La contradicción sexenal: empleo y desempleo
En estos días son más que frecuentes las visitas de clientes por dos razones fundamentales. Si se trata de empleados públicos de cierto nivel, porque sin motivo alguno se les ha comunicado su cese. Si se trata de trabajadores que no tienen el riesgo de ser considerados "de confianza", porque los patrones quieren ubicarlos, por la buena, en una empresa de mano de obra, de esas que han convertido a los trabajadores en una mercancía y los alquilan a otra empresa que los utilizará en relaciones de mando y de obediencia, con la pretensión de que no son sus trabajadores.
La empresa intermediaria, alquiladora, obtendrá los beneficios de la cuota de alquiler y no es difícil que otorgue fianzas al arrendatario para cubrirle los riesgos en que pueda incurrir si alguno de los trabajadores alquilados no se lo cree y presenta demandas y reclamaciones.
En el caso de los trabajadores al servicio del Estado, el tema es deplorable. Se inicia con una larga lista de trabajadores de confianza (artículo 9) y un bonito artículo (8) que, simplemente, los excluye de todos los derecho previstos en la ley. Claro está que en su artículo 11 se invoca la aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo, pero la interpretación jurisprudencial la ha dejado a un lado, por lo que ni por esa vía pueden defender sus derechos.
La clave, algunas veces, está en el concepto mismo de trabajador de confianza que repitiendo el texto del artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo les atribuye esa condición a quienes ejercen funciones de dirección, inspección, vigilancia o fiscalización, siempre que sean de carácter general, concepto suficientemente sensible para poder resbalar las conclusiones. Pero además, la ley es lo suficientemente específica para incluir a todo mundo.
En el denominado apartado A, que era todo el artículo 123 constitucional hasta que en mala hora se le ocurrió a López Mateos agregarle el B, las diferencias son menos graves, pero no son escasas. López Mateos redujo el derecho a la estabilidad en el empleo que en el texto original del 123 era absoluto, excluyendo de ese beneficio, entre otros, a los trabajadores de confianza. Les otorgó un derecho económico no despreciable; en caso de que el patrón se negara a la reinstalación tendría que cubrir la responsabilidad del conflicto, lo que supone el pago de tres meses de salario, 20 días de salario por cada año de servicios prestados y la prima de antigüedad (12 días de salario por año de servicios, con el tope del doble del salario mínimo).
En países civilizados en que no presumen de legislaciones laborales atrevidas, los trabajadores al servicio del Estado ganan sus puestos por oposición y no hay poder humano que los pueda privar del puesto por el simple hecho de que hay un nuevo ministro o un nuevo subsecretario. Pero hay otro problema fundamental: cuando un trabajador mexicano al servicio del Estado presume que sus servicios serán efímeros, no es difícil que busque en la corrupción la solución de sus problemas.
En nuestro afán de crear empleos tenemos que empezar por buscar la fórmula para que los empleos actuales no se pierdan. Los candidatos a hacer carrera burocrática deberán seguir con modestia los largos pasos de un aprendizaje que deberá acompañarse de remuneraciones adecuadas que eliminen las tentaciones de otras fuentes de ingresos.
Es evidente que para lograr estos fines se impone la reforma de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y las que le son afines. Y, desde luego, también la de la Ley Federal del Trabajo, pero no con el espíritu que inspiró el proyecto Abascal, sustancialmente favorecedor del empleo eliminando derechos de los trabajadores.
Mantener las cosas como están es mantener viva la crisis sexenal que ahora vivimos en ciertos despachos. Los clientes de ahora son funcionarios de rango menor que se ven separados de su puesto porque el nuevo secretario ha colocado a sus amigos que, por lo general, no tienen la mínima experiencia respecto de los problemas que tendrán que resolver día a día.
Superar estas prácticas longevas no será fácil. Pero tampoco es función de los gobiernos solucionar únicamente lo que no cuesta trabajo.