Cese político en la SEP; "mi caso no es el único", dice
Miguel Angel Lases Mina, quien se desempeñaba como director general de los Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), fue despedido el pasado 15 de enero, pese a que su ingreso al servicio público fue acreditado por un comité de evaluación, de acuerdo con lo establecido en la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal, aprobada en abril de 2003, la cual establece que "ningún servidor público de carrera puede ser despedido por razones políticas".
Su nombramiento fue aprobado el 1º de julio de 2006, con el rango de director general, por el ex titular de la SEP, Reyes Tamez Guerra, "con todas las facultades y obligaciones establecidas en la ley del servicio civil de carrera para asumir la dirección de una dependencia que estuvo acéfala por un año y ocho meses".
Tras ocupar el cargo por seis meses, aseguró que el pasado 1º de enero el subsecretario de Educación Media Superior, Miguel Székely Pardo, "me solicitó mi renuncia y sólo argumentó que se trataba de un acuerdo presidencial".
Aseguró que "mi caso no es el único en la administración pública federal, ya que no son pocos los directores y subdirectores de área que llegaron a sus puestos por concurso o evaluación que ahora son despedidos pasando por alto toda normatividad".
"Con un presidente del empleo que está dejando sin trabajo a sus funcionarios, la actual administración federal incurre en graves irregularidades al privilegiar en los nombramientos de servidores públicos el pago de cuotas políticas y la ambición de poder", denunció.
En entrevista con La Jornada, señaló que en su lugar se designó a Suhaila Núñez Elías, quien ocupó el cargo de secretaria de Planeación y Finanzas en el gobierno de Ignacio Loyola, y de jefa de la Unidad de Políticas Económicas y Sociales de la Presidencia de la República, con el entonces coordinador de Políticas Públicas, Eduardo Sojo.
Al solicitar mi renuncia insistió "se incurre en violación flagrante a la Ley del Servicio Profesional de Carrera, que en su artículo 63 establece que si bien la pertenencia al servicio civil de carrera no implica inamovilidad, sí garantiza que los funcionarios no podrán ser removidos de su cargo por razones políticas o por causas no previstas en la ley, sino por faltas y violaciones graves en sus responsabilidades".
Por ello indicó que "en mi caso se trata de una decisión política para cumplir con compromisos pactados, pues la nueva funcionaria reconoció con toda honestidad que no sabe nada de educación ni de capacitación".
Aseguró que tras firmar "bajo protesta" el acta de entrega-recepción, el pasado 15 de enero, "al día siguiente me reuní con el subsecretario Székely para reiterarle mi deseo de continuar colaborando con la administración pública y a que se sometiera mi desempeño a cualquier evaluación, pero al final me dijo 'lo siento, no está en mis manos y no se hace'".
Destacó que ante estas "irregularidades", el pasado 3 de enero envió una carta al presidente Felipe Calderón en la que manifiesta que "al despedirme se contradicen sus declaraciones de respetar a los servidores del servicio profesional de carrera, se pone en evidencia el espíritu de la mencionada ley y se cuestionan los avances que en la materia ha logrado el país a través de su historia".