Aprueban en EU enmienda para negar contratos federales a quien dé empleo a inmigrantes
Arrestan a 750 indocumentados en una semana de redadas en Los Angeles
En una empacadora de Carolina del Norte detienen a 21 trabajadores sin papeles
Nueva York, 25 de enero. Unos 21 trabajadores de una empacadora en Carolina del Norte fueron detenidos anoche por autoridades migratorias en una acción denunciada por sindicalistas como un ataque contra activistas laborales, mientras que al otro lado del país impera el temor luego que cientos de inmigrantes fueron arrestados en la redada más grande en tiempos recientes en California.
A la vez, el Senado aprobó hoy de manera unánime una medida que prohíbe contratos federales a toda empresa que contrate indocumentados, aun si fueron empleados de manera inadvertida, durante un plazo de 7 a 10 años, aunque es posible que esta enmienda quede anulada en el proceso legislativo.
El martes las autoridades federales anunciaron el arresto de más de 750 indocumentados en sólo una semana en la zona metropolitana de Los Angeles, en lo que han sido calificadas como las más grandes redadas en la historia estadunidense.
En la operación Regrese a remitente, impulsada desde junio pasado, las autoridades migratorias federales han realizado más de 13 mil arrestos a escala nacional. El operativo supuestamente se enfoca hacia indocumentados que se esconden después de evadir sus citas judiciales en procesos de deportación, y "criminales" que regresan a Estados Unidos tras haber sido deportados por actividades ilícitas, informó el gobierno.
"Nunca habíamos visto algo así aquí, fue un shock. La policía no sólo se lleva a gente que enfrenta órdenes de deportación, se lleva a cualquiera... y ahora todos tienen miedo a salir", dijo Antonio Bernabé, de la Coalición por Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Angeles (CHIRLA) a la agencia Reuters. La mayoría de los detenidos son mexicanos, aunque también cayeron en la red inmigrantes de 14 países de varias partes del mundo.
Reacción sindical
Mientras, la detención de los 21 trabajadores de la planta empacadora de carne de puerco Smithfield en Tar Heel, Carolina del Norte, provocó una fuerte reacción sindical, ya que en noviembre unos mil trabajadores realizaron un paro para protestar contra el cese de trabajadores inmigrantes. Los trabajadores fueron arrestados por violaciones a las leyes migratorias por su calidad "ilegal", informó la oficina de Migración y Aduanas (ICE, por sus silgas en inglés) del Departamento de Seguridad Interna.
Las autoridades informaron que identificaron a los trabajadores "como resultado" de la revisión a la empresa de los documentos de su fuerza laboral, pero evitó declarar que los arrestos fueron resultado de que la empresa había entregado la información al gobierno, lo cual podría violar la ley laboral.
Pero representantes del sindicato nacional de trabajadores de alimentos y comerciales (UFCW, por sus siglas en inglés), el cual ha buscado sindicalizar a los 5 mil empleados en la planta durante años, denunció los arrestos como parte de esfuerzos anti-sindicales. "Smithfield tiene antecedentes de emplear amenazas de arresto para intimidar a trabajadores y esto es sólo una continuación de ese patrón", acusó Gene Bruskin, líder de la Campaña por la Justicia en Smithfield del UFCW.
Recordó que esta acción se realizó justo después que la empresa anunció que la intención de cesar hasta 600 trabajadores el próximo mes, principalmente aquellos que participaron en las protestas de noviembre. "Los arrestos son otra manera de incitar el temor e intentar detener más protestas", dijo Bruskin. "Toda la comunidad está aterrorizada".
En Virginia la organización de defensa de migrantes anunció hoy una serie de acciones para protestar contra el intento del gobierno estatal de promulgar medidas antimigrantes. "El estado de Virginia vive la más agresiva campaña antinmigrante de su historia", declaró la organización Mexicanos sin Fronteras al anunciar una serie de acciones de protesta, entre ellas una huelga de hambre, una manifestación, vigilias y visitas a oficinas de funcionarios estatales durante la primera semana de febrero, informó Ricardo Juárez, coordinador de la organización.
Denunció que legisladores estatales y funcionarios locales han promovido "una serie de iniciativas que intentan criminalizar la inmigración y justificar la represión, el arresto y deportación de inmigrantes en varias ciudades y condados", y que se han realizado redadas en contra de decenas de trabajadores y sus familias, lo cual "ha generado una ola de terror en la comunidad inmigrante".
En Long Island, Nueva York, legisladores locales tratan de impulsar una ley para prohibir que jornaleros se concentren en esquinas esperando trabajo, lo que opositores caracterizan como criminalizar "a latinos a pie". Este tipo de iniciativas locales se repiten en más de 60 municipalidades en 21 estados que están impulsando medidas antimigrantes (por lo menos en 15 se han aprobado).
En tanto, en Washington continúa el lento y largo proceso de debate sobre una reforma migratoria, cuyos promotores desde el presidente George W. Bush al senador Edward Kennedy, y las diversas alianzas entre agrupaciones nacionales como la Cámara de Comercio y el sindicato de servicios SEIU, la Iglesia católica y el Consejo Nacional de la Raza, entre otros mantienen cierto optimismo para concretar algo este año que, dicen, respetará la dignidad y los derechos de los inmigrantes. Pero por ahora, sólo son delincuentes.
Peor aún, en la primera acción sobre el tema migratorio del nuevo Senado, se aprobó por 94 votos una enmienda al proyecto de ley para incrementar el salario mínimo que está pendiente en la Cámara alta, y que impone una prohibición a la concesión de contratos federales a toda empresa que contrate indocumentados. La enmienda es promovida por el senador republicano Jeff Sessions, quien encabezó la oposición a una reforma migratoria el año pasado. Aún no se sabe si la enmienda sobrevivirá la negociación bicamaral de un proyecto de ley final, y agrupaciones empresariales, incluida al Cámara de Comercio de Estados Unidos, expresaron su firme oposición a la medida.
Al parecer, el gobierno continuará la caza de trabajadores inmigrantes calificando a todos como "criminales" mientras los políticos hablan de la mejor y más decente manera de explotarlos, eso sí, con mucho respeto.