Ninguna intención de implicar a grandes empresas
Indaga PGR si alguna firma rehusó vender maíz en forma injustificada
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La PGR investiga si el acaparamiento de maíz causó el incremento en el precio de la tortilla. En la imagen, establecimiento en Michoacán
Foto: Mario Antonio Núñez López
La Procuraduría General de la República (PGR) mantiene abiertas dos averiguaciones previas para investigar a empresas y personas que concentran la producción de maíz, conocidos como acaparadores, con el fin de determinar si realizan actos monopólicos prohibidos por el artículo 28 de la Constitución o si incurrieron en algún tipo penal previsto en el artículo 253 del Código Penal Federal, lo cual se sanciona hasta con 10 años de prisión, revelaron fuentes oficiales.
La primera indagatoria fue iniciada la segunda quincena de enero, tras denuncia presentada por el departamento jurídico de la Secretaría de Economía; la segunda se abrió el pasado día 29, ante otra denuncia de hechos, en esa ocasión señalada ante el Ministerio Público Federal por el senador perredista Ricardo Monreal.
La actuación de la PGR está destinada a detectar si un particular o una empresa acaparó, ocultó o se negó a vender de manera injustificada el maíz producto de consumo generalizado para obtener un alza en los precios o afectar el abasto.
De acuerdo con las fuentes consultadas, la dependencia federal prevé acumular las dos averiguaciones para que un grupo de agentes del Ministerio Público especializados en econometría realicen las pesquisas necesarias.
Agregaron que la principal línea de investigación apunta a que varios dueños de tortillerías, de manera independiente y sin previo acuerdo entre sí, ante el aumento de los precios internacionales del maíz, guardaron los stocks (reservas del producto) por varios días, para después vender a mayor precio. Esa acción de particulares habría provocado que el precio de la tortilla se disparara hasta 15 pesos por kilo.
Otra línea en la que se investiga es si hubo alguna acción monopólica de empresas "especuladoras" que hayan acordado evitar la competencia entre sí, y que eso hubiera traído como consecuencia que los consumidores pagaran precios exagerados por la tortilla.
Sin embargo, las fuentes consultadas precisaron que esta hipótesis es de las más débiles para la PGR, a grado tal que para los agentes ministeriales encargados del caso no existe la intención de citar a directivos de empresas dedicadas al ramo de la masa y la tortilla, como Maseca o Cargill.
En días pasados La Jornada consultó a tres destacados penalistas mexicanos sobre los alcances jurídicos que tiene la PGR para investigar y sancionar a "acaparadores y especuladores" del maíz y la tortilla.
Luis Madrigal Pereyra, del consejo directivo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, aseguró: "lo que tiene que hacer la PGR es decir: subieron los precios de la tortilla, al parecer por acaparamiento; si llega a la conclusión de que nadie acaparó, que fue un problema de producción o derivado del alza internacional del precio del maíz, se cierra el expediente y todos contentos; pero si no investiga, sería una omisión que podemos traducir en ilegalidad".
Fernando Gómez Mont, especialista en derecho penal, señaló que las investigaciones por delitos contra la economía pública son poco comunes en el país, por lo que "es probable que en la PGR no sepan ni cómo se mastican esos tipos penales, ya que implica pruebas técnicas, en econometría".
El penalista Alonso Aguilar Zinser aseguró que cuando se trata de delitos contra la economía pública "la ley no sanciona que un cuate suba los precios, porque el mercado libre lo va a perjudicar; lo que sí sanciona son los monopolios y oligopolios, a aquellos que acuerden evitar la competencia entre sí, y que eso traiga como consecuencia que los consumidores paguen precios exagerados".