Si encuentra elementos, también indagará sobre pederastia y pornografía infantil

Investigará la Corte a Mario Marín

Nueva comisión trabajará sobre la presunta violación de las garantías de Lydia Cacho

JESUS ARANDA

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acordó por unanimidad que, en caso de que en la investigación sobre la presunta violación de las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho se encuentren elementos que revelen la existencia de redes de pederastia y pornografía infantil, la comisión que encabeza el ministro Juan N. Silva Meza proceda también a indagar esos hechos.

Los ministros modificaron el proyecto de resolución presentado por José de Jesús Gudiño Pelayo, en razón de que no hacía mención precisa sobre la posible investigación de la red de pederastia, ni señalaba que el gobernador de Puebla, Mario Marín, no ha sido investigado sobre su presunta participación en la violación de garantías de la periodista.

En la sesión pública de ayer, el pleno de la Corte conoció la ampliación del dictamen aprobado el 19 de septiembre de 2006, en el que por mayoría de siete votos se resolvió que la investigación realizada por una comisión de dos magistrados, cuyo dictamen elaboró el ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia sobre el caso Lydia Cacho, había sido "insuficiente".

En su documento, Gudiño Pelayo propuso que se dejara en libertad a los integrantes de una nueva comisión ­que encabezaría un ministro­, para que con los datos aportados por las cámaras de Diputados y Senadores, y los obtenidos en la primera fase de la pesquisa se investigara la actuación de "servidores públicos" (es decir, gobernador, procurador y otros funcionarios de Puebla) y "particulares" (el empresario textilero Kamel Nacif, entre otros), para establecer si hubo "maquinación estatal" contra la periodista autora del libro Los demonios del edén.

Sin embargo, los ministros Genaro Góngora Pimentel y Silva Meza llamaron la atención sobre las deficiencias que presentaba el proyecto del ministro instructor.

Góngora propuso que se eliminara del dictamen lo referente a que las grabaciones entregadas por ambas cámaras ­sobre las conversaciones telefónicas publicadas en La Jornada el 14 de febrero de 2006, en las que Kamel Nacif le dice a Marín "mi góber precioso", además de que quedó en evidencia que ambos se habían puesto de acuerdo para afectar a la periodista­ eran producto de "pruebas prohibidas".

El tema de la validez de las pruebas debe dejarse para otro momento, subrayó, porque "el aspecto sustancial del caso es saber si existieron relaciones de complicidad entre autoridades estatales".

En tanto, Silva Meza aseveró que "así como la investigación no se ocupó de la actuación del gobernador (de Puebla) en cuanto a su posible participación en la violación de las garantías individuales de la periodista, tampoco lo fue de la existencia o no de la red de pederastia y pornografía infantil por ella denunciada, que fue lo que aparentemente motivó la actuación concertada desde el ámbito del poder político".

Nosotros determinamos, subrayó, que no existía impedimento para que se investigara al gobernador o a cualquier otra autoridad por esos hechos.

Indicó que la gravedad de la denuncia contra los funcionarios poblanos requiere de una investigación "profunda y completa", que permita conocer la verdad de los hechos que motivaron a las cámaras de Diputados y Senadores solicitar a la Corte, el 22 de febrero de 2006, que ejerciera su facultad de investigación sobre estos acontecimientos.

Insistió en que "no puede soslayarse en la investigación integral y completa de los hechos que tal es el trasfondo; o si sea la violación sistemática de los derechos fundamentales de los menores de edad, toleradas por el poder público, relacionados con el más grave atentado a ellos, en su dignidad, en su cuerpo, en su mente, y a la sociedad en general".

Silva coincidió con Góngora en la necesidad de eliminar una serie de preguntas del dictamen de Gudiño, por considerar que únicamente limitarían la indagatoria a "incidencias, que probablemente demostrarían la parcialidad de los órganos del Estado, pero soslayando la gravedad del entorno en que se dio, si existió, esa maquinación estatal".

Gudiño Pelayo replicó a lo dicho por Silva Meza al señalar que lo relativo a las redes de pornografía a que se refería "había sido una posición personal de él, que no recuerdo que hayamos avalado los seis ministros que también votamos".

Silva contestó que no se trataba de una "intención de carácter personal", sino de que se respetara lo acordado por la Corte el 18 de abril pasado ­cuando decidió que ejercería la facultad de investigación­ en el sentido de que se investigaría "lo que emprende el ánimo vengativo del empresario que auspicia la supuesta componencia con el gobernador, es la expresión literaria proveniente de un periodista en ejercicio de la libertad de expresión y de prensa..., que las conductas denunciadas en el libro de la periodista se vinculan con la revelación de redes de pederastia y pornografía infantil, lo que, de ser cierto, no puede sino calificarse como deleznable y repudiable y de lo más atentatorio contra los derechos de la niñez mexicana".

La contundencia evitó más polémica

Finalmente, después de casi un año de haber admitido la petición del Congreso de investigar el caso de Lydia Cacho ­detenida ilegalmente en Cancún, Quintana Roo, para ser presentada en Puebla, donde había sido acusada por el empresario Kamel Nacif de difamación y calumnia­, la Corte adoptó una resolución que debe dar lugar a una solución definitiva:

Que la comisión investigadora ­encabezada por Silva Meza, e integrada por los magistrados Emma Meza Fonseca, Eduardo Sergio Alvarado Fuente y Anastasio Enrique Escobar Angeles­, centre su pesquisa en la existencia o no de un posible concierto de autoridades del estado de Puebla para violar derechos fundamentales de la periodista Lydia Cacho, y si dentro de la investigación, directamente relacionados con ella, los comisionados encuentran hechos o situaciones diversos que a su vez pudieran constituir violaciones graves de garantías individuales, podrán tomarlas en consideración".

Para ello, Silva Meza y la magistrada Fonseca ­quien integró la primera comisión que investigó el caso­ se mantendrán activos en sus cargos; en cambio Alvarado Fuente y Escobar Angeles serán comisionados para apoyar las indagatorias. Además, también por unanimidad, el pleno determinó que la comisión empezara a trabajar desde ayer mismo.

Cabe señalar que la Corte resolvió en abril pasado, por mayoría de votos, que ejercía su facultad de investigación y ordenó la conformación de una comisión, dirigida por Ortiz Mayagoitia; el 19 de septiembre, el pleno rechazó el dictamen por siete votos contra cinco, al concluir que la investigación no había sido suficiente. Después el pleno designó a Gudiño para que elaborara la ampliación y que planteara cómo se llevaría a cabo la indagatoria, dictamen que fue aprobado ayer por unanimidad.