Usted está aquí: martes 30 de enero de 2007 Sociedad y Justicia Denuncian negligencia de inspectores de Trabajo en caso Pasta de Conchos

Desde 1998 exentaron a Minera México de revisiones; entregan pruebas a la PGR

Denuncian negligencia de inspectores de Trabajo en caso Pasta de Conchos

No bajaban a los túneles a supervisar las condiciones reales de la excavación, acusan

LEOPOLDO RAMOS CORRESPONSAL

Saltillo, Coah., 29 de enero. Desde 1998, los inspectores de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) exentaron a Industrial Minera México (IMM) de las revisiones en la carbonera Pasta de Conchos, donde hace poco menos de un año 65 mineros murieron en una explosión que se originó por deficiencias en el sistema eléctrico, elevadas concentraciones de gas metano y la ausencia de polvo inerte, indispensable para reducir la explosividad en este tipo de canteras.

Esta información aparece en dos expedientes con centenares de documentos y pruebas testimoniales de los trabajadores, que familiares de las víctimas de Pasta de Conchos consiguieron y entregaron este lunes a la Procuraduría General de Justicia del estado, que integró los datos a la averiguación que desarrolla sobre los hechos de la madrugada del 19 de febrero.

La información ubica al ex titular de la STPS, Francisco Javier Salazar Sáenz, y a los principales directivos de IMM, en la lista de responsables de la muerte de los carboneros.

Elvira Martínez Espinoza, esposa del minero Jorge Bladimir Muñoz Delgado, uno de los fallecidos en el siniestro, dijo que los documentos fueron elaborados por la misma STPS, y que las testimoniales son de trabajadores y ex trabajadores del yacimiento que se localiza en San Juan de Sabinas, Coahuila, donde aún permanecen atrapados los cadáveres de 63 mineros.

Dijo que la información se consiguió mediante un amparo que promovió con la ayuda del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) y de la Pastoral Laboral de la Diócesis de Saltillo, que encabeza el obispo Raúl Vera López.

El abogado Manuel Fuentes, representante de algunos de los deudos, informó que si bien hay bitácoras y oficios de inspección de seguridad en Pasta de Conchos, también existen evidencias en torno a que los inspectores no bajaban a los túneles a revisar las condiciones reales de la excavación.

Dijo que se pudieron conseguir algunas actas de inspección falsas, levantadas antes del estallido, donde se asentaba que en Pasta de Conchos "no existe irregularidad alguna" aun cuando en el interior de la mina "había aparatos eléctricos inapropiados y defectuosos, las concentraciones de gas metano eran extraordinarias y el polveo era insuficiente, lo cual indica que los directivos de la empresa sabían que los trabajadores estaban bajo riesgo, pero no hicieron nada para solucionarlo".

Añadió que también se consiguieron evidencias que revelan manejos administrativos fraudulentos en perjuicio de los trabajadores, en los que habría existido complicidad tanto de "altos directivos de IMM como de la Secretaría de Trabajo".

Dijo que La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece la obligación que tiene el secretario de Trabajo para vigilar el cumplimiento de las normativas de seguridad en las minas. Destacó que según documentos de la propia STPS, Salazar Sáenz nunca cumplió con esta responsabilidad.

A su juicio, "es evidente y con esta información se comprueba de manera plena la negligencia y corrupción que imperaron en Pasta de Conchos antes de la tragedia".

Al respecto, el obispo de Saltillo Vera López consideró que la Procuraduría de Justicia estatal tiene en su poder información suficiente para proceder jurídicamente en contra de "los principales directivos de Industrial Minera México", y de la Secretaría de Trabajo en la anterior administración federal, así como de "conseguir que esto sirva como ejemplo para el resto de los concesionarios" de yacimientos de carbón.

En este contexto, el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, consideró que las aportaciones del Cereal, del obispo Raúl Vera y de las familias de los mineros muertos "fortalecen la averiguación", pero advirtió sobre la posibilidad de que "los culpables estén esperando que salgan las órdenes de aprehensión para ampararse". Sin embargo, confió en que el caso se consigne a un juez en los próximos días.

 
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