Usted está aquí: martes 23 de enero de 2007 Política Guerrero no le entra al acuerdo sobre la tortilla

Se verían afectados los industriales del ramo, dice

Guerrero no le entra al acuerdo sobre la tortilla

y Javier Valdez, René Ramón, Javier Santos, Martín Diego, Javier Chávez y Gerardo Flores

Ampliar la imagen En Acapulco el precio de la tortilla continúa en 10 pesos el kilogramo Foto: Javier Verdín

El gobierno de Guerrero anunció ayer que el precio máximo por kilogramo de tortilla será de 10 pesos en la entidad, pese al tope de 8.50 pesos fijado por el presidente Felipe Calderón, por considerar que la reducción de precios podría mermar la economía de los industriales de la masa y la tortilla ante la escasez de maíz en el estado.

Sin embargo, el delegado estatal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Joel Tacuba García, aclaró que aquellos empresarios que pertenezcan a las asociaciones que firmaron el acuerdo con el gobierno federal están obligados a respetar el precio pactado de 8.50 pesos.

Lo anterior se acordó en una reunión entre funcionarios de la Secretaría de Fomento Económico del estado, de las delegaciones estatales de la Secretaría de Economía y de la Profeco, así como dirigentes de la Unión de Industriales de la Masa y la Tortilla del estado.

En el encuentro se discutió principalmente el desabasto de maíz, que a decir de los agremiados es lo que provoca el incremento del precio de la tortilla.

En Culiacán, Sinaloa, alrededor de 150 amas de casa realizaron un plantón frente a las oficinas de la Secretaría de Economía, en protesta por el alza en los precios de la tortilla y la leche.

Con cacerolas y pancartas, condenaron lo ola alcista y la incapacidad del gobierno federal de detener la especulación de los grandes empresarios. Además, advirtieron que realizarán un boicot contra el consumo de tortilla el próximo 2 de febrero.

Por su parte, la Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillerías, que agrupa a más de 2 mil 500 tortillerías en el Distrito Federal y municipios conurbanos del estado de México, aseguró que la mejor forma de evitar que continúe el incremento en el precio del producto es que los campesinos vendan directamente el maíz.

Lorenzo Mejía, presidente de la unión, explicó que el gobierno federal "oficializó" en 3 mil 500 pesos la tonelada del maíz, pese a que los tortilleros y molineros preveían que los campesinos vendieran la tonelada entre 2 mil 800 y 3 mil pesos.

En tanto, la Asociación de Tortilleros y Molineros de Puerto Vallarta, Jalisco, reiteró que no bajará el precio del kilo de tortilla de 11 pesos, ya que el pacto que anunció el gobierno federal es "inviable".

Jacinto García, tesorero de la organización, dijo que con dicho pacto el gobierno federal solamente alentó al "monopolio" del grupo Maseca, pues es el que controla el maíz para hacer la harina, así como la venta de equipo para tortillerías.

En ese mismo sentido se pronunció la Confederación Nacional de Cámaras Industriales en Guanajuato, al señalar que la política de fijar un precio tope afectará a los pequeños comerciantes y favorecerá las estrategias de comercialización de las cadenas afiliadas a la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales, que venden el producto en menos de 8.50 pesos.

Hasta el momento, tortillerías de diversos estados del país continúan vendiendo el producto por arriba de los 10 pesos. De acuerdo con la delegación de la Secretaría de Economía en Zacatecas, de los mil 700 establecimientos dedicados a este giro, 255 violan el acuerdo federal.

Mientras, productores de la masa y la tortilla en Quintana Roo señalaron que "es imposible mantener el precio que nos impone la Federación de 8.5 pesos el kilo, pues no bajan los precios en los insumos, como son energía eléctrica, harina y gas".

 
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