se han tomado la molestia de cambiar de discurso: que "no deseamos que se malogren los principios rectores de carácter constitucional en materia de hidrocarburos y de energía eléctrica, pero sí pensamos que tenemos campo y margen de acción para hacer muchas cosas"; que "no podemos seguir en un esquema de exportación de crudo barato e importación de gasolina cara (que le reclamen a la Secretaría de Hacienda, porque los impuestos constituyen la mayor parte del precio final de la gasolina); que "no buscamos privatizar a Pemex, sino fortalecerla como empresa pública"; que "tenemos que dar al país la posibilidad de lograr la seguridad energética sin que pierda el Estado el control de Petróleos Mexicanos"; que "nuestra empresa petrolera no tiene porqué ser tercermundista"; que sí entrará el capital privado, pero "sin que sea en áreas estratégicas", y demás clichés para justificar la nueva andanada privatizadora.
En la misma línea, el inquilino de Los Pinos dijo ayer: "defender nuestra Constitución es cumplir y hacer cumplir sus mandatos, enarbolar y practicar los principios y valores en ella consagrados". Eso en el discurso, porque en los hechos la instrucción girada en materia energética precisamente viola mandato, principios y valores constitucionales.
Entonces, si atendemos el lenguaje oficial "nada" se ha privatizado en los últimos 25 años. Lo que sí se ha hecho es "modernizar", "desincorporar", "capitalizar", "complementar", "adelgazar" y/o "concretar alianzas estratégicas", mediante las cuales se privatizaron alrededor de mil 200 empresas públicas, muchas de ellas "rescatadas" por el erario. Y ya viene lo que queda del sector energético.
Nada, pues, que no se haya intentado en 25 años, con el mismo discurso: "es necesario complementar la inversión pública con inversión privada, bajo diversas formas de participación, para lo cual es indispensable dar plena certeza jurídica a la inversión (privada). Es precisamente esta última, la razón de nuestra insistencia en que la reforma al sector abarque también una reforma a la Carta Magna.
"La adecuación al texto de los artículos 27 y 28 constitucionales es la única manera de otorgar plena certidumbre jurídica, y con ello dar viabilidad al sector eléctrico sin perder el control del mismo. En esta materia, lo que buscamos es que se establezca con toda claridad, en la Constitución, que los particulares podrán generar la energía eléctrica de manera complementaria a la que generan las empresas del Estado.
"A nadie le conviene una legislación que suponga riesgos. Debemos reformar para dotar de seguridad a la inversión existente, alentar la futura y al mismo tiempo dejar en claro en el mismo texto constitucional que el servicio público de energía eléctrica será prestado de forma exclusiva por el Estado a través de las empresas públicas.
"Ninguna legislación secundaria podrá dar los espacios de garantía y claridad que una modificación al texto constitucional puede establecer en materia de certidumbre, confianza y seguridad a todos los actores. Lograr que la inversión pública y privada compartan la responsabilidad de invertir en el sector generación, nos permitirá, además como gobierno federal, destinar recursos a otras áreas,..."
A cualquiera de los cinco gerentes de la venta de garage puede atribuirse esas palabras, aunque en este caso corresponden a un efímero secretario de Energía (de los cuatro que tuvo el "cambio"), es decir, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, el 17 de noviembre de 2003 al comparecer en el Senado.
Las rebanadas del pastel
Calderón aseguró que rebasará al PRD por la izquierda. Bien, en venganza ahora el PRD lo rebasará por la ultra derecha, comenzando en Yucatán con la siempre pía Alma Rosa Payán... Cuando se pierde la brújula, hay que reemplazarla.