Las pruebas presentadas a la SCJN confirman que hubo "concertación antijurídica"

Lydia Cacho: se abre la puerta para que Marín sea sometido a un juicio político

BLANCHE PETRICH

El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ayer ordenó investigar al gobernador de Puebla, Mario Marín, por violar las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho y por presunta relación con delitos de pederastia, se sustentó en las pruebas que presentó la autora de Los demonios del Edén, que confirman la "concertación antijurídica" del aparato del gobierno estatal para la comisión de los delitos de abuso de autoridad, cohecho, tráfico de influencias y colusión del servicio público para la tortura y la tentativa de violación.

Entre otros elementos, la defensa demostró documentalmente que dos de los elementos de la Policía Judicial poblana que acudieron a Cancún para detener a Lydia Cacho el 16 de diciembre de 2006 ­José Montaño Quiroz y Jesús Pérez Vargas­ estaban en esas fechas adscritos directamente a Casa Puebla, la oficina del gobernador Marín. En sus presentaciones ministeriales ambos han incurrido en falsedad de declaraciones.

Al comentar la resolución de la SCJN, Lydia Cacho se mostró optimista de que "ahora sí se abra la puerta para ir al fondo del juicio político contra Mario Marín, ya que los magistrados reconocieron el valor jurídico de las pruebas que presentamos".

Se presentaron además los registros de las llamadas telefónicas que ese día y durante las 20 horas que duró el traslado de la detenida entre Cancún y Puebla, a lo largo de mil 500 kilómetros, atravesando cinco estados del país, intercambió el propio mandatario estatal con otros secretarios de estado, periodistas y legisladores que, alertados del ilegal arresto, se pusieron en contacto con él pidiendo explicaciones. Marín aseguró a varios de sus interlocutores que "no sabía por qué había sido detenida", y que venía custodiada por mujeres judiciales. Ambas afirmaciones resultaron falsas.

También hay llamadas cruzadas en ese mismo lapso entre la procuradora estatal, Blanca Laura Villeda, el gobernador y el empresario Kamel Nacif, el llamado rey de la mezcilla, protector del pederasta Succar Kuri y acreedor del gobernador Marín.

Otras pruebas, que con anterioridad fueron presentadas ante las fiscalías de Delitos contra la Mujer y para Periodistas de la Procuraduría General de la República, demuestran que a lo largo del proceso de investigación del caso hubo encubrimiento, ocultamiento de pruebas y declaraciones falsas por autoridades poblanas en torno a quiénes y cómo llevaron a cabo el arresto y el traslado de la escritora, quien había sido demandada por difamación por Kamel Nacif. El empresario protector del pederasta perdió su caso este 2 de enero, cuando un juzgado del Distrito Federal sobreseyó la causa.

Los ministros de la Corte conocieron, en esta segunda fase del examen de la demanda contra Marín y su equipo, peritajes, testimonios y videos que demuestran que, contrario a lo que declaró oficialmente el gobierno de Puebla, fueron al menos cinco elementos armados de la Policía Judicial del estado los encargados de detener a Lydia Cacho. En videocintas proporcionadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, grabadas en la caseta La Esperanza, a la entrada de la ciudad de Puebla, se aprecia que, a su paso por ese punto de control, Lydia Cacho viajaba custodiada por dos judiciales varones en un auto y era seguida por otra camioneta con dos policías más. Estos, madrinas de la Judicial poblana, han sido citados por la PGR y el gobierno estatal los ha ocultado.

Inicialmente el gobernador Marín y sus funcionarios aseguraron, en declaraciones ministeriales, que la citada camioneta no hizo el recorrido con la detenida y que ésta viajó custodiada por dos mujeres policías. En el video que registró la cámara que por rutina graba el paso en la caseta La Esperanza se aprecia el momento en el que los dos judiciales poblanos son sustituidos por dos elementos del cuerpo femenil de esa corporación, quienes realizaron sólo la última parte del traslado. Las mujeres policías hicieron declaraciones ministeriales afirmando que ellas acompañaron a la detenida a lo largo de todo el trayecto desde Cancún, lo que conforma el delito de falso testimonio.

Peritajes sancionados por la Fiscalía de Delitos contra la Mujer constataron que durante el trayecto, inexplicablemente largo, Lydia Cacho sufrió daño físico. Estas pruebas fueron aceptadas por la SCJN.

Un elemento de prueba adicional es el registro de llamadas telefónicas entre la jueza Celia Pérez y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, Guillermo Pacheco Pulido, quien "negoció" con la juzgadora que la fianza que se fijó para que Lydia saliera de prisión no fuera de 8 millones de pesos, el máximo que fija la ley estatal, sino de 70 millones, que fue lo que solicitó Pacheco y Pérez impuso.

Otros testimonios de custodios de la prisión poblana y peritajes diversos prueban la existencia de un plan urdido por autoridades carcelarias y el intermediario de Kamel Nacif para que la periodista fuera golpeada y violada. Ya se comprobó que, efectivamente, y contra lo declarado por las autoridades, Cacho fue bajada a una celda con ese fin.