Editorial
Alto a la violación de derechos humanos en Oaxaca
En la actualidad nuestro país preside la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, un cargo que debería comprometer a las autoridades a fomentar con mayor ahínco el respeto de las garantías individuales en toda la nación. Como señaló Sidiki Kaba, presidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos, "México debe mostrar que sus compromisos en esta materia no son retórica, sino una realidad". Lamentablemente, los rezagos registrados en el rubro a lo largo y ancho del territorio nacional indican que esa congruencia está muy lejos de ser un hecho. El informe preliminar sobre el conflicto en Oaxaca elaborado por la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), ilustra con total crudeza y precisión lo que ha ocurrido en esa entidad, escenario de innumerables irregularidades y abusos cometidos en las semanas recientes contra activistas y la población en general.
No hay duda de que la situación en ese estado en esta materia es muy grave, sobre todo en la capital, donde la represión y la violencia son cosa de todos los días. El viernes pasado, por ejemplo, una oficina de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) fue atacada con bombas de fabricación casera; hace una semana, una marcha pacífica fue reprimida salvajemente por efectivos de la policía del estado; unos días después se registró el desalojo de la presidencia municipal de Huautla de Jiménez, en la sierra Mazateca; este sábado la policía municipal impidió la realización de la Jornada Ecuménica de Oaxaca.
Como lo han señalado diversas organizaciones estatales, nacionales e internacionales, el documento proporcionado por la CCOIDH confirma que "las fuerzas policiales estatales y federales han efectuado detenciones arbitrarias e ilegales, de forma recurrente y en ocasiones masivas, contra la población civil". Ratifica asimismo que "las detenciones se efectuaron con violencia física y síquica desproporcionada, a veces mediante secuestro. Se han perpetrado agresiones sexuales contra los detenidos, mujeres y hombres", ante la indiferencia de las autoridades.
Pero el informe no apunta únicamente a una serie de abusos aislados, como han justificado en su momento autoridades estatales y federales: en Oaxaca se estableció una estrategia jurídica, policiaca y militar "cuyo objetivo último es lograr el control y amedrentamiento de la población civil en zonas donde se desarrollan procesos de organización ciudadana o movimientos de carácter social no partidista".
Esta situación es muy grave porque prácticamente pulveriza el estado de derecho. No existen las garantían individuales, por lo que cualquiera puede convertirse en una nueva víctima. En este contexto se ubican las detenciones de menores de edad con uso indebido de la fuerza y numerosas agresiones verbales, físicas y sexuales contra mujeres por su condición de género detectadas por la comisión. De acuerdo con esa ONG, "se constata un incremento significativo de la violencia y de la presencia militar, así como ataques en contra de civiles, en su inmensa mayoría pertenecientes a diferentes grupos indígenas".
Como comprobó la CCIODH, los poderes públicos han fallado en garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión, pensamiento, asociación, reunión, participación política, libre circulación y manifestación. Por el contrario, destaca el informe, las autoridades han impedido el ejercicio de estos derechos fundamentales mediante el uso de la fuerza física y la coacción.
Ante esta situación, la organización humanitaria manifestó al gobierno mexicano su "preocupación extrema" porque el escenario tiende a agravarse en la entidad. Su informe señala que en Oaxaca han sido asesinadas 23 personas identificadas, tres más del número de personas fallecidas reconocidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y 12 más de las que acepta la Procuraduría General de Justicia del Estado. ¿Cuántos más deberán morir para encontrar una solución real y duradera al conflicto en Oaxaca?