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PortadaIntroducciónLa bioseguridad en México: del trabajo legislativo al Manifiesto por la Protección del Maíz
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La bioseguridad en México: del trabajo legislativo al Manifiesto por la Protección del MaízYolanda Massieu Profesora-investigadora, Departamento de Relaciones Sociales, Correo electrónico: [email protected] Los cultivos transgénicos forman parte de un nuevo grupo de seres vivos transformados por técnicas de ingeniería genética, llamados organismos genéticamente modificados u OGM. Estos organismos han sido alterados en su estructura genética en el laboratorio, de manera que se logran nuevos seres vivos que no podrían ser producto de cruzas completas de individuos de la misma especie. Inclusive, se pueden insertar genes de una especie a otra. Los riesgos que implican estas nuevas plantas en la agricultura y la alimentación son de dos tipos:
Sin embargo, hay pruebas precomerciales en cerca de 10 mil hectáreas en el norte del país de algodón transgénico resistente a insectos, y pruebas de campo de soya, calabaza, melón, papaya, tabaco, papa y otros cultivos. Para el maíz, hubo una moratoria de facto de 1999 a 2002, una fuga accidental en parcelas de Oaxaca en 2001 y actualmente, como se menciona ampliamente en el artículo de Yolanda Castañeda, se discute un Régimen Especial de Protección que aparece como mandato en la recientemente aprobada Ley de Bioseguridad. Existe conflicto en torno a la regulación de la siembra, comercialización y movimiento transfronterizo de los OGM por varias razones:
Estas contradicciones se manifestaron en México durante el proceso de aprobación y discusión de la Ley de Bioseguridad (llamada ley Monsanto por el movimiento social antitransgénicos), y considerada demasiado restringida por los promotores de estas plantas y alimentos. La ley, ante una discusión polarizada, no satisfizo a nadie y resulta bastante complicada su aplicación. Contiene ciertos aspectos de un enfoque más restrictivo, como la creación de zonas libres de transgénicos para la protección del maíz, y zonas en las que los OGM se limitan, como los centros de origen y diversidad y las áreas naturales protegidas. El principio precautorio (la posibilidad para un país de negar el ingreso de OGM a su territorio ante la duda sobre riesgos) no aparece claramente explicitado, se encuentra distribuido de manera confusa en varios títulos y capítulos. Por ejemplo, en la evaluación de riesgo se plantea que se haga caso por caso, con base en estudios científicos elaborados por los interesados; y en caso de peligro, la incertidumbre respecto a los riesgos no deberá utilizarse para que la autoridad correspondiente postergue la adopción de medidas eficaces. No se aclaran los medios para detectar el peligro ni las medidas eficaces, lo cual es más crítico tratándose de genes que se introducen en otros seres vivos no transgénicos, donde es muy difícil la reversibilidad. A su vez, se puede negar el permiso de siembra de transgénicos cuando la autoridad respectiva concluya que hay riesgos para la salud humana o la diversidad biológica. También se reconoce que la falta de conocimiento o consenso científico no es indicador de ausencia de riesgo. Junto a estos aspectos, más tendientes a la conservación y cuidado de la biodiversidad y la salud humana, aparecen sanciones suaves y sin mucha claridad para aquellos que provoquen daños por la producción y comercialización de transgénicos. Las multas van de quinientos a quince mil días de salario mínimo en caso de infracciones, con duplicación de la multa en caso de reincidencia. También se contempla la clausura temporal o definitiva, parcial o total de las instalaciones donde se hayan cometido las infracciones, el decomiso de los instrumentos, ejemplares, organismos obtenidos o productos relacionados, la suspensión o revocación de los permisos y las autorizaciones correspondientes y el arresto administrativo hasta por treinta y seis horas. Si se considera que remediar los daños que pueda causar la liberación de un OGM al ambiente puede llevar generaciones de los organismos vivos, y en ocasiones los daños son irreversibles, resulta evidente la ligereza con la que fueron planteadas las sanciones. Los impactos en la salud humana están considerados a través de la autorización previa de la Secretaría de Salud para obtener los permisos. Se puede llegar a prohibir la liberación experimental, en programa piloto o la comercialización de OGM, o de los productos que los contengan, en los casos en que hay daños o riesgos para la diversidad biológica y/o la salud humana. En la regulación de los OGM resulta muy importante la participación de la sociedad, puesto que la siembra y comercialización totalmente liberalizada de estos nuevos organismos puede fácilmente afectar a terceros.
De todas formas, quienes tienen un papel protagónico en las decisiones son las entidades gubernamentales, es decir, Cibiogem, Sagarpa y Ssa. En cuanto al etiquetado (punto delicado por concernir a la salud humana y los derechos de los consumidores), en la ley aprobada lo autoriza la Secretaría de Salud para consumo humano y la Secretaría de Agricultura para semillas y material vegetativo. La agricultura mexicana atraviesa una situación crítica, en la que las importaciones de alimentos han sido constantes: no menores al 20 por ciento de nuestro consumo desde hace varias décadas. Existe una fuerte polarización: por un lado están los productores para el mercado interno, que laboran en condiciones de baja o nula rentabilidad ante la competencia desleal de los productos subsidiados provenientes del exterior, principalmente de los Estados Unidos. Por otro lado, figuran los campesinos pobres, de subsistencia, para los que la creciente migración es la única salida. También hay que considerar que existe un sector minoritario de productores-exportadores de flores, frutas y hortalizas, frecuentemente asociado a las grandes corporaciones transnacionales, que conserva la rentabilidad. A lo anterior habría que agregar el alarmante deterioro ecológico, la violencia y el narcotráfico, como presencias ominosas en el medio rural del país. Paradójicamente, México es potencia megadiversa biológicamente, rico en recursos estratégicos desde el punto de vista genético, ecológico y alimentario. Los campesinos mexicanos poseen, aplican y conservan conocimientos milenarios respecto a la diversidad genética del maíz, cultivo del que nuestro país es centro de origen. Pese a ello, los recursos que se destinan a la investigación científico-tecnológica para la agricultura y el ambiente son irrisorios, y existen fuertes presiones de las corporaciones transnacionales biotecnológicas, que tienen invertidos millones de dólares en ingeniería genética agrícola, para liberalizar lo más posible la siembra de cultivos transgénicos en nuestro territorio. En este contexto, es sumamente grave el hallazgo de transgenes de maíz en parcelas campesinas, reportado por primera vez en 2001 por Chapela y Quist y confirmado posteriormente por estudios coordinados por una entidad oficial: el Instituto Nacional de Ecología. En México, es ilegal la siembra de maíz transgénico. Se trata de una fuga accidental, muy probablemente proveniente de la siembra de grano importado. El control y monitoreo de estos transgenes resulta muy complicado, además de que el gobierno ha ocultado la información, como expone en este suplemento Liza Covantes. La posibilidad de prever las consecuencias, sobre todo porque el gobierno mexicano no ha tomado medidas decididas al respecto, es casi imposible. Algunos de los riesgos son:
Un riesgo potencial aun más grave lo representan los maíces transgénicos industriales o de tercera generación, actualmente en fase de experimentación, que han sido transformados para servir como “fábricas” de fármacos, combustibles y plásticos. Éstos últimos, de ser sembrados libremente en México y cruzarse con los maíces nativos, tendrían consecuencias funestas para la alimentación de los mexicanos y la diversidad genética del cultivo. No es de extrañar entonces, que las fuerzas políticas relacionadas con la posible introducción de cultivos transgénicos en la agricultura mexicana se encuentren polarizadas. En el complejo entramado de actores sociales involucrados, se encuentran, por un lado, los apologistas de la ingeniería genética agrícola, principalmente las compañías multinacionales agrupadas en el consorcio AgroBio (Syngenta, Dupont, Monsanto y Savia), quienes cuentan con aliados entre los científicos y los funcionarios de la Sagarpa. Y por el otro, un variopinto movimiento social, integrado por organizaciones no gubernamentales ambientalistas, organizaciones campesinas y algunos investigadores y académicos, que pugnan porque el país tome una posición cautelosa ante la posible liberalización de la siembra de transgénicos, sobre todo en el caso del maíz. Entre estos dos extremos, hay otros actores con posiciones intermedias. La confrontación reciente se ha expresado en diversos foros referentes a la bioseguridad del país: desde las discusiones previas a la Ley de Bioseguridad, hasta la impugnación del Proyecto Maestro Maíz en la Cámara de Diputados, por tratarse de pruebas de campo que no cumplían con la ley; la denuncia reciente de violaciones por parte de Monsanto en la siembra de algodón transgénico en el Norte; la presión de algunos productores de maíz de Tamaulipas y la publicación del Manifiesto por la Protección del Maíz Mexicano en la prensa nacional el 17 de septiembre del año pasado. Este último fue firmado por un amplio grupo de investigadores y asociaciones civiles relacionadas con la agricultura, la alimentación y la ecología del país, preocupados por la amenaza que representa la introducción y siembra liberalizada de maíz transgénico en el territorio nacional. En el texto se plantea básicamente la necesidad del Régimen de Protección Especial del Maíz. Éste último debe ser concebido como asunto de seguridad nacional y construirse con una amplia participación social, así como proteger la diversidad del maíz con base en medidas derivadas de proyectos de investigación en bioseguridad (como la presentada en el Informe de la Comisión de Cooperación Ambiental del TLCAN), asegurar recursos para investigar la contaminación actual del maíz mexicano y tomar medidas para revertirla, prohibir de manera permanente la siembra de maíces transgénicos industriales en territorio nacional, asegurar procesos para que llegue la información relevante sobre el maíz transgénico y “reinstalar la moratoria a su cultivo en campo abierto hasta que se implemente un Programa Multidisciplinario de Protección de la Diversidad del Maíz Mexicano”. Este documento logró un notable consenso entre diversos actores sociales que muchas veces han tenido diferencias respecto al tema de los transgénicos y la biodiversidad. Además, fija posiciones ante lo que vendrá durante el gobierno de Felipe Calderón, pues continuará con la tendencia del de Vicente Fox en cuanto a ceder a las presiones empresariales a fin de liberalizar la siembra de los cultivos transgénicos, y no destinar recursos suficientes para la investigación que se necesita en este campo. En el sexenio anterior, fue precisamente al interior de la Sagarpa donde se encontraron los principales partidarios de abrir las puertas a la siembra liberalizada de transgénicos y el jugoso negocio que esto representa para las corporaciones multinacionales y sus socios locales (siendo uno de los más notables, por cierto, el ex secretario del ramo, el señor Usabiaga). Para los que estamos conscientes del patrimonio que representa la diversidad genética del maíz en particular y de otros recursos biológicos del país en general, así como de la necesidad de la participación activa para protegerlos, el momento actual es de agrupar fuerzas para enfrentar los retos por venir. |
Existen en el mercado mundial sólo cuatro cultivos transgénicos que ya se comercializan: maíz, algodón, canola o colza y soya. Se hacen básicamente dos transformaciones genéticas: resistencia a insectos y resistencia a herbicidas. En México se ha adoptado una política más bien restrictiva, puesto que no tenemos ningún transgénico autorizado para siembra comercial. 
Sobre el particular, el aspecto de participación está contemplado en la ley como mecanismos de consulta hacia comunidades indígenas en territorios donde se hará la liberación. También aparece como participación pública a través del Consejo Consultivo Mixto de la Cibiogem (Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y OGM) y como acceso a opinar sobre las solicitudes de permiso. Esto último representa ciertamente un avance en relación con la iniciativa aprobada originalmente por el Senado, en la cual no estaba prevista ninguna participación social.