Implicados, oficiales de muy alto nivel en la jerarquía militar chilena, asegura
Confirma juez que el general Carlos Prats fue asesinado en 74 por agentes pinochetistas
Ampliar la imagen
Cientos de manifestantes marchan por el centro de Bilbao en demanda de la liberación del etarra en huelga de hambre
Foto: Reuters
Santiago, 25 de enero. La justicia chilena comprobó que el general constitucionalista Carlos Prats González y su esposa Sofía Cuthbert fueron asesinados por orden de la cúpula de la antigua Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), al emitir acusaciones contra ocho ex integrantes de ese aparato represor de la pasada dictadura militar.
El juez de primera instancia Alejandro Solís, quien reconoció que este proceso ha resultado muy difícil porque son varios los delitos y porque "hay gente de muy alto nivel en la jerarquía militar que está implicada", calificó además por primera vez en la historia judicial a la entidad político-policiaca como "asociación ilícita".
Contrariamente al alegato de la defensa de algunos de los acusados de que al interior del ejército nunca operó una asociación para cometer el asesinato, el juez estableció que hubo concertación para cometer el atentado con coche bomba el 30 de septiembre de 1974 en la capital de Argentina, donde estaban exiliados los Prats.
En esta asociación ilícita fueron acusados en primer término los jefes, el general en retiro Manuel Contreras y el brigadier en retiro Pedro Espinoza, ambos ya detenidos por nuevas condenas tras cumplir sentencias por el asesinato del ex canciller Orlando Letelier, cometido en Washington en septiembre de 1976.
Se acreditó que el plan de asesinato de los Prats fue diseñado por Contreras y Espinoza, y ejecutado en Buenos Aires por el ex agente estadunidense Michael Townley y la ex agente civil Mariana Callejas.
Sin embargo, Townley no está incluido en este caso pues ya fue enjuiciado en Estados Unidos y goza de libertad, bajo la categoría de "testigo protegido", con nombre supuesto y domicilio desconocido.
El resto de los acusados por el juez Solís para cometer homicidio calificado son el ex general Raúl Iturriaga Neumann, los ex brigadieres José Zara y Christopher Willikie, la citada Callejas como autora material, el ex agente civil Jorge Iturriaga Neumann y el antiguo suboficial del ejército Reginaldo Valdés, que actuaron como cómplices.
El juez Solís, que abrió así la etapa para la presentación de pruebas, se encarga del caso desde 2004, después que Chile rechazó el pedido de extradición solicitado por la juez argentina María Servini de Cubría, y ordenó entonces abrir por primera vez una investigación en Santiago.
Mientras, la familia del fallecido Augusto Pinochet pidió la liberación del embargo de 2.5 millones de dólares del ex dictador chileno, de su presunto enriquecimiento ilícito, al tiempo que el Senado rechazó entregar a su viuda una pensión de alrededor de 9 mil 500 dólares.