Luis Carlos Ugalde tiene en sus manos lograr importantes ahorros para el erario
En 2009, AN recibiría fondos cinco veces por arriba de los topes de campaña para ese año
Presentan estudio que demuestra la urgente necesidad de bajar las prerrogativas a partidos
Si no se modifica desde ahora la fórmula que utiliza el Instituto Federal Electoral (IFE) para adjudicar las prerrogativas a los partidos políticos para las elecciones de 2009, en las que sólo se elegirán a diputados, la bolsa a repartir ascendería a 5 mil 894.1 millones de pesos. Esta cifra implicaría que el Partido Acción Nacional (PAN) recibiría una suma cinco veces por encima del tope de la campaña para diputados federales.
De acuerdo con el estudio presentado por el consejero Arturo Sánchez en la reunión de la Comisión de Partidos Políticos y Prerrogativas, si el IFE no comienza a realizar a desde ahora las modificaciones, los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) recibirían una suma tres veces superior a los 327 millones de pesos que serían el tope de campaña.
Durante los trabajos de la comisión llamó la atención que el consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde quien tiene la atribución de preservar o modificar la fórmula y proponérsela al Consejo General, no les enviara su iniciativa de factor de ajuste, como anteriormente se había hecho, profundizando con ello las diferencias entre consejeros.
Ante este escenario, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos prepara una propuesta sobre la base de la no modificación de dicho factor, lo que supondría un financiamiento para partidos políticos y agrupaciones de 2 mil 899.3 millones de pesos, de los cuales 2 mil 673 millones corresponden al gasto ordinario de los ocho partidos con registro.
En la reunión, Sánchez presentó un conjunto de cifras que evidencian las inconsistencias legales que persisten en la legislación entre la forma de asignar las prerrogativas a los partidos y los topes de campaña fijados por ley.
Si la tendencia inflacionaria se mantiene constante, para el proceso electoral de 2009, el tope de campaña para diputados será de un millón 90 mil pesos; ese límite, multiplicado por los 300 distritos, equivale a un gasto total posible de 327 millones 2 mil 151 pesos. Sin embargo, de acuerdo con su argumentación para 2009, solamente Alternativa Social Demócrata y Campesina recibiría una cantidad menor a 400 millones de pesos y el resto por arriba del tope de campaña.
El planteamiento de Sánchez ejemplificó lo que puede suceder en 2009 con lo sucedido en 2003, cuando la bolsa general a repartir entre los institutos políticos, por efecto de la presencia de 11 partidos, se disparó hasta 4 mil 843 millones de pesos, resultando en las elecciones más caras de la historia. Esa suma resultó por arriba de los 4 mil 138 millones de pesos que se distribuyeron en 2006.
Posteriormente presentó varios escenarios con modificaciones entre uno y 20 por ciento en la fórmula: la modificación de uno por ciento en la compleja forma utilizada para calcular las prerrogativas, implicaría un ahorro al erario en 2007 de 26.7 millones de pesos; si fuera de 3 por ciento, se dejarían de erogar por este concepto 80.1 millones de pesos; si se modificara en cinco por ciento, el ahorro alcanzaría 133.6 millones y si alcanzara 10 por ciento, se reflejaría en 267 millones menos.
Más adelante, el documento del consejero quien en su momento fuera director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos alude al costo por voto: "si en 2009 los partidos obtienen una votación similar a la de 2006 lo cual es muy poco probable por tratarse de elecciones intermedias el costo del voto se incrementaría de 66 a 73 pesos.
En entrevista, realizada antes de la reunión, el consejero electoral Andrés Albo dijo que personalmente su postura pugna por modificar la fórmula en aras de generar ahorros en el costo del sistema electoral. Me parece que sería una medida justa en el contexto de austeridad que existe en el país, señaló.
Por lo pronto, la división entre los consejeros se mantiene prácticamente a la mitad, por lo que la decisión la tendría el propio Ugalde con su propuesta de preservación o modificación del factor de ajuste en la fórmula para calcular las prerrogativas.
La postura de quienes se oponen a modificar la fórmula por considerarlo violatoria del decreto del presupuesto apunta a que será hasta el Consejo General, el próximo 31 de enero, cuando se dirima esta polémica en el interior del IFE.