Juez argentino dicta prisión preventiva de la ex presidenta María Estela Martínez

Autoriza Kirchner revelar secretos de Estado en juicios a represores

El mandatario desea que no haya impedimento o pretexto que obstaculice la acción de la justicia

Con el decreto se facilita el esclarecimiento y la búsqueda de la verdad, dice ministra de Defensa

DPA, AFP, REUTERS

Buenos Aires, 26 de enero. El presidente argentino, Néstor Kirchner, autorizó hoy a funcionarios, militares y policías, en actividad o en retiro, a revelar secretos de Estado para que puedan declarar en juicios vinculados con el terrorismo de Estado, de modo que no haya algún tipo de "impedimento o de pretexto que obstaculice la acción de la justicia".

Al dar a conocer el decreto en la materia expedido por el mandatario, la ministra de Defensa, Nilda Garré, dijo en rueda de prensa que "con esta liberación del secreto se facilita el esclarecimiento y la búsqueda de la verdad en las investigaciones por violaciones a los derechos humanos en función de la aplicación del terrorismo de Estado".

Aseguró que se trata de una medida "histórica" e "integral" que abarca "a todas las personas que pudieran estar alcanzadas por la obligación de guardar secreto", y que "demuestra el compromiso profundo del presidente Kirchner en la lucha contra la impunidad", con lo que reitera su posición como en otros casos similares.

El decreto abre espacio para que militares y agentes de seguridad acusados de delitos de lesa humanidad, cometidos principalmente durante la pasada dictadura militar (1976-1983), no se amparen en la ley que los obligaba a guardar secretos de Estado para no declarar ante los jueces que investigan ese tipo de crímenes.

El ex marino Alfredo Astiz apeló el pasado miércoles a esa normativa legal ­hoy derogada­ en su declaración ante el magistrado Sergio Torres, que investiga su participación en el secuestro y muerte de dos monjas francesas ocurrido en 1977, entre otros crímenes de lesa humanidad, informó hoy una fuente judicial.

El relevamiento del secreto de Estado abarca a "hechos que de cualquier manera se vinculan con el terrorismo de Estado", indica el decreto, pues en Argentina hay en curso unas mil causas judiciales contra acusados de esos crímenes, que fueron reabiertas después de que el Parlamento anuló en 2003 las leyes de perdón de la década de los años 80.

También se dio impulso recientemente a las investigaciones de crímenes cometidos por el grupo parapolicial ultraderechista Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) en el gobierno de la presidenta María Estela Martínez de Perón (1973 a 1974), con libertad provisional en España tras la orden de captura librada por un magistrado argentino que lleva esa causa.

La justicia argentina atribuye a ese escuadrón de la muerte unos mil 500 crímenes en los años previos al golpe militar.

Justamente este día, el juez federal argentino Norberto Oyarbide dictó la prisión preventiva de la ex presidenta, conocida también como Isabelita, a fin de acelerar su extradición de España, lo que significa que quedará detenida apenas pise suelo argentino para que responda por su presunta responsabilidad en los crímenes de la Triple A.

La misma medida se dispuso para los ex policías Juan Ramón Morales, Rodolfo Almirón y Miguel Angel Rovira, acusados de pertenecer a la misma organización parapolicial. Además, dictó embargos de 500 mil pesos (170 mil dólares) a Morales y Rovira.

La ex presidenta ya se presentó dos veces ante la justicia española y declaró ante el juez Juan del Olmo, quien dispuso la prisión preventiva, que la ex presidenta cumple en su domicilio en la ciudad de Madrid.

A su vez, el juez Oyarbide espera que la Audiencia Nacional española le informe oficialmente que Isabelita fue notificada de su pedido de captura para enviar su solicitud de extradición.

Del Olmo le notificó el pasado jueves la segunda requisitoria, ordenada por Oyarbide, que se sumó a una anterior del juez mendocino Raúl Acosta, que tiene la causa vinculada con la detención de Héctor Aldo Fagetti Gallego, quien "desapareció definitivamente" el 10 de marzo de 1976.

Esta semana, el ex presidente peronista Eduardo Duhalde (2002-2003) salió en apoyo de Isabelita y le ofreció asistencia jurídica ante las causas abiertas en su contra en Buenos Aires.

El diario Clarín dijo que la ex mandataria "lloró cuando se enteró que Duhalde se ofreció para defenderla" ante los tribunales.

En Madrid se informó que España extraditará al ex policía argentino Juan Carlos Fotea, buscado por el asesinato del escritor y militante de izquierda Rodolfo Walsh, quien fue baleado en una calle de Buenos Aires en 1977 por un escuadrón de la muerte.

Fotea será entregado a Argentina para hacer frente a cargos de tortura y abusos de los derechos humanos, luego de que el consejo de ministros español aprobó la medida, confirmaron este viernes fuentes del gobierno español, según reportes de prensa.

El acusado es uno de los antiguos miembros de las fuerzas de seguridad argentinas buscados por el asesinato de Walsh, un destacado escritor y periodista que tras el golpe de Estado de los militares en 1976 entró en la clandestinidad debido a que pertenecía al grupo rebelde Montoneros.

En 1998, el juez Baltasar Garzón, de la Audiencia Nacional de España, presentó cargos contra Fotea, de 56 años y quien vive en España desde 1985, pero el juez argentino Sergio Torres pidió su extradición recién el año pasado.

No obstante, ante Garzón el ex policía se declaró inocente de los cargos que le imputan.

La guerra sucia pampera

Walsh fue interceptado en una calle de Buenos Aires el 25 de marzo de 1977, un día después de que publicó una carta abierta a la junta militar, a un año del golpe de Estado, escrito en que protestaba por los abusos contra los derechos humanos cometidos por el régimen dictatorial.

Durante los años de la guerra sucia el ejército argentino tenía órdenes de capturar vivo al periodista y escritor nacido en la Patagonia y de origen irlandés, por lo que para justificar esa ejecución se argumentó que estaba armado en el momento de su detención y contestó a los disparos de los agentes, muriendo en el tiroteo.

El cadáver de Rodolfo Walsh nunca fue hallado a pesar de su intensa búsqueda luego del retorno a la democracia.

Tras el regreso a la democracia, en 1983, se convirtió en un símbolo para los activistas que buscaban justicia por las 30 mil personas que fueron secuestradas y asesinadas durante el gobierno militar, según cifras de organismos de derechos humanos.

Su hija, Patricia Walsh, militante de izquierda, es una legisladora argentina que en 2002 propuso una legislación para derogar las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que impedían el procesamiento de los militares acusados de abusos contra los derechos humanos en la dictadura.

Las leyes, conocidas como "de impunidad", fueron derogadas por la Corte Suprema en 2005.