Conflicto ético o no, lo cierto es que las autoridades tendrán que legislar sobre el tema

Desarrollo de semillas transgénicas, debate que enfrenta a los especialistas

LAURA POY, ANGELICA ENCISO, MATILDE PEREZ/II

Calificado por un sector de la comunidad científica de "neoliberalismo a escala molecular", desligado de las necesidades de la sociedad y reivindicado por otro grupo como tecnología capaz de revolucionar la producción agrícola y alimentaria del mundo, el desarrollo de las semillas transgénicas ha propiciado un intenso debate ético que enfrenta a especialistas de todo el planeta.

Investigadores mexicanos han denunciado que existe conflicto ético cuando se propicia un estrecho vínculo de grupos científicos con intereses económicos de grandes empresas trasnacionales en busca de potenciales mercados para sus productos.

Es evidente, alertaron, que quien se dedica a investigar, regular e impulsar políticas públicas para el desarrollo de nuevos proyectos "no puede además recibir dinero de trasnacionales por la misma actividad sin caer en una prostitución", pues ante la falta de códigos y comités éticos "estamos expuestos no sólo a fraudes, sino a graves conflictos de intereses".

En contraste, Luis Herrera Estrella, coordinador del Proyecto Maestro Maíz ­plan de investigación de Monsanto y Pionner-Dupont en campos experimentales públicos­ y director general del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad, destacó que el papel de la ética en torno del trabajo científico con transgénicos ha tomado relevancia desde hace más de una década, pero aclaró que es necesario "definir qué es ética y a qué nos referimos con aspectos éticos".

En cuanto a la colaboración de investigadores con grandes empresas para impulsar el desarrollo de semillas transgénicas, señaló: "no creo que haya ningún problema ético ni que se caiga en conflicto de interés, porque el objetivo de transferir tecnología a las empresas es que se explote comercialmente y beneficiar a la sociedad a escala mundial, y si se puede hacerlo a nivel nacional, pues mejor".

Si se explota comercialmente esa tecnología, indicó, hay beneficio para el país, para la institución y para el investigador, "porque si yo la transfiero soy dueño de la tecnología y me tienen que pagar por utilizarla. Esto es muy importante, porque ahora vendemos mano de obra con un valor muy bajito, pero si comercializamos nuestra creatividad, si vendo lo que hice en un año a una empresa multinacional, no lo voy a hacer en 2 mil dólares, lo puedo hacer en 100 mil, un millón o 5 millones de dólares".

Científico-empresario, el conflicto

A menos de tres décadas de que se inició un acelerado desarrollo de la tecnología biológica capaz de alterar el material genético de un organismo vivo, científicos, filósofos y especialistas han insistido en que subsiste un debate ético "no sólo por los riesgos que puede implicar su aplicación, sino porque comienza a crecer el número de científicos-empresarios que no tienen como único objetivo el conocimiento en beneficio de la sociedad, sino también la creación de productos factibles de vender en el mercado".

Octavio Paredes, catedrático del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y ex presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, destacó que ante la falta de comités de ética en la mayoría de los centros de investigación del país, "no sólo estamos expuestos a fraudes como los detectados en Corea con las investigaciones genómicas, sino a que se incurra en comportamientos poco éticos e inclusive en conflictos de intereses".

Agregó que el debate ético en torno del desarrollo de semillas transgénicas "no va a ocurrir adecuadamente si no tememos comités de ética, pues en cualquier país que haya buena organización de su comunidad científica resulta prácticamente impensable que un investigador trabaje al mismo tiempo para una institución pública y para una trasnacional si antes no se determinó con claridad que no existe ningún conflicto de interés".

Al respecto, el investigador de la Universidad de Berkeley Ignacio Chapela ­quien dio a conocer en noviembre de 2001 la presencia de transgenes en los cultivos de maíz criollo en Oaxaca­ consideró que la vinculación entre científicos y empresas sólo tiene una palabra: prostitución.

Consideró que desde hace varios años se debió atender el problema del conflicto de intereses. "Uno no puede hacer investigación, regulación, políticas y recibir dinero por la misma actividad".

Aseveró que en México "hay un grupo de científicos e instituciones prostituidas; da tristeza que esas instituciones acaparen una cantidad desproporcionada del presupuesto público, que de por sí está mal, y que se vaya a quienes además reciben dinero de las empresas".

Cabe recordar que el mismo Chapela fue víctima de una intensa campaña en su contra, luego de que publicó en la revista Nature los resultados de sus investigaciones sobre la contaminación del maíz criollo, cuando trasnacionales como Syngenta ­fusión de Novartis y Astra Zeneka­ promovieron que un grupo de científicos abogara por la aplicación de esa tecnología desacreditando sus investigaciones.

Por su parte, Julio Muñoz Rubio, catedrático del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especialista en el estudio de las relaciones ciencia-sociedad, destacó que uno de los grandes conflictos éticos que enfrenta la aplicación de ese tipo de tecnologías es que se trata de un campo del conocimiento que "nace asociado con los intereses de grandes trasnacionales y no de la sociedad".

El concepto hegemónico de la ciencia contemporánea está "cada vez más ligado con los intereses del mercado. Vivimos una época en la que existe una correspondencia muy clara entre una concepción capitalista del mundo y una ciencia que busca hacer cosas para el corto plazo, productos factibles de comercializar. No se trata del conocimiento por el conocimiento, sino de fabricar mercancías".

Este diario buscó la opinión de otros especialistas que apoyan el desarrollo de las semillas transgénicas, como Francisco Bolívar Zapata, catedrático del Instituto de Biotecnología de la UNAM, y José Luis Solleiro, director ejecutivo de la Agrobio, asociación que agrupa a trasnacionales como Monsanto, Dupont-Pionner, Syngenta y Bayer, solicitud que no fue atendida por los investigadores.