El gobierno debe dar explicación, dice Jaime Cárdenas
Ilegal, entrega de capos a EU; se violaron leyes y la Carta Magna
El gobierno mexicano cometió una acción ilegal al permitir la extradición a Estados Unidos de 10 de los principales líderes del narcotráfico que habían estado presos en cárceles mexicanas y debe dar una explicación a la sociedad sobre los mecanismos que utilizó para su envío a la justicia estadunidense, afirmó el abogado constitucionalista Jaime Cárdenas Gracia, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Agregó, en conversación telefónica, que la actual administración por lo menos violó la ley de extradición que data de 1975, la Constitución y los derechos humanos de los narcotraficantes, "a pesar de que son delincuentes".
Con esas acciones "en lo oscurito", añadió, la extradición de mexicanos a Estados Unidos sigue fast track, en detrimento, como en otros hechos de la relación bilateral, de la soberanía nacional. "A qué acuerdos secretos habrán llegado las autoridades de ambos países para dar un paso así, en lo oscurito, es lo que todos debemos saber, y el gobierno, por supuesto, informar", subrayó.
El viernes por la noche la Procuraduría General de la República (PGR) anunció la entrega a las autoridades estadunidenses de 10 de los principales narcotraficantes mexicanos, así como de otros cinco delincuentes vinculados con el crimen organizado. Bajo el argumento de que se trató de una acción en nombre de "la paz social", la dependencia indicó que el envío de los criminales "se dio en el marco del tratado de extradición vigente entre ambos países".
Para Cárdenas Gracia "las extradiciones no se pueden dar así, ya que se requiere efectuar un procedimiento que está contemplado en las leyes en la materia". En ese proceso, continuó, deben participar al menos dos autoridades: la Secretaría de Relaciones Exteriores y los juzgados federales que están al tanto de las causas penales de cada uno de los 15 hampones para evaluar si procedía su entrega a autoridades judiciales en Estados Unidos.
El especialista subrayó que se debieron cumplir al menos dos requisitos: las garantías de audiencia de los acusados y el cumplimiento del debido proceso. "Jurídicamente se violaron la ley de extradición, la Constitución y los derechos humanos de esas personas que, aun cuando sean delincuentes peligrosos, tienen los mismos derechos que cualquiera", sostuvo.
Añadió que cada vez resulta más evidente "la subordinación del Estado mexicano y de su gobierno a los intereses de Estados Unidos. Hay acuerdos secretos entre ese país y el nuestro que no están previstos en tratados ni en negociaciones jurídicamente respaldadas por el sistema legal de ambas naciones".
Por ello, insistió, ambos gobiernos "nos deben una explicación sobre esa acción ilegal y cuál es la razón de que, para imponer esa 'paz social', no tengan empacho en violar la ley".