Unicamente se recuperaron menos de 1% de las multas impuestas por la SFP
Fracasó el plan foxista para sancionar e inhabilitar a funcionarios corruptos
Escaso éxito tuvo el sistema de sanciones e inhabilitación de funcionarios públicos que durante el sexenio de Vicente Fox impuso la Secretaría de la Función Pública (SFP) a quienes incurrieron en actos de corrupción, irregularidades y, finalmente, quebranto al patrimonio de la hacienda pública.
Además de que sólo se recuperaron menos de uno por ciento de los más de 20 mil millones de pesos que se impusieron por sanciones económicas a funcionarios que incurrieron en irregularidades, en el caso de los expedientes de los llamados "peces gordos" a quienes la SFP prometió detener al inicio del sexenio de Fox y de los cuales no hubo uno solo poco se sabe de los procedimientos que la Función Pública inició en su contra, del cumplimiento de sentencias, del curso seguido en los tribunales judiciales y de los fondos que finalmente se hayan recuperado por cada funcionario multado.
De hecho, el sexenio concluyó con la exoneración, por parte de la SFP, de los hermanos Bribiesca Sahagún, además de que se borraron las huellas de los presuntos ilícitos en que incurrió el llamado fiscal de hierro, Francisco Gil Díaz, quien en su carácter de ex subsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) constituyó en 1993, con recursos del erario, la empresa Integradora de Servicios Operativos SA (ISOSA) y los fideicomisos Aduanas I y Adunas II.
Vale recordar que mediante ISOSA y los fideicomisos referidos, Gil Díaz causó un daño a la hacienda pública superior a 10 mil millones de pesos, además de que se traspasaron al fideicomiso Aduanas I alrededor de 200 millones de pesos del erario y otros 46 mil millones de pesos en bienes federales, según la Auditoría Superior de la Federación.
De este polémico asunto hizo declaraciones el titular de la SFP, Eduardo Romero Ramos, dos meses antes de dejar la dependencia, y hasta prometió a los medios de comunicación que antes de concluir el mandato de Fox se daría a conocer el procedimiento de liquidación de los fideicomisos y de ISOSA, incluyendo el manejo de los recursos multimillonarios que implicaban. Sin embargo, hasta ahora se desconoce en qué términos se efectuó el proceso de liquidación referido.
Y no sólo eso. También quedaron en el limbo los resultados de las auditorías que se practicaron a Dolores Creel Miranda, quien se desempeñó como titular de la Unidad de Proyectos Especiales del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a quien en marzo de 2005 se acusó de un presunto daño patrimonial por 633 mil 361 pesos.
Sobre ese caso, Romero Ramos también aseveró que se darían a conocer las observaciones derivadas de las auditorías, lo cual aseguró que no pasaría de diciembre pasado.
Pero tampoco hubo resultados ni de las investigaciones que supuestamente realizaron al ex secretario de Gobernación y actual senador del PAN Santiago Creel Miranda, contra quien presentó una denuncia ante la SFP el dirigente de la asociación Di no a los casinos, que dirige Daniel Olivares Villagómez, por la presunta expedición irregular de permisos para la apertura de salas de juego y apuestas en territorio nacional, y en particular a Televisa.
Otra promesa que Romero Ramos dejó sin cumplir se relaciona con la indagatoria sobre la gestión del titular de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), Ignacio Carrillo Prieto, acusado de manejos irregulares del presupuesto superiores a 20 millones de pesos.
Meses antes de dejar la SFP, Romero aseguró que estaba por concluir la auditoría practicada a Carrillo Prieto y hasta la "solventación de las irregularidades", de las cuales ha omitido informar la dependencia. Inclusive, este diario presentó un recurso ante el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) por la negativa de la SFP, en mayo de 2006, de dar a conocer esos datos. Luego de que el IFAI ordenó entregar una versión pública de la auditoría a la Femospp y de las irregularidades "solventadas", la secretaría dio a conocer, el 10 de enero pasado, que se tendrán que pagar 3 mil 800 pesos por esa versión.
Entre otros casos que resultaron un fracaso, resalta el del Pemexgate, por el cual se trató de imponer una multa de 2 mil 842 millones 299 mil 492 pesos al ex director de Petróleos Mexicanos Rogelio Montemayor Seguy, y otros cinco ex funcionarios de la paraestatal que finalmente acudieron al amparo para evitar el pago de esa sanción, aunque fueron inhabilitados como servidores públicos hasta 10 años.
Esto, además del asunto del ex director de Telecomm Carlos Mier, a quien se acusó de incurrir en daño patrimonial por 6 millones 422 mil pesos; el asunto del ex titular del Consejo Nacional contra las Adicciones Guido Máximo Belsasso Prister, acusado de tráfico de influencias, cuyo expediente negó la SFP a este diario bajo el argumento de que se encontraba vigente un juicio de nulidad.
Esto sin olvidar el desvío de un millón 733 mil pesos del Fondo de Desastres Naturales, entre algunas de las irregularidades cometidas por la hoy legisladora del Distrito Federal Carmen Segura Rangel, ex titular de la Coordinación de Protección Civil en Gobernación, así como la exoneración por la SFP de la asociación que dirigía Marta Sahagún de Fox, Vamos México, no obstante que la Auditoría Superior de la Federación detectó diversas anomalías cometidas por conducto del fideicomiso Transforma México en perjuicio de la Lotería Nacional.