Los abusos de autoridades vulneran la gobernabilidad democrática, advierten expertos

Revela estudio graves violaciones al derecho al debido proceso en México

VICTOR BALLINAS

El estudio El barómetro local, que mide el déficit en el respeto al derecho al debido proceso, realizado por la Asociación Mexicana para las Naciones Unidas (AMNU), que fue realizado en Chiapas, Morelos, Durango, Nuevo León y el Distrito Federal, revela que en el ámbito de los poderes ejecutivos de esas entidades existe elevada arbitrariedad, lo cual repercute en el deterioro de la relación entre autoridades y ciudadanos, y en la falta de gobernabilidad democrática.

Los resultados de la investigación fueron expuestos en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en México por Miguel Sarre, quien coordinó el estudio, en el cual se destaca que en las entidades referidas se constata una situación paradójica: la mayor vulnerabilidad a la que se encuentran expuestas las personas sujetas a detención o encarcelamiento no se traduce en mejores controles preventivos de abusos de las autoridades.

Se evidencia que se sigue utilizando la confesión para acreditar la existencia de delitos, y "en una medida que, de tratarse de confesiones no coaccionadas, resulta sospechosamente alta".

Aunque la investigación no buscó establecer el grado de correlación existente entre la vulnerabilidad de la libertad personal y la participación de agentes y ex agentes de la autoridad en la comisión de hechos delictivos ­secuestros, extorsión y robos de autos, principalmente­, resulta evidente que la permisividad para violar derechos humanos con el propósito de justificar resultados en la lucha contra el crimen conduce a que los mismos policías, ante la ausencia de controles, que pasen de la comisión de dichas violaciones a la práctica de delitos, y quien experimenta la impunidad en la comisión de actos ilícitos desde el poder fácilmente vulnera garantías fundamentales.

En las conclusiones se asevera que "esta investigación corrobora que los gobernadores de Chiapas, Durango y Nuevo León, así como el jefe de Gobierno del Distrito Federal, no han asumido su responsabilidad en relación con el respeto y la garantía al derecho al debido proceso".

Otros de los resultados del estudio son: en 2005, en Chiapas, se presentaron 160 quejas por privación ilegal de la libertad; 111 por lesiones, amenazas y allanamiento de domicilio; la cárcel distrital de Chiapa de Corzo registra más de 900 por ciento de hacinamiento; la de Ococingo, 525; la de Copainalá, 662 y la de Villa Flores, 400 por ciento.

Para el caso del Distrito Federal las cifras son: en 2006, 632 detenciones arbitrarias denunciadas; 447 quejas por tortura, incomunicación, retención ilegal, tratos crueles, violencia sexual, y cateos ilegales. Hubo 2 mil 452 denuncias por tortura, delitos, sexuales y amenazas atribuidas a agentes de la autoridad.

Los reclusorios Norte, Oriente y Sur registran sobrepoblación de más del ciento por ciento, y en todas las cárceles varoniles hay sobrecupo.