Prohíbe Camilo Mouriño dar cualquier información que no haya sido autorizada
La Oficina de la Presidencia impone censura a voceros y secretarios de Estado
Militares, marinos y el procurador tienen vetado hablar con medios de comunicación
La orden es clara: todos los voceros de las dependencias federales deben recibir, los lunes y jueves de cada semana, instrucciones sobre la política de comunicación social del gobierno calderonista. La intención es "cuidar y recuperar la imagen institucional del Presidente de la República", controlar la información y "no caer en contradicciones" que pudieran desembocar en confrontaciones entre funcionarios, como ocurrió en el sexenio pasado.
Diversas fuentes consultadas establecieron que se tiene estrictamente prohibido dar conferencias de prensa, emitir boletines y dar entrevistas o información que no haya sido previamente autorizada por la Presidencia de la República.
El esquema fue elaborado por Juan Camilo Mouriño, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, y Maximiano Cortázar, vocero del primer mandatario, Felipe Calderón Hinojosa.
Llega a tales extremos el control, que los secretarios de Marina, Mariano Francisco Saynes Mendoza, y de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, deben comunicarse directamente con Calderón acerca de la información que poseen, y entonces el mandatario, junto con Mouriño, determina qué puede difundirse.
En el resto de las dependencias federales los secretarios responsables, incluido el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, deben hablar con Cortázar si quieren emitir un boletín. Este, entonces, se comunica con Mouriño y, a la vez, Juan Camilo con Calderón para determinar si se difunde o no la información, por qué medio, quién debe darla y en qué momento. Tras definir, la instrucción regresa por los canales donde llegó la solicitud.
Cuando se trata, por ejemplo, de detenciones importantes, en las cuales intervinieron dos o más dependencias, entonces la comunicación es directa con el Presidente. Todos los militares y delegados de la PGR, al igual que otros servidores públicos de cualquier dependencia, tienen estrictamente prohibido hablar con la prensa. Así que, cero entrevistas de banqueta o filtraciones. Todo es controlado por Los Pinos y, según se dio a conocer, ya están teniendo comunicación con gobernadores para unificar los criterios en torno a esa política.
Hay directores de Comunicación Social de secretarías de Estado que ahora, por ejemplo, dan tips a la prensa, si ésta se compromete a no decir quién se lo mencionó, de que ese mismo día habrá un comunicado, pero que están esperando instrucciones o que desde otro despacho se envíe la información. Otros funcionarios más, incluidos subsecretarios de Estado, han alertado de la vigilancia que se ejerce sobre ellos.
Algunos ya recibieron algún llamado de atención por sostener encuentros con reporteros sin notificar al responsable del área, o por mencionar que habrá cambios o vendrá un nuevo programa, porque, a menos que se acuerde otra cosa, los encargados del aviso son el jefe del Ejecutivo, el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, o quien se determine en la Presidencia de la República.
Las reuniones en Los Pinos son los lunes y jueves de cada semana, a las siete de la mañana. Mediante esos encuentros, cuyos ejes principales posteriormente son notificados a directores de información en el interior de las dependencias o en organismos sectorizados a las diversas secretarías de Estado, se busca además "dar orden" a la comunicación social.
Esa centralización ha provocado, desde los primeros días del presente sexenio, un control férreo de la forma y periodicidad de mensajes y datos que pueden recibir de manera ordinaria los periodistas y, en consecuencia, una sensible disminución de la aparición de funcionarios en los medios de comunicación.
Algunos de los presentes en los encuentros, encabezados por Cortázar, señalan que el objetivo es "posicionar" al jefe del Ejecutivo ante la opinión pública y cuidar que ninguna información, liberada para su difusión, se contraponga al hilo discursivo de Calderón.
La orden, coincidieron, es clara: "no caer en contradicciones" ni emitir por ningún motivo opiniones de temas que no correspondan estrictamente a la dependencia a cargo, para evitar que "el de Salud opine de ecología o que el de Agricultura hable sobre asuntos que no le corresponden".
En los encuentros de asistencia obligatoria se hace un recuento de las notas, particularmente en radio y televisión, y se realiza un ejercicio de "análisis colectivo", la forma en que se pueden paliar los efectos negativos y cómo afrontar las situaciones de crisis.
Por ejemplo, agregaron las fuentes, ocurrió con las recientes declaraciones del secretario de Salud, José Angel Córdoba Villalobos, sobre el uso del preservativo, la educación sexual y las "conductas homosexuales". Analizaron lo dicho por el funcionario y todos hicieron observaciones.
Otra estrategia es "cuidar" la imagen del Presidente y la forma en que pueden obtener mayor cobertura de los temas que sí interesa difundir a Los Pinos. Atrás quedaron las buenas intenciones de los coordinadores de Comunicación Social respecto de que habría apertura.
Paco El Opaco
En la Secretaría de Gobernación (SG) se asegura que "a más tardar en 20 días empezará a fluir la información de forma periódica y temática, con el apoyo de los funcionarios de cada sector, de acuerdo con los programas gubernamentales o asuntos de coyuntura, aunque la tendencia a reservarla ha sido característica puntual de esta dependencia.
A Francisco Ramírez Acuña, en su gestión como gobernador de Jalisco, algunos medios de comunicación locales le dieron el mote de Paco El Opaco, por su supuesta reticencia a difundir información que debió ser pública. En primera instancia, copia de los documentos que comprobaran sus emolumentos como Ejecutivo estatal.
Según su equipo, la secretaria privada del entonces gobernador fue despedida porque "lamentablemente perdió el documento" que solicitaban los comunicadores. Lo cierto es que en Jalisco hubo una propuesta para despenalizar el incumplimiento de entrega de información, que marca la Ley de Transparencia e Información Pública del estado.
Un recuento sobre la información difundida por la SG revela que el nivel es mínimo. En casi dos meses de gestión, Ramírez Acuña sólo ha ofrecido una conferencia de prensa, así como algunas entrevistas banqueteras en actos a los que ha acudido en representación de Calderón Hinojosa.
La dependencia ha emitido, durante el lapso mencionado, 15 boletines en torno a declaratorias de emergencia (a consecuencia del paso de fenómenos naturales), anuncios sobre la designación de nuevos funcionarios, dos relativos a asuntos migratorios y un reporte del Conapo.
A nivel de conferencias de prensa, sólo han organizado un par de encuentros con los comunicadores para hablar acerca de medidas de protección civil en esta temporada de invierno.