Aplicaron estrategia policiaco-militar para amedrentar a la población civil, asegura informe

Indiscriminada represión en Oaxaca, señalan observadores internacionales

Critican el trabajo "tibio e insuficiente" de las comisiones nacional y estatal de los derechos humanos

JUAN BALBOA

En Oaxaca se aplicó una estrategia jurídica, policiaca y militar cuyo objetivo último es lograr el control y amedrentamiento de la población civil en zonas donde se desarrollan procesos de organización ciudadana o movimientos de carácter social no partidista, considera la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH).

Al presentar el informe preliminar de sus investigaciones realizadas durante 33 días sobre el conflicto social en Oaxaca, la CCIODH advierte al gobierno mexicano que en esa entidad sureña existe una "preocupación extrema" porque el escenario tiende a agravarse y salir del control de las autoridades.

El organismo internacional de derechos humanos confirma en su investigación que las acciones represivas se han "ejercido de forma indiscriminada contra la población civil" ­hombres, mujeres, niños y ancianos­, utilizando gases lacrimógenos, gas pimienta, agua con químicos, armas de medio y alto calibre, vehículos y helicópteros militares.

Agrega que en esas acciones han participado las policías municipal, estatal y federal; grupos de elite vestidos de civil, y efectivos militares en tareas logísticas y de coordinación.

Secuestros y detenciones ilegales

Además, señala, personas vestidas de civil con armas de alto calibre han practicado secuestros, detenciones ilegales ­algunas veces con vehículos oficiales del estado­ y realizado cateos y disparos.

"Las fuerzas policiales estatales y federales han efectuado detenciones arbitrarias e ilegales, de forma recurrente y en ocasiones masivas, contra la población civil. Algunas aprehensiones también han sido practicadas por civiles que, utilizando la fuerza, pusieron a disposición de los cuerpos policiacos, con el beneplácito de éstos, a las personas detenidas.

"Las detenciones se efectuaron con violencia física y síquica desproporcionada, a veces mediante secuestro. Se han perpetrado agresiones sexuales contra los detenidos, mujeres y hombres", subraya el informe de la CCIODH presentado este sábado.

El documento de la quinta visita ­la primera fue para investigar la masacre en Acteal, Chiapas­ que realiza la CCIODH fue elaborado después de recorrer más de un mes varias regiones, incluyendo la capital del estado, en donde los integrantes entrevistaron a 420 personas o representantes de instituciones oficiales y civiles, así como a comunicadores.

El amplio documento de conclusiones y recomendaciones preliminares fue leído por Mar Garrote, Ignacio García, Olga Felis y Antonio Martínez. Estuvo presente el escritor Carlos Monsiváis y se leyeron cartas de apoyo del obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz; el pintor Francisco Toledo; la senadora Rosario Ibarra de Piendra; el abogado Miguel Angel de los Santos, entre otros.

Al referirse a las vulneraciones legales, el organismo destaca que en ningún momento han sido respetados los derechos de los detenidos, y hace una larga lista de las violaciones que han sufrido: no se les han notificado los delitos que se les imputaban ni los derechos que les asistían; fueron incomunicados; no se notificó su detención a personas de su confianza o familiares y no se han respetado los plazos legales de puesta a disposición ante la autoridad competente.

Continúa: se han utilizado espacios ilegales como lugares de detención, que en muchos casos no reunían las condiciones mínimas de seguridad y salubridad: bases militares, edificios de gobierno, "casas de seguridad".

De acuerdo con el balance documentado de muertos que hace la comisión, en Oaxaca han sido asesinadas 23 personas, ya identificadas. Son tres más del número de personas fallecidas (20) en el conflicto que reconoce la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y 12 más de las que admite la Procuraduría General de Justicia del estado. Afirma que existen sospechas fundadas de la existencia de personas desaparecidas, pero reconoce que es difícil investigar y esclarecer estas desapariciones por la falta de denuncias presentadas.

Los homicidios se han cometido en la ciudad de Oaxaca y en las comunidades, explica a detalle, donde se constata un incremento significativo de la violencia y de la presencia militar, así como ataques en contra de civiles, en su inmensa mayoría pertenecientes a grupos indígenas.

Las muertes y desapariciones, agrega, se producen en momentos en los que se detecta una escalada del nivel de violencia y enfrentamientos que responden a la puesta en marcha de operativos diseñados con este fin.

Resalta en su investigación los impactos físicos, emocionales y sicológicos que han provocado las constantes violaciones a los derechos humanos de habitantes, familias y comunidades de Oaxaca. Las secuelas sicosociales derivadas del conflicto, puntualiza el documento, no desaparecen totalmente y se reflejan en la vida cotidiana de personas, familias y poblaciones.

"Se han detectado efectos y síntomas característicos de trastornos de estrés postraumático y de trauma social. Los más señalados son: revivir permanentemente los actos traumáticos, despertar bruscamente por las noches, terror nocturno, miedo a determinados ruidos y sonidos, miedo a la soledad, reactividad sicológica a estímulos internos y/o externos, sentimiento de hipervigilancia y manía persecutoria.

"Hay una percepción de aleatoriedad e injusticia, de indefensión, de pérdida del control sobre la situación y sobre la propia vida. Constatamos la dificultad de verbalizar lo que les ha sucedido", señalan.

Los observadores recomiendan a las autoridades de México "Impulsar los mecanismos necesarios para la reconstrucción del equilibrio social a través de medidas de reparación de los daños individuales y colectivos ocasionados. Dichas medidas deben ser consensuadas por los mismos afectados e incluir la reparación moral, emocional, del daño comunitario, económica, legal, social e histórica".

Hacen una dura crítica al trabajo "tibio e insuficiente" de las comisiones nacional y estatal de derechos humanos, y recomiendan al gobierno mexicano que inste a buscar la presencia en Oaxaca de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.